La Generalitat contra los saharauis y el Estado de Derecho

Asistimos estupefactos ante las declaraciones de diversos dirigentes independentistas catalanes afirmando que no van a respetar las leyes ni las sentencias judiciales y lo grave es que están cumpliendo estas amenazas sin que la Fiscalía actúe de oficio. Ya quisiéramos el resto de los ciudadanos de este país tener el privilegio de poder eludir el cumplimiento de las decisiones judiciales que no nos gustan. Uno de los primeros en reclamar ese privilegio va ser el pobre Alcalde de Carboneras (Almería) que está acusado por el Ministerio Fiscal de desobediencia por no cumplir las resoluciones judiciales contrarias al famoso Hotel del Algarrobico.

Los independentistas afirman que no cumplen las decisiones judiciales porque el parlamento catalán es soberano y por encima de la soberanía popular no hay nada.

Que no se ofenda el lector si explico sucintamente algo tan elemental como es el funcionamiento de un Estado de Derecho. Las cosas funcionan así:

El parlamento aprueba las leyes, pero hay una norma superior que es la Constitución y las leyes deben de adaptarse a ella. Si el parlamento soberano aprueba una ley que resulta contraria a la Constitución, el Tribunal Constitucional correspondiente se encarga de anularla. Si alguna institución o persona física no está conforme con las resoluciones del Tribunal Constitucional tiene la posibilidad de acudir a los tribunales internacionales para presentar su reclamación. Esas son las reglas del juego.

Parece que este funcionamiento tan sencillo de cualquier Estado de Derecho no lo entienden los independentistas catalanes que se atreven a afirmar, sin ningún reproche penal, que no les dan miedo los doce magistrados del Tribunal Constitucional. Afortunadamente para los que esto afirman, el antiguo delito de desacato ya fue eliminado del Código Penal, pero el delito de desobediencia sí continúa tipificado.

Los independentistas que no están cumpliendo el Auto del Tribunal Constitucional sobre la declaración de soberanía del parlamento catalán y los que tampoco cumplen la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre educación lingüística, están incurriendo presuntamente en un delito de desobediencia. Se echa de menos que la Fiscalía actúe ante estos hechos. Si la Fiscalía no actúa en Cataluña, el resto de los ciudadanos españoles, incluido el pobre Alcalde de Carboneras, entenderemos que también estamos exentos de cumplir las decisiones judiciales.

Pero no acaba aquí el cúmulo de despropósitos de estos exaltados, no. El último episodio ha sido el recurrir a los inmigrantes marroquíes para ganar adeptos a su “patriótica” causa, ante la falta de entusiasmo que despierta su proyecto entre los oriundos. Para ello han acogido a Nouredoin Zidani, un agente de los servicios secretos marroquíes que ha hecho campaña pública a favor de la ocupación militar del Sahara y en contra del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Derecho reconocido por la comunidad internacional, cosa que no sucede con Cataluña puesto que Cataluña no es una colonia y el derecho de autodeterminación es un derecho previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos exclusivamente para las colonias, de acuerdo con las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y las decisiones del Tribunal Internacional de Justicia.

Es decir, los independentistas catalanes se han aliado con un colonialista. En castellano, esta deleznable actitud se llama, “no tener escrúpulos”, sin embargo son ellos, los independentistas, los que acusan al Gobierno de no tenerlos por haber expulsado del territorio nacional a este defensor de la ocupación militar del Sáhara.

Estamos asistiendo a un desmoronamiento del Estado de Derecho y los independentistas catalanes no son los únicos responsables. El Gobierno central tiene la obligación de respetar y hacer respetar las leyes y en Cataluña hay un grupo de insensatos que se está mofando del Estado de Derecho y de sus instituciones y no se puede dejar pasar más tiempo sin hacerles ver que las leyes y las decisiones judiciales son de obligado cumplimiento para todos. Si no tienen miedo a doce magistrados del Tribunal Constitucional es hora de que les envíen a doce policías judiciales, a ver si les infunden más respeto.