El Estado olvida a sus militares

Los militares son ciudadanos que realizan un contrato con el Estado en el que, como en cualquier otro, se establecen un conjunto de deberes y obligaciones por ambas partes. Al militar se le exigen sus obligaciones mediante un cuerpo normativo que le somete a unas condiciones laborales abusivas y con restricción en sus derechos, apoyado en un duro y estricto régimen disciplinario. Los militares temporales, en concreto, tienen un contrato especial —el “compromiso”— que ha sido sistemáticamente incumplido por el Estado en sus últimos términos desde la aparición de la ley que lo regula —Ley de tropa y marinería—. El principal quebrantamiento del compromiso por parte del Estado ha sido el manifiesto abandono que estos militares temporales han tenido en los últimos años sin que se les haya proveído de expectativas laborales fuera de las Fuerzas Armadas.

La Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, establece que es misión del Ministerio de Defensa promover la “cultura de defensa”, entre otras cosas, para que la sociedad valore y se identifique con el esfuerzo solidario y efectivo de las Fuerzas Armadas, es decir, de sus miembros. Este mandato incumplido ha propiciado que el conocimiento por parte de la ciudadanía de la profesión militar este completamente sesgado, recibiendo una información superficial, mostrándose únicamente las excelencias del resultado de su trabajo (sin que exista lugar a la comprobación dado el secretismo interno y externo del funcionamiento de las Fuerzas Armadas) y el escaparate de su composición, su adiestramiento y ciertas actuaciones festivaleras y carnavalescas. No existe sintonía, empatía, ni solidaridad con el militar en cuanto a las circunstancias y problemas derivados del servicio que prestan profesionalmente con grandes sacrificios y penosidades. Esto se deriva del desconocimiento real sobre esta profesión y de la falta de cultura de defensa que, entre otras cosas, debería proporcionar esa información.

Ese desconocimiento alcanza a una gran parte de la ciudadanía, así como a la sociedad civil y, de manera preocupante, a instituciones que tienen responsabilidad sobre el devenir de esta profesión y los que la profesan. Esta situación se evidenció durante los trabajos de la subcomisión de Defensa para el estudio del régimen profesional de los militares de tropa y marinería, subcomisión creada en el seno de la Comisión de Defensa del Congreso y que tras varias prórrogas prolongó durante dos años su trabajo, evidenciándose en las sesiones, la falta de conocimiento por parte de los responsables políticos en dicha comisión.

Esta ignorancia y la falta de una auténtica cultura de defensa sumen al militar en el olvido institucional y en la falta de reconocimiento a su labor, a su servicio y a su sacrificio. El militar realiza uno de los mayores actos de ciudadanía. Si hubiera que medirse el grado de ciudadanía, sin duda el militar sería un primer ciudadano al ser el único que contractualmente ofrece su vida para la defensa de los demás. Y esta situación no es reconocida por el Estado, que no corresponde con medidas, apoyo y atención suficientes a estos trabajadores de la Defensa.

Sólo hay que echar una mirada a países de nuestro entorno para comprobar como sus militares tienen un pleno reconocimiento a su labor, una gran valoración de la formación y experiencia que atesoran, y una contraprestación a su servicio mediante una atención por parte del Estado con unas buenas condiciones laborales así como salariales y procurándoles o facilitándoles la salida del servicio con garantías de continuidad laboral fuera del mismo. En este sentido, en España la ley establece algunas ayudas y apoyos para la salida del militar de las Fuerzas Armadas. Ayudas y apoyos que resultan insuficientes para garantizar la transición a otro ámbito laboral, y del todo injustas, pues la mayoría de las salidas de las Fuerzas Armadas no se producen voluntariamente sino de forma forzosa.

Se puede optar a dos modalidades de vinculación con las Fuerzas Armadas, la de profesional de carrera o la de profesional temporal. Son las opciones que establecen las leyes de personal en dicho ámbito. Los que optan por la temporalidad salen mal parados pues el Estado ha sido incapaz de cumplir en tiempo y forma, de manera efectiva, con su parte del contrato. Además, las medidas de apoyo y ayuda se han mostrado insuficientes, pues la ley no permite un gran desarrollo que implique una obligación a terceras partes (administraciones públicas y mundo empresarial). Otro inconveniente surge al encontrar, el militar, el rechazo e incomprensión de parte de la sociedad en esta situación laboral.

Hay que reconocer que se está realizando un esfuerzo, desde las medidas aprobadas por la subcomisión y también ahora desde el ministerio, pero son del todo insuficientes y llegan tarde para muchos militares que ya han abandonado las Fuerzas Armadas. Hay que ir a una nueva ley.

Un ejemplo de todo ello lo encontramos en la reciente sentencia de 11 de diciembre del Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Huesca. Una reserva de plazas para militares temporales, en la convocatoria para la cobertura de plazas de bomberos de personal funcionario de la Diputación Provincial de Huesca, es recurrida por sindicatos de bomberos y por Comisiones Obreras, en desacuerdo con dicha reserva de plazas. El juzgado ha dado la razón a los demandantes y ha anulado dicha convocatoria.

Las asociaciones profesionales de militares han llevado a cabo campañas de concienciación en ayuntamientos por toda la geografía mostrando esta situación e intentando la implicación, desde el reconocimiento, mediante reserva de plazas en los mismos, para estos militares. Siempre han encontrado lo mismo: la falta de información, las trabas normativas y la oposición de sectores de la sociedad civil.

El Ministerio de Defensa —el Estado— tiene una gran deuda con los militares y estos sólo han exigido, hasta ahora, simplemente que se cumpla exhaustivamente con lo pactado. Si los militares temporales firman un compromiso el Estado tiene que responder a su parte del contrato.

Si existe imposibilidad técnica entonces se hace necesaria una nueva ley que cubra esas necesidades. Pero para ello es necesaria la suficiente información, y concienciación de la sociedad y de sus representantes políticos, y esto debe hacerse desde un esfuerzo informativo y de culturización del que todavía adolece el Estado.