Militares y política

Publicado por Javier Jiménez Olmos en Paz y Seguridad Internacional

La historia de España está repleta de militares que quisieron intervenir en política. La gran desgracia para este país es que en la inmensa mayoría de los casos lo hicieron para acabar con el sistema establecido mediante golpes de estado, usando la fuerza de las armas para imponer lo que consideraban mejor para la patria según su particular entender. Los más jóvenes han oído hablar del último de ese intento de subvertir el orden constitucional. Los más veteranos lo sufrieron en sus carnes. El 23 de febrero de 1981, un grupo de militares trató de acabar con el sistema que los españoles habían votado mayoritariamente en 1978. Mucho antes, en 1936, otro grupo de militares se sublevó contra el orden constituyen provocando una guerra civil, cuyos efectos morales perduran hasta nuestros días.

Es posible que muchos de estos militares actuaran movidos por su inmenso amor a España, aunque no tuvieron en cuenta que España está fundamentalmente compuesta de españoles, personas con sus derechos que merecían el respeto y la libertad de decidir por sí mismos. No tuvieron en cuenta que eran servidores públicos y que se debían a su pueblo y no a designios divinos o motivaciones superiores a la del resto de los españoles. Lo cierto es que vulneraron la legalidad vigente y en casos como la rebelión de 1936 fueron responsables de una larga y cruenta guerra civil.

En los últimos días hemos recibido la noticia de que un militar de alta graduación en la reserva,que ha sido máximo responsable de las fuerzas armadas españolas, ha decidido pedir el retiro para presentarse a las elecciones por un determinado partido político. Y curiosamente, a algunos grupos sociales y políticos no ha gustado la decisión. Desde los sectores más conservadores lo consideran una traición a los valores de la milicia, desde los más progresista lo observan con recelo y desconfianza.

Conviene recordar que los valores patrios no corresponden a ninguna ideología ni movimiento social. Cada uno siente la patria según su forma de concebirla. El concepto de patria no es universal ni patrimonio de nadie. Por eso, y a la vista de la historia de España, es muy reconfortante comprobar que haya militares (como cualquier otro profesional) que quieren cambiar, modificar o reformar la sociedad mediante la participación democrática, como miembro de un partido político legal, presentándose como candidatos a unas elecciones libres.

La inmensa mayoría de los militares del siglo XXI son profesionales con un alto grado de formación y, como personas integradas en la vida civil, tienen las mismas inquietudes políticas y sociales que el resto de los ciudadanos. Sin embargo, por razones legales no pueden manifestarse a favor de una determinada opción política mientras conserven su condición de militar. Efectivamente, la Constitución de 1978 es clara en su artículo 70 en cuanto a la participación política de determinadas profesiones como miembros del poder judicial y militares.

Pero una vez que un militar ya no activo, de manera voluntaria, y de acuerdo con la legalidad vigente, decide participar en la política como militante de  una formación política o presentarse a unas elecciones políticas por un partido determinado que esté legalmente constituido, está en su derecho,  y nada ni nadie puede presentar objeción alguna, ni tratar de impedir o obstaculizar esa decisión. Menos aún intentar desprestigiar su trayectoria profesional por ese hecho.

Los militares no son personas ajenas a lo que sucede en la sociedad. Ellos y sus familias viven en el mundo real con los mismos problemas que a diario tienen la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país. Como tales, tienen todo el derecho a participar en elecciones y expresar su forma de pensar en el ámbito privado. La ley restringe ese derecho de libre expresión sólo en el ejercicio de su cargo y por razones de seguridad y confidencialidad. Por tanto, en su ámbito estrictamente privado pueden manifestar sus simpatías. El militar puede participar en asociaciones de vecinos, en asociaciones culturales etc. Y, por supuesto, cuando la ley de incompatibilidad y sus titulaciones académicas se lo permitan, ejercer como docente y, por tanto, tener su derecho a libertad de cátedra. Insisto, la neutralidad se refiere exclusivamente a la no militancia y al desempeño de su mando o destino.

Sin embargo, la prudencia y formación de la inmensa mayoría de los profesionales de la  milicia les hace ser muy reservados en cuanto a la expresión de cualquier tendencia política. Por eso, sorprende a la opinión pública que un militar retirado pueda ingresar en un partido político. Buena señal esa sorpresa, es consecuencia de que ese militar ha sido tan buen profesional que ha servido lealmente a los españoles independientemente del gobierno de turno. Pero nada, ni nadie le habrá impedido durante ese tiempo tener su propio criterio, su ideología y su manera de ver España.

Será un signo de normalidad democrática, de que en este país se han superado prejuicios históricos de una y otra parte, cuando profesionales de las Fuerzas Armadas, como cualquier otro profesional, decidan pertenecer a partidos políticos una vez se lo permita su situación administrativa, y presentarse para representar a otros españoles. Más aún, es deseable que personas muy cualificadas profesionalmente puedan ser miembros de los órganos representativos de los españoles.

Sean bienvenidos todas las personas que por los cauces democráticos establecidos por la ley quieran participar en la vida política. Y si son militares en la situación legal que se lo permita, también.