La Ley Orgánica 20/2003 introdujo una modificación en el artículo 506 bis del Código Penal que decía: “La Autoridad o funcionario público que, careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, convocare o autorizare la convocatoria de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución, será castigado con la pena de prisión de tres a cinco años”. El artículo siguiente castigaba con penas de uno a tres años de prisión al que “facilite promueva o asegure el proceso”.
El Presidente Zapatero eliminó del Código Penal estos artículos por considerarlos antidemocráticos. Años después los anuló el Tribunal Constitucional, no por ser antidemocráticos sino por defectos de forma, subsanables.
Estos días estamos viendo cómo los nacionalistas catalanes alardean de ser los responsables de la convocatoria del 9 N. Se permiten ese lujo porque saben que la pena máxima a la que pueden ser condenados es a la de inhabilitación para todo cargo público, pena que les importa muy poco. Lo que no cabe la menor duda es de que Artur Mas no se responsabilizaría de la convocatoria del referéndum si estuviese vigente el artículo 506 bis del Código Penal y le pudiesen caer cinco años de cárcel. De estar vigente ese artículo, ni siquiera se habría atrevido a convocar el plebiscito. Artur Mas no es un héroe.
Para desactivar la crisis catalana no hace falta meter a nadie en la cárcel, se pueden usar otros métodos más civilizados. Por ejemplo, Artur Mas y los suyos sostienen que ellos son demócratas defensores de las urnas y que el Estado español es el opresor que no les permite votar. Hay muchas formas de desmontarles ese argumento tan simple, una de ellas sería tomarles la palabra y convocar un referéndum en todos los Països Catalans que es lo que finalmente pretende la ANC, y en vez de votar cinco millones de ciudadanos, votarían catorce, desde Torrevieja hasta Perpiñán.
Lógicamente Mas y los suyos se negarían a aumentar el censo tan claramente desfavorable a sus propósitos inmediatos que por ahora sólo afectan a cuatro provincias. Si se aumenta el censo hasta los catorce millones, el argumento de que el Estado español es el opresor se les vendría abajo, serían ellos los que negarían el “derecho a decidir” a nueve millones de personas.
Esa sería una solución poco factible a fecha de hoy, pero habría otras muchas intermedias para desenmascarar a los separatistas y dejar claro que de demócratas tienen muy poco, son exclusivamente nacionalistas-listos que utilizando los métodos de propaganda de Goebbels han conseguido desviar la atención de todo un pueblo que hasta fechas recientes no les permitía acceder al Parlamento en coche, tenían que hacerlo en helicóptero. Ahora estos personajes acuden al Parlamento en olor de multitudes sin haber solucionado ni uno solo de los problemas que motivaron la indignación de los ciudadanos/as.
De ahí vienen las prisas y su pertinaz reivindicación de independencia, pues si aflojan la presión y esperan un año a que la correlación de fuerzas en el Congreso sea más favorable a resolver el conflicto de una forma amistosa, los catalanes pueden volver a la realidad y obligarles otra vez a entrar en el Parlamento en helicóptero. A Más le interesa que haya confrontación permanente.
Proponer que voten la independencia en el sur de Francia sin pasar antes por La Santé, es una utopía, pero aquí casi todos están jugando de farol, menos Rajoy que no juega, sólo mira. Para desinflar el tema catalán, se puede utilizar el palo y la zanahoria, o ambos a la vez, el Presidente del Gobierno tiene la capacidad legal de elegir el método a aplicar. Como no se va a solucionar nada es manteniendo en la Moncloa a un señor que él mismo reconoce tener problemas para tomar decisiones.
Sabiendo que padecía esta disfunción neuronal lo mejor que podía haber hecho Rajoy es no presentarse a las elecciones y quedarse en el Registro de la Propiedad de Santa Pola inscribiendo a nombre de la Iglesia Católica fincas de propiedad pública, que eso también lo permite la ley.
José Ignacio Domínguez es Teniente Coronel de Aviación retirado, Comandante de Iberia jubilado y abogado del ICAM. Fue portavoz en el exilio de la UMD.