Miente la Sra. Ministra de Defensa cuando niega la existencia de militares fascistas en activo, afirmando que las fuerzas Armadas son políticamente neutrales. En estos más de cuarenta años de “modélica” transición, nunca acabada, las ciudadanas y ciudadanos interesados por el problema militar, nunca resuelto y siempre ocultado, han tenido ocasión de constatar la falsedad de tales afirmaciones. Es la hora de la verdad.

Un estudio reciente, fundamentado en datos verificables, muestra que una parte inquietante del ejército está peligrosamente anclada en una ideología ultraderechista. Algo probado de forma irrefutable por el ex Oficial del ejército D. Luis Gonzalo Segura, en su obra “El ejército de VOX”.

Este ex Oficial del Ejército, conocido popularmente como el Teniente Segura, es un militar demócrata, expulsado junto al también militar demócrata ex Cabo del Ejército D. Marco Antonio Santos Soto. Represaliados ambos por denunciar, respectivamente, la corrupción interna en el ejército y firmar un escrito en el que se rechazaba la figura del dictador genocida Francisco Franco. Esa injusticia flagrante ha sido consumada con el beneplácito de la Sra. Ministra de Defensa Margarita Robles.

Algunos compañeros de la disuelta Unión Militar Democrática (UMD), han dado también la voz de alarma sobre la grave situación que estamos atravesando; entre ellos el Teniente Coronel de Aviación José Ignacio Domínguez y el Capitán de Fragata de la Armada Antonio Maira.

Se trata de una extrema derecha y ultraderecha militar que se declaran defensoras a ultranza del rey y de su constitución. Una constitución que proclama inviolable al rey, es decir inimputable, ininvestigable, y menos aún condenable; es decir totalmente impune, y por tanto irresponsable. No solo frente a ambos códigos, el Código Penal Militar y el Código Penal Civil, sino también frente a cualquier investigación o sanción de la Agencia Tributaria o de cualquier otro organismo del Estado, como podría ser el Tribunal de Cuentas.

Un rey inviolable con amistades peligrosas, no solo en las Fuerzas Armadas sino también en el mundo financiero, como puso en evidencia la reina Letizia Ortiz con su famoso “compi yogui”, Javier López Madrid, para el que la Fiscalía pide ahora siete años de cárcel.

Por si fuese poco, la Mesa del Congreso ha rechazado recientemente una propuesta referente al rey emérito. Se trata de la creación de una comisión de investigación sobre las presuntas fechorías del rey Juan Carlos I, anterior Jefe de Estado y de las Fuerzas Armadas. Propuesta tumbada por los votos de los diputados del PSOE, PP y VOX.

Una vergonzosa connivencia política cuya finalidad quizá no sea tan solo la de tapar los presuntos delitos económicos del rey emérito, sino sobre todo los posibles enredos financieros de otros miembros esenciales de la Familia Real que pudiesen quedar al descubierto, con el consiguiente riesgo de precipitar la implosión de la monarquía.

Es evidente que un sector influyente del PSOE, ante tal eventualidad, ha optado por una decisión contraria a los intereses generales democráticos y al sentir mayoritario de sus bases de izquierdas, es decir republicanas, pues hoy la República, o Repúblicas, es reclamada por la ciudadanía progresista, que es crecientemente mayoritaria.

Ningún jefe de estado de un país civilizado es inviolable ante los tribunales de justicia, o ante los organismos competentes del Estado, o de sus Parlamentos o Asambleas Nacionales, en las que reside la soberanía popular; y mucho menos con ese ese grado de impunidad absoluta que dicta la Constitución monárquica del 78, que blinda sin excepción todos los posibles hechos delictivos de la persona del rey.

En otros países, tales como la República Portuguesa, la República Francesa, la República Italiana, o incluso la República de Venezuela o la República de Cuba -por citar dos países denostados por el neoliberalismo depredador-, sería impensable que sus jefes de estado tuviesen el derecho constitucional de delinquir impunemente, es decir fuesen inviolables. Ningún país que pretenda ser un Estado de derecho puede estampar en su Constitución tal aberración jurídica.

Miente también la Sra. Ministra cuando afirma -una y otra vez, en los medios públicos- que los famosos mandos militares retirados, rabiosamente monárquicos, que amenazan en su chat con fusilar a 26 millones de “hijos de puta” -quizá querían decir de rojos- nada tienen que ver con las fuerzas armadas, ni con el ministerio de defensa.

Si no fuese así, es decir si no mantuviesen un vinculo con lo que la propia Sra. Ministra llama la “familia militar” ¿por qué disponen estos jubilados de tarjeta de identificación militar? Una tarjeta idéntica a la de los militares en activo, en la que se indica claramente su graduación. Dicha tarjeta de identidad les da acceso a instalaciones del ministerio de defensa, tales como cuarteles, arsenales, buques, aeropuertos, hospitales, residencias, centros deportivos, etc. etc.

Pueden, además, ostentar legalmente su graduación militar, no solo en instalaciones del ministerio de defensa sino también públicamente en los medios, o en escritos dirigidos a las autoridades, como ha sido el caso de las famosas cartas al rey y al Presidente del Parlamento Europeo; o vestir su uniforme en eventos sociales, tales como bodas o bautizos.

Lo afirmo con conocimiento de causa por que soy militar, y en mi tarjeta de identificación consta mi nombre, graduación, cuerpo y situación; en mi caso “RETIRO”.

Es cierto que en dicha situación de retiro no estamos sometidos al Código Penal Militar y que nuestros haberes ya no dependen del Ministerio de Defensa sino del Ministerio de Hacienda, es decir del régimen de pensiones de clases pasivas, que es el régimen común que se aplica a los funcionarios civiles del Estado, los incluidos en las Fuerzas Armadas y en la Administración de Justicia.

Pero en absoluto estamos exentos de responsabilidad penal ante un juzgado ordinario, llegado el caso. Como así debería de ser también para los militares en activo, debiendo quedar suprimida la arcaica justicia militar; solamente justificable en el improbable caso de que las Cortes Generales autorizasen una declaración de guerra, tal como prevé la Constitución del 78 (Artº 63).

Las conspiraciones cívico-militares de carácter prefascista, que pretendían deponer al Presidente Pedro Sánchez, junto al resto de su Gobierno, legítimamente constituido, sustituyéndolo por otro presidido por Margarita Robles, es un hecho que recuerda a los prolegómenos del 23-F. Tal operación ha llegado a tener incluso un nombre en clave, un nombre de ave marina: “albatros”. Quizá la Sra. Ministra y el propio Felipe VI tengan algo que decir al respecto.

Por si fuese poco, existen asociaciones de militares en activo cuyas actuaciones no parecen muy procedentes, como es el caso de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, que se ha personado como acusación particular contra un Gobierno de coalición progresista, legítimamente constituido, al que deben respeto, como establece la legislación vigente. Además, algunas sirven de plataforma a manifiestos fascistas, potencialmente golpistas, como es el caso de la franquista Asociación de Militares Españoles (AME).

¿A eso le llama la Sra. Ministra de Defensa neutralidad política de las Fuerzas Armadas?

Pese a todo lo anterior, lo más grave, a mi juicio, es la amenaza militar que entraña la vigente Constitución; precisamente en su núcleo más blindado, difícilmente reformable.

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Manuel Ruiz Robles es Capitán de Navío de la Armada (R), Presidente Federal de Unidad Cívica por la República (UCR), ex miembro de la disuelta Unión Militar Democrática (UMD) y miembro de Anemoi.

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