Como muchos españoles, pienso y he pensado mucho sobre la Ley de Amnistía y cuales sean los efectos finales resultantes de su aplicación a cada caso concreto por parte de los jueces, que lo pueden hacer de oficio o a petición de los interesados dentro los dos meses siguientes a su promulgación. Conocido ya el texto de la misma, los que sin conocerla habían estado seguros bien de apoyarla o bien de rechazarla todavía no son conscientes del alcance que pueda tener para los españoles, ni de cuál seria el próximo y más lejano futuro si finalmente fuera abortada.
Nada más conocer el alma de la ley, cual es su Exposición de Motivos, creo que es indubitable que es una Ley Orgánica constitucional en su contenido jurídico. Si se presentara cualquier recurso de inconstitucionalidad contra la misma su admisión a trámite por el TC no tendría efecto suspensivo sino que la ley sería ejecutiva desde la publicación en el BOE.
La Ley es una cuestión compleja y en mi opinión cualquiera de los dos partidos que aspiraban a la Presidencia de Gobierno estaba obligado a buscar la mayoría numérica de diputados en las Cortes, con lo que el programa de gobierno resulta inevitablemente un híbrido de los coaligados y no el propio de cada uno.
Desde esta premisa buscan el apoyo de los partidos que conforman el arco parlamentario y finalmente uno de ellos consigue la mayoría o caso contrario se impone la disolución y nuevas elecciones. La condición única es que sean partidos legales protegidos por el Ordenamiento jurídico, y la coincidencia en ideología, proyectos, y convicciones pasan a ser secundarios. Quiero decir que el pasado político-histórico y la falta de empatía no pueden operar frente a la finalidad básica de cualquier partido que es conseguir el Poder.
Los perdedores o aceptan su derrota y pasan a la oposición o se amparan en argumentos como son la ilegitimidad, el fraude electoral, la ilegalidad o dan por segura la actitud política posterior de algún coaligado que presumen va a perjudicar el futuro interés general según lo entienden. Se presentan a la sociedad los riesgos y daños que la Nación “va a sufrir”, y se buscan en algunos casos modos de alterar como sea el resultado de elegido Presidente.
Creo que en una democracia parlamentaria la regla que rige el cómo, el qué y el cuándo del funcionamiento de las Instituciones es la Constitución, sin añadidos o condicionantes que alteren su esencial contenido. Anunciar un grave daño social irreparable en España es exagerado e interesado para los que lo alegan, porque si el paso del tiempo demostrara que la vida de la Nación no se ha roto ni se han fracturado los principios informadores de la Constitución, sino que incluso puede haber mejorado en los términos previstos en el Preámbulo de la Ley de Amnistía, y se evidenciara que la anunciada tempestad ha sido una borrasca más en nuestra Historia, los españoles habremos sufrido un innecesario miedo al futuro.
Luego viene la posibilidad, acabada la legislatura, de votar un cambio por los electores del rumbo del Estado si así lo deciden.
Considero que una persona, un político o un aspirante a un cargo público pueden cambiar de pensamiento y de opinión sin estar amordazado o neutralizado por las vicisitudes de su evolución política. Es sabido que lo justo, trascendente y la adecuación de la moral y el derecho positivo a la realidad social se imponen en el día a día, sin que la muy manoseada “coherencia” le reste legitimidad u honradez personal de modo que quede eliminado de la cosa publica.
A lo largo de toda la historia del mundo la toma de decisiones no ha estado sometida mas que a los vaivenes del interés general o particular de cada Príncipe gobernante, porque el arte de la Política es cambiante y acomodaticio, y todavía Maquiavelo en el siglo XXI sigue manteniendo que el fin justifica los medios, por lo menos los legales digo yo.
Es mi punto de vista, siempre sometido a posible revisión, y digo que la actual situación política y social de la España de hoy viene concatenada con el pasado histórico, y expectante con el futuro que ya se nos viene encima. Estoy seguro de que, como siempre, toda esta aventura política tendrá su fin pasados unos días, y que volverán de nuevo la legislación reguladora de la vida democrática, la gestión administrativa del interés público y privado, la tolerancia ciudadana y el respeto mutuo mínimo de un país viejo como el nuestro. Así sea.
Coronel de Infantería, retirado. Abogado jubilado del ICA de Granada