No judicialicemos la política

En los últimos tiempos, especialmente por el procés, hemos oído y leído en repetidas ocasiones la frase que encabeza este artículo. La pregunta que yo me hago y que no he visto hacerle a nadie que la haya pronunciado es: ¿me está usted diciendo que los políticos deben poder hacer cualquier cosa, incluso delictiva, sin que tenga consecuencias penales para ellos?

Partimos de la base de que tenemos distintos puntos de vista. Hasta aquí todo correcto. Para defenderlos hay quien utiliza todos los medios legales a su alcance. Perfecto. Y hay quienes usan todos los medios, legales o no, para conseguir sus objetivos. ¿Eso nos parece bien? ¿Debemos renunciar a que la Justicia cumpla con su deber juzgando acciones delictivas?

Se pide a los opinadores que hagan pedagogía y a mí me gustaría que se hiciese explicándome qué contestación debemos dar a los hechos presuntamente delictivos. ¿Solo una respuesta política? Veamos un ejemplo, de los últimos. El presidente de la Generalitat ha desobedecido a un órgano del Estado, la Junta Electoral Central, a quien tiene la obligación de obedecer. Lo ha reconocido en dos ocasiones en el proceso que se le sigue por el delito de desobediencia. Él sabe que lo van a inhabilitar, y es lo que quiere. Cierta opinión comenta esta posibilidad diciendo que no debemos judicializar la política. ¿Y entonces?

 

Los cortes de calles y de carreteras. Se nos dice que están ejerciendo su derecho de manifestación. Absolutamente falso. Ningún derecho es ilimitado y, por tanto, está sometido a una regulación. Si un número de personas suficiente va por una calle con la única voluntad de evitar el tráfico en ella, eso no es manifestación. Ir por una autopista impidiendo a quienes quieren circular, conforme a la ley, por ella, no es una manifestación. Y quienes promueven estos actos están, posiblemente, incurriendo en un delito contra la seguridad en el tráfico.

Si se cuelga una pancarta en la sede de una institución pública se nos dice que es utilizar el derecho de expresión. Mentira. Los derechos, como el de libertad de expresión, se ejercen individualmente, así está reconocido en la Constitución, y a título personal cualquier persona, incluso los responsables de todas las instituciones, pueden ejercerlos y la ley así los ampara. Si en un Parlamento, el que sea, estatal o autonómico, se aprueba una resolución para la que no tiene competencias y el Tribunal Constitucional se lo hace saber, advirtiéndole a su presidente de que puede incurrir en responsabilidad penal, y este permite que se vuelva a hacer otra vez en contra del criterio de los letrados de la Cámara, ¿debemos entender que está garantizando la libertad de expresión de los parlamentarios?

Yo sé que este tema es cansino y que muchas personas desconectan cuando oyen o ven informaciones sobre el conflicto en Cataluña y a ellos les voy a pedir disculpas por volver a escribir sobre él. Lo hago porque creo que estamos perdiendo la lucha por las palabras y ello lleva acarreada la pérdida en el combate por las ideas. Como en lo de no judicializar la política. Y en más asuntos.

1) Hay un conflicto entre Cataluña y España. Falso. No debemos permitir que se utilice esa expresión. Lo que hay es un conflicto en Cataluña, es decir, en España.

2) La negociación es la única solución. Falso. Negociar supone dar y recibir. Lo que sí hay que hacer es hablar, dialogar, poner sobre la mesa todo, absolutamente todo, pero sin concesiones. Si como parche, unos millones de euros fuese la posible solución, muchos españoles nos sentiríamos defraudados. Mesa de partidos sí, incluso dos, una en Barcelona y otra en Madrid, y, al final, informaciones exquisitas de lo que se haya tratado con la discreción precisa.

3) En política se puede defender cualquier idea. Cierto, pero con matizaciones. Desde la esfera individual y en los partidos políticos sí se pueden defender todas las ideas, pero desde las instituciones no. Un Gobierno o un Parlamento que emanan de la Constitución y de un Estatuto de Autonomía tienen que cumplir escrupulosamente con sus obligaciones legales y entre ellas no está la defensa de ideas contrarias al Estado del que nace su legitimidad.

4) Para terminar por donde he empezado. Todos, ya sean el expresidente de la Junta de Andalucía o el actual presidente de la Generalitat de Cataluña, están sometidos al imperio de la ley. Y, por supuesto, a la penal. Cuando se comete un delito e interviene la Fiscalía no se está judicializando la política, se está cumpliendo con la legalidad.

*Militar. Profesor universitario. Escritor