Una cuestión que la democracia no puede ignorar
Las imágenes difundidas tras el desfile militar del 12 de octubre, en las que varios legionarios vitoreaban al agitador ultraderechista Vito Quiles mientras gritaba “¡A por los rojos!”, reabren una cuestión fundamental: ¿hasta qué punto persisten en las Fuerzas Armadas actitudes y referencias ideológicas vinculadas a la dictadura franquista?
El contraste con la recepción al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abucheado e insultado, mientras el rey Felipe VI era recibido entre aplausos y gritos de “¡Viva el rey!”, añade un elemento de preocupación sobre la utilización política de los símbolos institucionales. El monarca ocupa el trono conforme al orden sucesorio de la monarquía restaurada por la dictadura franquista, sin haber sido elegido mediante sufragio popular, mientras que Pedro Sánchez es el legítimo presidente del Gobierno de España, elegido democráticamente.
Como ha señalado Enriqueta de la Cruz, periodista, escritora y presidenta de ACMYR, las advertencias de nuestro compañero Luis G. Segura “se confirman y escalan”.
Las recientes declaraciones del Capitán de Navío retirado Manuel Pardo de Donlebún, fundador de la AMMD, en el programa de TVE Malas Lenguas, contribuyen también a visibilizar este problema.
No se trata de desacreditar al conjunto de las Fuerzas Armadas, sino de examinar una cuestión esencial para la democracia: la posible persistencia de inercias autoritarias incompatibles con la neutralidad política, el pluralismo y la lealtad constitucional.
Luis Gonzalo Segura: denunciar y pagar las consecuencias
En Un paso al frente (2014) y El libro negro del Ejército español (2017), el exteniente Luis Gonzalo Segura denunció presuntas irregularidades, opacidad, abusos de poder, privilegios y obstáculos para quienes intentan sacar a la luz actuaciones irregulares.
Su crítica cuestiona una estructura jerárquica que, según sus denuncias, puede proteger a quienes ejercen el poder y perjudicar a quienes reclaman responsabilidades. La disciplina militar es necesaria, pero resulta inaceptable cuando se utiliza para silenciar denuncias o impedir que se investiguen posibles infracciones.
Luis G. Segura fue expulsado del Ejército en 2015, tras sus denuncias públicas y los consiguientes procedimientos disciplinarios. En El Ejército de Vox (2020), examinó además la relación entre determinados entornos militares y el respaldo electoral a la extrema derecha en las elecciones generales de 2019. Estos datos merecen análisis, aunque no permiten atribuir una misma ideología al conjunto de los militares.
La cuestión de fondo permanece: ¿disponen quienes denuncian irregularidades de garantías suficientes frente a posibles represalias?
El significado de «los rojos»
Cuando miembros de las Fuerzas Armadas participan públicamente en consignas hostiles contra ciudadanos por su actitud democrática, no estamos ante una anécdota irrelevante. Se plantea una cuestión de gravedad democrática que exige explicaciones y, cuando corresponda, responsabilidades.
En España, la expresión “los rojos” arrastra una historia de estigmatización y persecución política. Durante el golpe militar contra la República, la Guerra Civil y la represión durante la dictadura franquista, esa identificación contribuyó a señalar, perseguir y asesinar a decenas de miles de personas, entre ellas a militares defensores de la legalidad republicana.
No cabe equiparar automáticamente cualquier expresión actual con los crímenes de la dictadura, pero tampoco ignorar la carga histórica de un lenguaje que sirvió para justificar la exclusión, la violencia y el asesinato. La celebración de actos de exaltación del franquismo por integrantes de las Fuerzas Armadas resulta incompatible con el respeto al pluralismo y la neutralidad política que exige un Estado democrático. Además humilla a las víctimas del franquismo.
Cuando se repiten episodios de esta naturaleza y no se perciben respuestas institucionales claras, aumenta la evidencia de que ciertas manifestaciones de extrema derecha reciben una tolerancia injustificable. La respuesta debe ser una investigación transparente y la aplicación imparcial de las normas.
El cabo Marco Antonio Santos: ¿se castiga la defensa de la democracia?
El caso del cabo Marco A. Santos Soto constituye otro ejemplo preocupante. En 2020 fue expulsado del Ejército tras un procedimiento disciplinario relacionado con un escrito en defensa de la democracia en el que incluyó la expresión “Salud y República”.
El documento estaba firmado por militares demócratas, entre ellos el general del aire retirado Julio Rodríguez, antiguo jefe del Estado Mayor de la Defensa. Se publicó como respuesta a un manifiesto de 2018 suscrito por cientos de militares, muchos de ellos generales y almirantes en la reserva o retirados, que ensalzaba al dictador genocida Francisco Franco y defendía interpretaciones justificativas del golpe de 1936.
El Tribunal Supremo revocó la expulsión de Marco Antonio Santos en junio de 2023. El caso obliga a examinar las garantías disciplinarias y a preguntar si las normas se aplican con criterios objetivos, sin represalias por los valores democráticos legítimamente expresados.
La disciplina no puede convertirse en un instrumento para castigar la discrepancia democrática mientras se toleran expresiones fascistas.
Justicia Militar: disciplina sí, impunidad no
La existencia de la jurisdicción militar en tiempos de paz merece una revisión profunda. Aunque tiene un ámbito constitucional y legal específico, deben garantizarse la independencia judicial, la imparcialidad y el control efectivo de cualquier posible abuso. En cualquier caso, es malsano que un militar sea a la vez juez y parte. Como ironizaba Quevedo: «Yo me soy el rey Palomo: yo me lo guiso y yo me lo como». Ningún ejército debe convertirse en juez complaciente de sus propios integrantes.
Por ello, es legítimo defender la abolición de la jurisdicción militar en tiempos de paz y la transferencia de sus competencias a los tribunales ordinarios, con las garantías legales necesarias. La igualdad ante la ley exige que el uniforme no se convierta en un privilegio frente a la justicia.
Conclusión: la democratización no ha terminado
Cincuenta años después de la muerte de Franco, la modernización jurídica y organizativa de las Fuerzas Armadas no permite dar por concluida su democratización. Esta requiere transparencia, formación constitucional, protección de los denunciantes, mecanismos independientes de supervisión y responsabilidades efectivas ante las infracciones probadas.
La lealtad constitucional no se demuestra mediante juramentos solemnes, sino con hechos: neutralidad política, respeto al pluralismo, rendición de cuentas y subordinación inequívoca al poder civil democrático.
La democracia no exige unas Fuerzas Armadas sometidas a una ideología concreta, sino unas Fuerzas Armadas sometidas a la Constitución y a la ley. Investigar las conductas antidemocráticas no significa atacar al Ejército; significa exigirle los mismos estándares que a cualquier institución pública.
La herencia franquista no se supera con declaraciones retóricas, sino con justicia, transparencia e igualdad ante la ley. Cincuenta años después, esa tarea sigue siendo inaplazable.
Manuel Ruiz Robles. Capitan de Navío de la Armada española (retirado). Antiguo Miembro de la Unión Militar Democrática (UMD).
Capitán de Navío de la Armada, Retirado. Ingeniero de l’École Supérieure d’Électricité (Supélec). DEA Physique de l’Énergie de l’Université de Paris. Licenciado en Ciencias por la UAM. Membre bienfaiteur de l’ACER (Amigos de los Combatientes en la España Republicana). Adhérent du Musée de la Résistance Nationale de Francia. Fue miembro de la Unión Militar Democrática (UMD).
Vocal de la Junta Directiva de la Asociación Civil Milicia y República (ACMYR). Miembro del Foro Milicia y Democracia.