Horas bajas para la justicia

Uno de los responsables de las mayores atrocidades cometidas en suelo europeo después de la 2ª Guerra Mundial, el general servobosnio Ratko Mladic, tras haber permanecido fugado desde que en 1995 se dictó la orden internacional para su busca y captura, fue detenido hace un año y, por fin, extraditado a La Haya y puesto a disposición del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), con sede en la capital holandesa.

Lo que parecía un brillante triunfo de la justicia internacional en un flagrante caso de crímenes contra la humanidad, a pesar de la tardanza en llevar ante los jueces al más destacado ejecutor, se ha visto recientemente empañado a causa de ciertos errores burocráticos que han obligado a un aplazamiento de la vista, dos días después de su comienzo. Varios miles de páginas conteniendo pruebas acusatorias, que debían haber sido entregadas a los abogados defensores del exgeneral, no llegaron a su destino y la defensa ha solicitado seis meses de plazo para estudiarlas.

La acusación asumió el error y ha aceptado el aplazamiento del juicio, lo que ha causado cierto desánimo entre las víctimas que llevan años esperando la voz de la justicia y, a la vez, ha aumentado la euforia de quienes ven en Mladic “un príncipe guerrero del nacionalismo serbio” y se oponen a su enjuiciamiento. Pero para la mayoría de la opinión pública internacional que, sin ser víctimas ni admiradores del victimario, desearíamos el reforzamiento de los instrumentos supranacionales capaces de impedir la repetición de hechos análogos, este lamentable tropezón se suma a muchas otras circunstancias que deterioran la credibilidad de la justicia universal.

No sobra aquí un inciso aplicable a los lectores españoles: si al ya bajo crédito que posee el ejercicio de la justicia en nuestro país, tras una serie de inexplicables resoluciones y sorprendentes actividades de quienes deberían estar investidos de esa ponderación y ecuanimidad que cabe exigir en los que la imparten, añadimos serias dudas sobre la justicia internacional ¿qué esperanzas se pueden poner en ese “tercer poder”, en el ámbito nacional o internacional, cuya función es controlar según Derecho a los otros dos?

La cuestión hay que plantearla en otros términos. La creación de tribunales internacionales para perseguir ciertos delitos ha tenido siempre por objeto ejercer una justicia que no estuviese determinada ni influida por los revanchismos y las rivalidades o parcialidades políticas de las diversas justicias nacionales. Pero se advierte que la justicia internacional acaba sometida a la política internacional, del mismo modo que la justicia nacional está influida por la política nacional. La observación de la realidad lleva incluso a sospechar que la justicia internacional acaba siendo menos imparcial y más politizada que la nacional.

El escritor y político canadiense Michael Ignatieff ha escrito así al respecto en The New York Review of Books: “La justicia internacional se convierte en justicia para los delincuentes de los Estados derrotados o tan débiles que no pueden rechazar la jurisdicción. No existirá una verdadera justicia internacional hasta que alguna de las grandes potencias permita que sus ciudadanos sean juzgados en La Haya. Ninguno de los miembros del Consejo de Seguridad con derecho de veto -EE.UU., Rusia, China, Francia y Reino Unido- enviaría voluntariamente al Tribunal Penal Internacional (TPI) a alguno de sus ciudadanos en el caso de ser acusado de crímenes contra la humanidad”.

Comentando la tan extendida opinión entre el pueblo y los dirigentes estadounidenses de que su país es una nación especial, predestinada por la divinidad para extender por el mundo los más elevados ideales, Ignatieff puntualiza que ningún otro Estado ha invertido más que EE.UU. en el desarrollo de una jurisdicción internacional para los crímenes contra la humanidad, a la vez que se ha esforzado por lograr que las leyes cuyo cumplimiento exige a los demás no se apliquen en su país: “EE.UU. sería en verdad un país excepcional, ya que tanto alardea de anteponer sus ideales a sus intereses, si fuese capaz de romper con lo hasta ahora habitual y mostrase su fe en la justicia internacional, entregando al TPI a alguno de sus ciudadanos, si se presentase la ocasión. Ese día, si alguna vez llega, está muy lejano”.

No obstante, una mirada retrospectiva a la Historia nos muestra que, a pesar de todo, se ha avanzado mucho por este camino y han quedado atrás épocas ominosas en las que ni siquiera el concepto de Justicia existía tal como se entiende hoy, es decir, equitativa y universal. Los tribunales creados para exigir responsabilidades por hechos atroces (Ruanda, Yugoslavia, Camboya, etc.) han condenado ya a numerosos criminales y, aunque imperfecta, costosa y sometida a presiones políticas, la justicia internacional permite abrir algunos caminos a la esperanza.

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