Constitución y Fuerzas Armadas: entre el comandante Busquets y el almirante Gamboa

Publicado en el blog del FMD en infolibre.es

Las próximas elecciones al Senado vuelven a poner sobre la mesa su utilidad y recordar su composición no proporcional, contraria al principio democrático de un hombre un voto, por lo que podemos imaginar la sorpresa de muchos jóvenes y el sonrojo de sus mayores al conocer-recordar que en junio de 1977 y gracias a la Ley para la Reforma Política, además de los senadores electos,el rey nombró otros 41 (la cuarta parte de los elegidos) sin que la Ley o el Real Decreto de nombramiento, publicado el 16 de junio, dijeran nada sobre las razones de su selección. Y entre los 41 estaban, y no por casualidad, tres militares, uno por cada ejército: como la voz oficiosa de las Fuerzas Armadas (FAS) en el debate constitucional, cuyo nombramiento, por ser los de mayor grado y antigüedad de los que estaban en activo en su ejército,parecía un acto más de servicio.

El seguimiento en prensa de su actuación fue importante, por su condición militar y por la relativa alta participación de, al menos, Díez-Alegría y Gamboa, en una Cámara más de portavoces que de senadores. Luego, al carecer, quizás, del morbo golpista, no suscitó gran interés, pero diversos estudios los han tenido en cuenta. Aunque se focalizó en su voto final a la Constitución el examen de conjunto debe ser más amplio, pues su actuación lo fue. Una pregunta –que se contesta ahora– es si sus votos, uno por cada ejército, reproducirían la reacción de sus cúpulas al legalizarse en abril del 77 el PCE, de forma que el más reacio al cambio fuera el de Marina y el menos conflictivo, el del Aire. Adelantamos que el almirante Gamboa fue de los pocos que votó en contra y que los otros dos se abstuvieron, lo que en las Cámaras y en España, fue también bastante minoritario.

Sus biografías tienen en común que no eran “oficiales provisionales”, más proclives estos a planteamientos del llamado bunker o “Grupo resistente a cualquier cambio político”, en la acepción de la RAE. El de menor peso político previo fue elalmirante Gamboa que se limitó a puestos de confianza, siempre por ser marino, pasando en octubre del 76 a la reserva.Ángel Salas Larrazábal, teniente general del Aire, por su condición de teniente general en activo más antiguo en su momento, integró el Consejo del Reino y el Consejo de Regencia, ejerciendo interinamente, como uno de los tres miembros de este último, los poderes del Estado entre la muerte de Franco y la proclamación del rey. El PSOE, en 1991, le ascendió -a título honorífico- al empleo de Capitán General.

El teniente general de Tierra Luis Díez-Alegría, al suceder casualmente en ambos consejos a Salas (al pasar este en octubre del 76 a la reserva), ya senador, la todavía vigente Ley Orgánica del Estado (una de las Leyes Fundamentales del Régimen) le hacía, como miembro del Consejo de Regencia, interinar al rey cuando salía al extranjero. Ocupó puestos de máxima confianza: Director General de la Guardia Civil (1969-72) y Jefe de la Casa Militar del Jefe del Estado, cesando en octubre del 75. Conocida la enfermedad de Franco, declaró que “El Ejército estaba al servicio de la nación, no de grupos”. Pasó a la reserva en enero del 79.

El diputado de AP López Rodó (Tomo IV de sus Memorias, Plaza y Janés, 1993) nos traslada en sus audiencias con el rey la sintonía real con su propuesta de mantener (con cambios) el Consejo del Reino, pues una de sus ventajas sería “que pueda ser oída la voz del Ejército a través de sus representantes en dicho Consejo” y sus dudas a la hora de designar a militares como senadores. Como anécdota, el propio general Armada recuerda que el 13 de junio figuraba en la lista, pero que pidió no ser nombrado.

El momento político lo definían las elecciones de junio del 77 al dejar claro que el país votó opciones democráticas, lo que captó la cúpula militar. Por otro lado, la importante reordenación previa de las FAS anunciaba la sustitución de los tres departamentos militares por un Ministerio de Defensa, formalizada en julio del 77, cartera que acumuló el Vicepresidente Gutiérrez Mellado. La nueva restricción de las actividades políticas de los militares –hizo que, salvo declaraciones puntuales de “príncipes de la milicia”– y descartado por razones de oficialismo al ministro, se realzara a estos senadores con libertad de expresión aunque mitigada por su designación real y el deseo de no involucrar a las Fuerzas Armadas en disputas políticas.

Por su parte, los recién legalizados partidos políticos procuraban no irritar al gran mudo, al que el rey, en la Pascua Militar del 78, pedía “confianza vigilante”, remachando Gutiérrez Mellado en marzo ante la Brigada Paracaidista al decir que las FAS velarán por la unidad de España. Mis conversaciones con los generales(Plaza y Janés, 1979), de María Mérida –entrevistas en la segunda mitad de los 70´ a mandos militares– es un buen retrato de lo que pensaban, completado con las que hizo, entre otras personalidades– a los tres senadores militares en la revistaReconquista –de cierta circulación entonces en las FAS– (nº 342, septiembre 78).

A continuación veremos en orden cronológico y necesaria síntesis a los autores más dedicados a esta cuestión o que, por su paso por el ministerio de Defensa, resultan de referencia.

El futuro ministro Trillo-Figueroa en Las Fuerzas Armadas en la Constitución española (Revista de Estudios Políticos, nº 12, noviembre-diciembre 1979) apunta que estos tres senadores “aportaron el punto de vista técnico militar a las cuestiones que aquí nos ocupan”.

Julio Busquets, uno de los fundadores de la Unión Militar Democrática (UMD), en Militares y demócratas (Plaza y Janés, 1999), al hablar de los militares parlamentarios apunta:“…lo lamentable fue que los tres que no aprobaron la Constitución fueron precisamente los tres tenientes generales que habían sido nombrados para, de alguna manera, representar a las Fuerzas Armadas”.

Javier Fernández López en El Rey y otros militares (Trotta, 1998), plantea que “…si lo que se esperaba … era que actuasen como contrapeso conservador, cumplieron con su cometido perfectamente”. Pero, ¿quién o quiénes esperaban eso? Sitúa las opciones de los senadores solo como su propia opinión e independientes de La Zarzuela y da cuenta de sus diferencias.

Miguel Platón con Hablan los militares (Planeta, 2001), coincide en el carácter personal de sus actuaciones y en su haber anota que “Ninguno… cuestionó las bases democráticas de la Constitución: la soberanía popular y la libre elección de los gobernantes”.

Narcís Serra en La transición militar (Debate, 2008), como ex ministro de Defensa, cree que con la Constitución se consiguió algo fundamental “aunque ningún senador militar la votó”. Se hace eco de un documento de la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM), dulcificado según él por Gutiérrez Mellado, sobre el tratamiento constitucional de las Fuerzas Armadas, y que fue tenido en cuenta. Veamos estos asertos, empezando por la Ley de amnistía de octubre del 77.

Las Cortes, en paralelo a los trabajos constitucionales, aprobaban leyes que avisaban de la presión militar que se repetiría con la Constitución. En el Senado, la presencia de representantes no sujetos al consenso (elegidos en candidaturas unitarias o designados por el rey), más la presencia casi simbólica de AP y del PCE (otras dos patas del consenso) posibilitó iniciativas por libre, como una sobre la amnistía, favorable también para los militares represaliados y cuya unánime toma en consideración descolocó a UCD que la encauzó en un una nueva que impedía el regreso de los militares de la República y de los represaliados en los 70´, especialmente de la UMD. El texto, con un amplio respaldo del Congreso fue aprobado por el procedimiento de urgencia, sin votos en contra y seis abstenciones, entre ellas las de los senadores militares. La rigidez del Reglamento, pues solo podían intervenir los portavoces, nos privó de conocer sus razones. Este divorcio con la mayoría de las Cámaras fue resaltado por la prensa, además de hacerse eco de presiones militares contra el regreso de sus compañeros represaliados y de la incapacidad de Gutiérrez Mellado para frenar dicha oposición.

Sobre la redacción de la Constitución se acordó que la iniciara una Ponencia del Congreso. Las Cámaras trabajarían primando a los grupos y a las Comisiones, dificultando así la labor de los independientes; de ahí la no participación de Salas, al no ser miembro de la Comisión Constitucional (lo fueron los otros dos).

Para conocer sus opiniones sobre la nueva Constitución empecemos por la Defensa. El artículo 8 fue enmendado (por separado y con matices entre sí) por Gamboa y Díez-Alegría al echar en falta como una de sus misiones, la defensa de la unidad nacional. Solo Gamboa objetó que no se refiriera a las Fuerzas de Orden Público (FOP) que diferenciaba de las FAS, pero a las que, en su opinión, unían la disciplina militar y tener misiones compartidas.

Gamboa, sin cuestionar que la política de Defensa la fijaba el Gobierno, señaló que aparte estaba la cadena de mando militar “encabezada por el rey”. En el Pleno las propuestas fueron derrotadas; la de Gamboa con 8 votos a favor y 4 abstenciones, recibiendo la de Díez-Alegría 10 a favor y 5 abstenciones. Gamboa, además, planteó -sin éxito- limitar la objeción de conciencia (13 a favor y 9 abstenciones), privar a militares y a las FOP del derecho de sindicación, o limitarlo a los funcionarios y al personal al servicio de la Administración militar (8 a favor y 90 abstenciones). Sobre la pena de muerte retiró su enmienda sumándose al voto unánime a una de Entelsa (catalanes) que, además de limitarla para tiempos de guerra, difería su regulación a las leyes penales militares
En la organización territorial del Estado coinciden en excluir de la Constitución el término nacionalidades, sustituido por el de regiones, aunque Díez-Alegría no matiza que su autonomía sea solo administrativa, como Gamboa (anunció que contaba con el apoyo de Salas). Díez-Alegría propuso, sin éxito, cambios en la tramitación de los estatutos de autonomía, fijación de las competencias exclusivas del Estado (solo admitía su delegación) o reforzar los requisitos de la posible integración de Navarra en el País Vasco. Una enmienda sobre competencias en obras públicas tuvo unanimidad, pasando, con retoques menores del Congreso, al texto final.

Al discutirse los derechos históricos de los territorios forales revela Alfonso Osorio (Trayectoria de un ministro de la Corona, Planeta, 1980) una importante operación política: instado por el PNV, “por mi condición de Senador Real”, redactó un texto que consultó, entre otros, con Díez-Alegría y que el PNV aceptó, pero que frustró UCD. Sobre la pluralidad y preeminencia de lenguas y banderas solo dio batalla, y sin éxito, Gamboa.

Del rey ambos coinciden en no entrar en el mantenimiento del Consejo del Reino o de los senadores de designación real. Gamboa pidió, sin éxito, poderes extraordinarios para el rey; devolver proyectos aprobados para su reconsideración parlamentaria (6 votos a favor y 6 abstenciones) o disolver el mismo las Cámaras en supuestos extraordinarios, con elecciones inmediatas (2 a favor y 7 abstenciones), con un elevado número de ausentes en el Pleno.

Díez-Alegría defendió, sin fortuna, ampliar las incompatibilidades de los senadores.

El almirante se quedó solo en su visión, además, muy tradicional, del modelo de sociedad. Soledad relativa, pues en Educación tuvo 9 votos a favor y 23 abstenciones. Su oposición a la inclusión de la disolución del matrimonio obtuvo 3 a favor y 16 abstenciones, materia que –por cierto– no tuvo su Ley hasta 1981 y que al aprobarse fracturó UCD. Votó a favor, junto a otros tres, de una referencia a Dios en la Constitución, que eso sí, contó con la abstención de UCD.

No consta el sentido de sus votos en dos leyes de diciembre del 78 muy importantes para las Fuerzas Armadas; la de Reales Ordenanzas y la de las funciones de los Órganos Superiores del Estado en relación con la Defensa Nacional, aprobadas por unanimidad de los casi 190 presentes, sin enmiendas y sin debate, en contraste con su mayor participación en otra Ley anterior, la de la Policía. La prensa recogió de esta la abstención de Salas y Gamboa sobre la supresión de los somatenes y su voto contrario al artículo 14, cuestiones del régimen de la Policía Nacional, sustituta de la Policía Armada (expresamente considerada ya como no integrada en las FAS, artículo 12). Díez-Alegría se alejó de su tono comedido al hilo de la intervención de un senador socialista sobre la Guardia Civil. Además de su defensa del cuerpo que mandó (y que nadie atacaba), a las alabanzas a la Guardia Civil de Barcelona por su lealtad al gobierno ante el golpe del 18 de julio, respondió: “Por lo demás, tiene muchos timbres de gloria, muchos más del único que se ha citado aquí, que es dudoso, para mí al menos”.

Sobre los senadores militares en la elaboración parlamentaria de la Constitución y otras leyes queda por ver si fueron en este foro la voz de las Fuerzas Armadas, o hubo otras voces mudas. Un ponente de la Constitución, Herrero y Rodríguez de Miñon, cita uno de los documentos más importantes, llegados a la Ponencia: “…las observaciones que la Junta de Jefes de Estado Mayor presentó sobre aspectos constitucionales de la defensa al vicepresidente del gobierno Gutiérrez Mellado y éste nos hizo llegar a través del propio presidente Suárez. Los llevé a la reunión… el 8 de noviembre. Solo enseñé el membrete del vicepresidente… y el tampón de… Los agité con mucho énfasis y así fue aceptado, ante tamaños poderes, lo que después fue el artículo 8…” (Memorias de estío, Temas de Hoy, 1993). Esperemos que la Ley de Transparencia permita acceder, por su gravedad, a este y a otros documentos.

Finalmente es muy relevante la autovaloración de su presencia en el Senado. Frente a la discreción de los otros dos, Gamboa, sin perder –eso sí– las formas, explicó que defendía determinadas posiciones por su “conciencia de católico y de español” o “el grado de Almirante que ostento”. Al oponerse a las nacionalidades dijo “estar plenamente convencido de expresar el sentir general de mis compañeros de armas, hacia los que me siento moralmente obligado” y sobre las misiones de las Fuerzas Armadas “no puedo olvidar mi condición militar”.

El voto final de los tres senadores militares y, además, por designación real, visualizó unas Fuerzas Armadas no alineadas con la Constitución. El 2 de noviembre Gutiérrez Mellado saldría al paso manifestando que esas posiciones no suponían un sentir generalizado en el ejército, pero deslizó una peligrosa idea: “A las Fuerzas Armadas sólo las representa el rey”, desliz que colocó en su sitio un ex dirigente de la UMD, el comandante Otero (El País, 9 de noviembre), que también opinó sobre el voto de los militares, no solo de estos tres senadores.

El día 1 El País publicaba un editorial que incluía una crítica a dichos votos, con una desafortunada expresión al referirse al almirante Gamboa, quien la tomó como referencia hiriente. En lugar del silencio, como sus dos compañeros aludidos, prefirió la réplica que acogió El País el 8; se despachó al decir que se enteró del editorial de ese diario por terceras personas “puesto que yo no lo leo”, y cuestionó el derecho de la prensa a censurarle.

Aunque siempre resultan preferibles menos declaraciones y más subordinación efectiva al poder civil, en 1978 sí que hubiera tenido un gran valor simbólico de normalidad el voto favorable de estos senadores; pero la inclusión del término nacionalidades, lo hacía imposible. Quizás tres abstenciones, sin el voto en contra, hubieran bastado.

Ernesto Valderrey Villar es socio del FMD, sociólogo y funcionario.