Justicia Militar: tradición y actualidad. La caverna

Base Naval de Ferrol, 1936:

El 30 de noviembre diez tripulantes del vapor “Dómine”, incautado por la Armada, son ejecutados. Se les acusa de planear apoderarse del barco y pasarse al enemigo (i).
El coronel auditor (ii) José García Rendueles escribe al Jefe de la Base, almirante Castro Arizcun:
“(…) procede que V.E. se sirva disponer
que, a las cinco de la tarde de hoy, en la Punta del
Martillo de este Arsenal, y en presencia de las
fuerzas, para que ello sirva de ejemplaridad, como lo
requieren las actuales circunstancias; sin previa
formación de juicio ni más trámites, sean pasados
por las armas
.”(iii)

Las palabras anteriores, desgraciadamente forman parte de la tradición jurídico militar española.

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Disciplina, dignidad, respeto de las leyes y cohesión:

Las noticias de prensa relativas a las Fuerzas Armadas se refieren con frecuencia a hechos que reflejan posibles injusticias cometidas especialmente sobre dos grupos de personas: Militares de baja graduación, y mujeres militares.

Da la impresión de que cuando un militar de baja graduación, más aún si es mujer, siente que sus derechos profesionales o humanos son vulnerados, y recurre contra ello, emprende un camino que la mayoría de las veces lo/la conduce al descrédito profesional, a una presión insoportable por parte de sus mandos, a arrestos por indisciplina, y en el peor de los casos a sanciones sucesivas, y a la declaración de inutilidad para el servicio o la expulsión de las FAS.

Esa situación de injusticia y presión solo decae si el ofendido cede en la lucha por sus derechos. De otra forma todas sus quejas o reclamaciones, conducen a un proceso en el que el supuesto mantenimiento de la disciplina lo conduce a la indefensión y al castigo.

Cuando estudié en la Escuela Naval Militar, allá por los años sesenta, la pregunta frecuente, hipotética, de un guardiamarina a sus superiores, ¿Se puede dar parte de un superior?, era contestada siempre igual:

Sí, puedes dar parte de un superior, pero lo primero que van a hacer, tengas o no tengas razón, es arrestarte. Después, se verá.

Es decir, si un superior en una supuesta violación de sus obligaciones te reprime injustamente, lo más aconsejable es aguantarte.

De una manera u otra esta forma de proceder ha sido la norma en la milicia desde hace muchos años.

El mantenimiento de la disciplina es la excusa.

La realidad es que esa forma de proceder es el mayor enemigo de la disciplina, y de la cohesión de los ejércitos.

También, fomenta la cobardía, y el servilismo.

Es evidente que el derecho sancionador militar está montado de cara a un objetivo único; el mantenimiento de la disciplina, entendida solo de arriba hacia abajo. La obediencia al que ostenta el mando. La jerarquía a toda costa.

Sin embargo, la cohesión de la fuerza, objetivo irrenunciable para que un ejército cumpla sus misiones, especialmente en condiciones de riesgo, apenas se apunta.

Para que exista cohesión es necesario que el que ostenta el mando sea reconocido como capaz de hacerlo por sus subordinados. Es decir, debe merecer el respeto de estos, con independencia de sus galones.

Además, toda la cadena de mando debe cumplir escrupulosamente las leyes, y respetar y mantener el respeto al gobierno democrático de la nación.

El respeto es un sentimiento recíproco. Los subordinados deben ser respetados, para que ellos respeten a sus jefes. Esto exige una dignidad y condiciones de vida profesional compartidas.

Los ejemplos más primarios y sencillos son la comida y las condiciones de habitabilidad, en campaña o en ejercicios. La comida debe ser la misma, y las condiciones de habitabilidad e higiene similares. Las diferencias, lo más reducidas posible, deben ser únicamente funcionales.

Las noticias que aparecen día a día en las redes, donde se expresan libremente y ofrecen datos los soldados y marineros, dan fe, casi siempre con pruebas, de que estos supuestos favorables a la cohesión y disciplina casi nunca se cumplen.

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Informe de la Guardia Civil sobre un presunto delito de prevaricación administrativa, en relación con la autorización de la Manifestación del 8M de 2020 en Madrid.

diego perez de los cobosLos hechos.

Realiza el atestado, a las órdenes de la jueza Carmen Rodríguez-Medel, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

Manda esta Comandancia el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos (en la imagen).

Cuando aparecen en la prensa las primeras filtraciones del informe, el Ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska destituye inmediatamente al coronel.

El informe está lleno de errores de bulto, imprecisiones, y supuestos, más tarde desmentidos; todos ellos conducentes a demostrar la culpabilidad del gobierno de España, y más concretamente del Delegado del gobierno en Madrid José Manuel Franco, por su autorización de la manifestación, siendo consciente del grave riesgo que eso suponía para la salud pública.

Quizás el error más clamoroso es la fecha que se señala como la de declaración como pandemia del coronavirus por la Organización Mundial de la Salud, 30 de enero del 2020.

La fecha real fue casi un mes y medio más tarde, el 11 de marzo; tres días después de la Manifestación.

Consideraciones inmediatas derivadas de los hechos:

La Guardia Civil hace atestados e informes todos los días, y a todas horas. Es una de sus tareas y obligaciones principales. Todos los componentes del cuerpo saben cómo hacerlos.

Sus unidades constituidas como Policía Judicial a las órdenes de los jueces, son especialistas en esa materia. Su capacidad profesional para esa tarea debe estar contrastada. Se juegan mucho en ello: La confianza y tranquilidad ciudadana, el prestigio del Instituto Armado, y la capacidad de los jueces para hacer justicia.

Parece por tanto que un informe tan mal hecho NO es un error. Tiene un objetivo.

El objetivo sin dudas, el propio informe “lo canta”, es el descrédito del gobierno actual.

¿Quién o quiénes son los responsables del informe? En primera línea evidentemente los que lo hacen y firman.

Pero la responsabilidad en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Civil no para ahí.

El Jefe de la Unidad y su Jefe superior, el Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid tienen responsabilidades evidentes. Ellos son los responsables de que todos los informes rendidos al juez por sus subordinados sean de excelente calidad, objetivos, verdaderos, y, sin omisiones ni añadidos que distorsionen los hechos.

Eso se llama, responsabilidad, lealtad y disciplina. Lealtad al gobierno democrático, y por tanto a los ciudadanos.

Por lo tanto, si el coronel no formó e instruyó adecuadamente a sus subordinados en las tareas más importantes que realizan, es responsable.

Si el informe, es arbitrariamente desfavorable al gobierno, y está lleno de errores y falsedades, su responsabilidad es muy grave. Su supuesto desconocimiento del informe no le exime.

Sobre la jueza Carmen Rodríguez Medel:

Solo un pequeño comentario. Las puertas giratorias de los jueces no son buenas, ni para su prestigio profesional como tales, ni para la confianza que inspiran a los ciudadanos.

Parece que la jueza, asesora en su momento de un ministro de justicia del PP, abrió una puerta giratoria que se está atascando en su camino de vuelta.

La jueza dispuso del atestado y naturalmente lo leyó atentamente antes de implicar al Delegado del Gobierno en Madrid.

¿No sé dio cuenta de los errores y falsedades que contenía?

Sobre el Ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska:

El Ministro ha mantenido una posición excesivamente prudente ante un problema muy grave de su competencia directa.

Nos ha ofrecido mantequilla en lugar de firmeza democrática. Los peligros hay que afrontarlos.

Los ciudadanos deben conocerlos. Son los soberanos.

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Sobre el cabo del Ejército de Tierra Marco Antonio Santos Soto

El cabo Santos Soto ha recibido por burofax el 18 de mayo de 2020 un oficio del Ministerio de Defensa notificándole que la Ministra de Defensa Margarita Robles había desestimado su recurso de alzada en relación con la sanción que le había impuesto la Autoridad Sancionadora, “resolución de compromiso”, es decir expulsión del Ejército.

La firma de la Ministra se produjo el 16 de marzo, y el burofax fue recibido por el Cabo Santos más de 2 meses más tarde.

Este enorme retraso es una muestra más de la falta de respeto ante una persona que sirvió al Ejercito de Tierra durante casi veinte años. Es una muestra más de la indefensión que ha sufrido.

Pero el cabo Santos se merece un comentario más amplio.

Continuará.


Arturo Maira Rodríguez, Capitán de Navío de la Armada, retirado. | Portavoz del Manifiesto en contra del franquismo en las Fuerzas Armadas. | Presidente de la Asociación por la Memoria Militar Democrática.


(i) El enemigo era la legítima y democrática II República española
(ii) Jurídico militar de mayor rango de la Base Naval de Ferrol
(iii) Libro “República e guerra civil en Ferrol” de Xosé Manuel Suárez, página 152. El subrayado es mío.