La monarquía corrupta del 18 de julio

El régimen monárquico del 78 sigue manteniendo una legalidad fundamentada en el fallido golpe nacional católico –manu militari, de corte fascista- que derivó en la Guerra de España, preludio de la agresión nazi fascista al resto de Europa.

Prueba de ello es que las leyes de sucesión -Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1947) y Ley de 22 de julio de 1969, decretadas por el genocida Francisco Franco- son las raíces jurídicas de una monarquía de nuevo cuño instaurada por la dictadura. Si dichas leyes franquistas fuesen abolidas, junto a la nauseabunda ley que amnistió sus crímenes de lesa humanidad, que no prescriben, la monarquía del 18 de julio se derrumbaría como un castillo de naipes, pues no dispone de soporte jurídico que no esté radicalmente contaminado por su origen fascista.

¡Así de frágiles y pútridos son los cimientos de este régimen indigno! Quizá por ello la multitud sigue clamando en las calles: ¡Le llaman democracia y no lo es!

Salvo en los dos esperanzadores periodos republicanos -arrollados violentamente por el poder militar de la oligarquía- la dinastía borbónica, desde Felipe V hasta nuestros días, ha reinado despóticamente.

En la actualidad sigue manteniendo a sus súbditos encadenados a un régimen autoritario, de apariencia democrática, constituyendo éste una autentica cárcel de pueblos. Sin embargo, ha entrado en una fase de franca descomposición, como lo prueba el hedor que emana de su pútrido rastro de dólares, actualmente investigado por la Fiscalía Suiza y la Fiscalía del Supremo.

Toda esta basura arrojada por la Corona española sobre nuestro pueblo constituye una humillación insoportable, pues proyecta una imagen dañina y mafiosa de nuestra patria.

Francia y Portugal constituyen dos magníficos ejemplos de inquebrantable voluntad democrática. En Francia, la Revolución de 1789 juzgó y condenó a muerte al rey Borbón Luis XVI, finalmente guillotinado el 10 de agosto de 1792.

La Constitución de la República Francesa establece en su Preámbulo:

El pueblo francés proclama solemnemente su adhesión a los derechos humanos y a los principios de la soberanía nacional tal y como fueron definidos por la Declaración de 1789, confirmada y completada por el Preámbulo de la Constitución de 1946, así́ como a los derechos y deberes definidos en la Carta del Medio Ambiente de 2003.

Y en su Artículo 1, dice:

Francia es una República indivisible, laica, democrática y social que garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión y que respeta todas las creencias.

En Portugal la Revolución de los claveles derribó en 1974 el régimen fascista e inició un proceso constituyente en libertad.

La Constitución de la República Portuguesa establece en su Preámbulo:

El 25 de abril de 1974, el Movimiento de las Fuerzas Armadas derribó el régimen fascista, coronando la larga resistencia del pueblo portugués e interpretando sus sentimientos profundos.

En su Artículo 7 establece:

  1. Portugal reconoce el derecho de los pueblos a la autodeterminación e independencia y el desarrollo, así́ como el derecho de insurrección contra todas las formas de opresión.

Y en su Artículo 13:

  1. Todos los ciudadanos tendrán la misma dignidad social y serán iguales ante la ley.

  2. Nadie podrá́ ser privilegiado, beneficiado, perjudicado, privado de algún derecho o eximido de algún deber por razón de ascendencia, sexo, raza, lengua, territorio de origen, religión, convicciones políticas o ideológicas, educación, situación económica, circunstancias sociales u orientación sexual.

Por el contrario, la Constitución española, producto envenenado de una transición fraudulenta, proclama en su Artículo 56:

  1. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.

No parece necesario añadir mucho más, salvo que aquí, en este “Retablo de las Maravillas”, todo sigue “atado y bien atado”, como lo prueban los infames privilegios del rey.

Sin embargo, hay señales…

¡Salud y República!

Referencias

Juan Carlos I encargó en Zarzuela “crear una estructura” para ocultar a Hacienda 100 millones de dólares

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El Ayuntamiento de Barcelona reprueba al rey y pide abolir la monarquía