El portaaviones ‘Carrero Blanco’ y la libertad de expresión

Publicado en el blog del FMD en infolibre.es

 
En las postrimerías del franquismo cada ejército hacía la guerra por su cuenta, sin ninguna coordinación entre ellos, sobre todo a la hora de adquirir material.

En ese estado de cosas, el Ministerio de Marina, que ya disponía de helicópteros, decidió crear su propia fuerza aérea con aviones de ala fija. Sin contar con nadie compró varios aviones que destinó a la Base de Rota. Cuando pidieron el certificado de aeronavegabilidad al Ministerio del Aire se encontraron con la sorpresa de que les fue denegado con carácter definitivo y los aviones estuvieron varios años aparcados en Rota, sólo los aceleraban de vez en cuando por la pista de despegue para que no se arrumbaran demasiado, pero sin levantar las ruedas del suelo.

A pesar de las trabas impuestas por el Ministerio del Aire, el Ministerio de Marina insistió en disponer de su propia aviación y decidió comprar a Estados Unidos ocho Harrier, aviones de despegue vertical ingleses que no podían adquirir directamente en el Reino Unido por el embargo de armas a Franco.

Antes de comprar los Harrier, el Ministerio de Marina llevó al portahelicópteros Dédalo, una reliquia de la Segunda Guerra Mundial, al golfo de León para que el famoso piloto de pruebas británico, John Farley, contratado privadamente por el almirante Pita da Veiga, comprobara a bordo de su avión si la vetusta cubierta de madera del Dédalo soportaría el peso y las altas temperaturas generadas en los despegues y aterrizajes verticales de los Harrier. La conclusión a la que llegaron es que habría que reforzar la cubierta.

También se hizo otra prueba secreta en el Atlántico, a la altura de Lisboa, y allí comprobaron cómo los Harrier americanos tenían dificultades para aterrizar verticalmente en la cubierta del Dédalo por tener el buque demasiado balanceo, debido a la gran altura de la parte del casco que emerge sobre el agua, lo que se conoce como “obra muerta” en términos marineros. La prueba se hizo en secreto para que no se enterara el Ministerio del Aire.

A pesar de que la prueba de Lisboa no pudo resultar más negativa, Pita da Veiga consiguió el visto bueno del Ministerio del Aire y compró ocho Harrier en 1973 de los que sólo llegaron siete porque uno de ellos se estrelló en el camino.

Cuando decidieron la compra ya conocían los problemas de balanceo del Dédalo y también tenían constancia de que los aviones gastaban mucho combustible en las maniobras de despegue vertical, limitando aún más su escaso radio de acción de unos 350 kilómetros por lo que llegaron a la conclusión de que necesitaban disponer de otro buque más estable que el Dédalo y que además les permitiese efectuar unos despegues y aterrizajes con un mínimo de recorrido, aunque fuese corto, para ahorrar combustible y aumentar así su autonomía.

Ante los problemas que presentaba el Dédalo decidieron adquirir un nuevo portaaviones al que en 1974 llamaron oficialmente Almirante Carrero y le encargaron su construcción a la Bazán, tres años más tarde. Durante los ocho años que duró el proyecto y la construcción, el barco conservó el nombre de Almirante Carrero aunque hubo varios intentos de cambiárselo. Fue en vísperas de su botadura, en 1982, cuando el Gobierno, en contra de la opinión de la cúpula militar consiguió cambiar el nombre de Almirante Carrero por el de Príncipe de Asturias.

¿Qué argumentos utilizó el Gobierno para convencer al almirantazgo de la conveniencia de retirar el nombre de Almirante Carrero al buque insignia de la Armada, un portaaviones que estaba destinado a albergar a los Harrier, aviones de despegue vertical? Yo se lo explicaría con mucho gusto, sin ánimo de ofender a nadie, pero dados los recortes a la libertad de expresión que venimos padeciendo me es imposible contar lo ocurrido sin correr el riesgo de que la Fiscalía me abra diligencias de investigación por lo que no tengo más remedio que censurar la parte fundamental de este artículo.

Lo que sí se puede decir es que en 1982, con la cúpula militar fuertemente politizada, en manos de los generales que habían ingresado voluntariamente en el Ejército de Franco durante la Guerra, no por vocación militar sino para derrocar al Gobierno de la República, la oposición castrense a que se le quitara el nombre de Almirante Carrero al buque insignia de la Armada fue feroz.

Estos generales no dieron su brazo a torcer por motivos exclusivamente políticos, necesariamente tuvieron que sopesar otras circunstancias que aconsejaban no dar el nombre de Almirante Carrero al portaaviones.

Fuese de una forma u otra, retirar el nombre de Almirante Carrero al mayor buque que ha tenido la Marina española en toda su historia fue una humillación descomunal a esta víctima del terrorismo por lo que, aplicando la misma lógica que ha llevado a una sentencia condenatoria a Cassandra, se debería de condenar también a los responsables de semejante humillación, con lo cual a lo mejor los jueces y fiscales que están limitando la libertad de expresión se darían cuenta de la irracionalidad de sus sentencias.