La presunción de inocencia

 

Según el diccionario de la Academia española, extorsión es la presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio.

Han sido numerosas las publicaciones que, en estos últimos años, han puesto de manifiesto las felonías de la monarquía, incluidas la extorsión que implicó el autogolpe del 23-F de Juan Carlos I, o la amenazante intervención de Felipe VI el 3 de octubre de 2017. Ambos hechos tuvieron como resultado la generación de un miedo paralizante mediante un fenómeno de auto extorsión colectiva.

Son innumerables los latrocinios que -como consecuencia de esa inviolabilidad- ha perpetrado la Monarquía sin que los grandes medios, controlados por el poder, se hayan hecho eco; pues, cuando sí lo han hecho, han retorcido la verdad hasta hacerla irreconocible, desligando los hechos del Rey de la institución monárquica, soslayando que se accede a ella por derecho de cuna.

La presunción de inocencia, establecida constitucionalmente, no es razonable que sea aplicable al Rey, ya que ningún ciudadano o ciudadana es impune frente a delitos comunes, tales como cohecho, delito fiscal, tráfico de influencias o blanqueo de capitales. Pese a que el Rey afirmara públicamente “Todos somos iguales ante la ley”.

Por el contrario, si así no fuese, es decir si fuese aplicable el principio de presunción de inocencia al Rey ¿para qué tendría necesidad de detentar además el privilegio de inviolabilidad, es decir de impunidad en lo que atañe a delitos comunes? ¿Si en realidad se tratase de una persona intachable y ejemplar, como el propio respeto a la jefatura del Estado exige, para qué habría de necesitar tal coraza frente a la justicia, que impide incluso la investigación de delitos evidentes?

¿O no es indicio suficiente para ser investigado el aparecer como segundo beneficiario de una fundación en la que se ocultan gigantescas riquezas de origen delictivo, según las informaciones más recientes?

Al detentar el monarca tal privilegio -de impunidad frente a delitos comunes, que impide incluso la investigación de cualquier presunta infracción- cualquier indicio delictivo es percibido de inmediato por cualquier ciudadana o ciudadano en su sano juicio como un posible delito vedado a la justicia, pues lo contrario, es decir la presunción de inocencia, sería absurda.

La presunción de inocencia es, por lógica, totalmente contradictoria con tal privilegio de inviolabilidad, es decir de impunidad. Hasta tal punto que la Constitución del 78, tan modélica al decir de los monárquicos, ni siquiera permite investigar delitos comunes que hubiese podido cometer el Rey, por graves que fuesen.

Se trata, pues, de una interpretación sesgada del articulo artículo 56.3 de la vigente Constitución Española, que lo hacen extremadamente aberrante para cualquier mente equilibrada.

Eminentes juristas han alertado del peligro que la inviolabilidad de la persona del Rey entraña para la supervivencia de la propia monarquía, pues pone en evidencia que solo sería aceptable la aplicación de una evidente presunción de culpabilidad ante cualquier indicio de delito, al tratarse de una persona inviolable, es decir impune e ininvestigable.

Es razonable, por tanto, inducir que habría de terminar resultando odioso cualquier personaje que detentase tal poder, pues le posibilitaría la ejecución impune todo tipo de delitos, que además no podrían ser investigados.

Por otro lado, a la opacidad y despilfarro de la Familia Real se une la avaricia de los grandes poderes económicos. Entre otros, el cartel detentado por las compañías eléctricas, valedor antaño del Rey Juan Carlos y hogaño del Rey Felipe. Un rey a fin de cuentas heredero de la jefatura del Estado, no por la voluntad del pueblo soberano, sino por imposición de un dictador genocida. Por ello es inviolable, y no puede ser investigado, gracias a la complicidad del sistema bipartidista que se ahormó mediante la extorsión militar franquista que se perpetró hace casi medio siglo.

Hoy en día el Rey sigue apoyándose en la fuerza de coerción de un ejercito heredado de la dictadura, y en el poder económico y político de un capitalismo monopolista de Estado, lo que a su vez provoca la indignación de las burguesías catalana y vasca. Un ejército blindado frente a las ideas democráticas, que promueve en su seno todo tipo de actitudes reaccionarias y de ultraderecha. Un ejército que persiguió en su día a los miembros de la UMD y hoy lo sigue haciendo, mediante injustos despidos de militares progresistas, como es el caso del Cabo Santos, del Teniente Segura y de la Artillera Valdearcos, por citar los casos más lacerantes.

Todo esto ha ocurrido y sigue ocurriendo con la complicidad de la justicia militar, una justicia que no es justicia sino aparato de represión destinado a mantener el statu quo del ejército de Franco. Algo que la ciudadanía ha podido constatar tras el reciente manifiesto de generales, almirantes y coroneles fascistas a favor del dictador.

La opacidad e inviolabilidad de la Familia Real continua sine die, con el pretexto de que no toca abrir el melón de la forma de Estado, pues el Régimen de la Transición teme el derrumbe del actual sistema de explotación de las clases populares, construido ex novo por los amigos del rey sobre los pútridos cimientos de la dictadura.

Solo una gran coalición de fuerzas progresistas, apoyada por una potente movilización ciudadana, que haga causa común frente a la grave involución que representaría la llegada de la ultraderecha monárquica al Consejo de Ministros, podría acometer tal desafío histórico. Las fuerzas progresistas y soberanistas tienen la palabra.

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Manuel Ruiz Robles es Capitán de Navío de la Armada, miembro de la UMD y del Colectivo Anemoi. Presidente Federal de Unidad Cívica por la República.