A continuación les ofrecemos el artículo publicado en elmundo.es por Miguel Cabrera acerca de la labor del socio del FMD, José Ignacio Domínguez.
El abogado José Ignacio Domínguez (Madrid, 1945) acaba de ser premiado por la Asociación de Amigos de Cabo de Gata, especialmente en reconocimiento a su labor para conseguir la ilegalización del hotel de El Algarrobico.
No en vano, Domínguez ha sido una figura fundamental, y no solo porque ha luchado en solitario como abogado de todos los grupos ecologistas -Greenpeace, Ecologistas en Acción, Salvemos Mojácar y Amigos del Parque- que han participado en la batalla judicial contra el hotel de Azata del Sol en la playa de Carboneras, sino porque fue él mismo quien dio la primera voz de alerta sobre la posible ilegalidad de las obras, y quien interpuso la primera denuncia contra el edificio, para Salvemos Mojácar. Él llega a decir que “sin el movimiento ecologista, el Algarrobico estaría ahora terminado y abierto”. Y habría que añadir que en buena medida gracias a él.
“En 2004 pasé por la playa cuando empezaban a construirlo. Consulté los planos del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque y observé que era zona C-1, no urbanizable. De ahí a que me dirigiera al entonces director del Parque, Ramón Huesa, quien aseguró que la calificación se había modificado a urbanizable, aunque nosotros no nos habíamos enterado”.
Él desconocía entonces que la Junta había ‘falsificado’ la planimetría, aunque el botón de alarma ya estaba activado y los grupos ecologistas comenzaron a indagar, hasta llegar a la conclusión de que el hotel se encontraba en una zona de especial protección y que además contravenía la Ley de Costas, que fijaba una servidumbre de protección de 100 metros, como finalmente ha confirmado la Justicia después de más de una década, lo que ha abocado el edificio a la demolición.
Demolición del hotel
“Ya en 2005, con Jaime del Val, presidente de Salvemos Mojácar, estudiamos la interposición de un recurso contencioso y pedir la demolición del hotel. Domínguez diseñó entonces la estrategia jurídica que ha mantenido hasta el final: “Expliqué a Del Val que, en principio, no era adecuado solicitar la demolición, sino que antes había que dejar al hotel sin base jurídica: reclamar la anulación de la licencia de obras y demostrar que se encuentra en zona protegida y que incumple la Ley de Costas. Solo después podríamos reclamar el derribo”.
Aquel primer recurso contra el Algarrobico dio lugar a que el juez Jesús Rivera ordenara la paralización de las obras y la revisión de la licencia. En un auto demoledor, Rivera ya habló de la “abulia y desidia” de la Junta de Andalucía, y de su “burda maniobra” para falsificar los planos del Parque por las bravas, sin ningún procedimiento legal ni publicación en el BOJA.
En su ‘cruenta’ lucha en solitario contra “las partes que han defendido el hotel, la constructora, el Ayuntamiento de Carboneras y la Junta de Andalucía”, Domínguez destaca especialmente el “doble juego” de esta última, pues “pasó de promover e impulsar el edificio a, una vez que se fueron conociendo todas las ilegalidades, atacarlo, pero solo ante la opinión pública, puesto que después en los tribunales seguía argumentando que el terreno era urbanizable y que no invadía la protección de Costas, algo alucinante, que ha seguido haciendo hasta hace muy poco”.
Respecto al Ayuntamiento de Carboneras, el abogado señala que, aunque también ha defendido una ilegalidad, en su caso “siempre ha sido coherente”, al igual que, lógicamente, Azata del Sol. En cuanto a la Administración central, dice, categórico, que “no ha hecho nada, aunque en su día debió exigir que se cumpliera la Ley de Costas”.
Un proceso judicial lento, pero satisfactorio
En todo este galimatías jurídico, José Ignacio Domínguez se muestra, a fin de cuentas, satisfecho por la actuación de la Justicia, al margen de su lentitud, sobre todo en lo que se refiere al Supremo y la Audiencia Nacional. Por el contrario, destaca los vaivenes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que llegó a dictar dos sentencias contradictorias, declarando el suelo del hotel como urbanizable y después no urbanizable, lo que llevó a que fuera el Supremo el que determinase finalmente que el terreno era de especial protección. “Esta sentencia fue un varapalo y supuso un desprestigio terrible para el TSJA, porque fue muy dura con la Sección Tercera, que además inopinadamente se había hecho con la causa, contraviniendo, por cierto, las normas de reparto, y que fue también la que validó la licencia de obras”.
Pero el caso Algarrobico aún no ha acabado, y ahora está pendiente la demolición, así como la posible indemnización a Azata. Domínguez espera que el Supremo ordene pronto al Ayuntamiento a calificar como no urbanizable el suelo, algo que aún no ha hecho. “Entonces será el momento de reclamar en los juzgados la demolición”, señala, aunque cree que en el mejor de los casos habrá que aguardar aún “un par de años”.
Solo entonces podrá dar por concluido un arduo trabajo de 11 años sin la ayuda de otros abogados y por el que no ha cobrado un solo euro a los grupos ecologistas. “Incluso he pagado con dinero de mi bolsillo a algunos procuradores”, dice. “Ha sido muy duro e intenso, porque además desde 2005 a 2010, cuando me jubilé, seguía como piloto y tenía que compaginar ambos trabajos. Una vez, llegué a redactar un recurso en un hotel de Riad -la capital de Arabia Saudí -, que mandé por correo electrónico”. Como resultado, ha obtenido 32 autos o sentencias contrarias al hotel. “Hemos ‘agotado’ todos los tribunales, desde Almería, al TSJA, el Supremo, el Constitucional y el Tribunal de Estrasburgo, al que hemos recurrido la sentencia que legalizó la licencia de obras: ¿Cómo puede ser legal una licencia en un suelo no urbanizable y dentro de la protección de Costas?”