El sudoku del Parlamento europeo

Publicado en ctxt.es

Las generaciones presentes quizá no conocen un crucigrama llamado el damero maldito que publicaba la gran actriz Conchita Montes en La Codorniz. Este endiablado pasatiempo consistía en cruzar palabras con acrósticos, lo que hacía muy difícil descifrar y completar su contenido. Según los especialistas en esoterismos y enigmas, la idea es obra de una norteamericana que, desconcertada ante la imposibilidad, que yo también padezco, de terminar el Ulysses de James Joyce, se le ocurrió recordarle al escritor irlandés la complejidad de su literatura demostrándoselo con un juego que consistía en una combinación de palabras verdaderamente diabólica. Los actuales aficionados al Sudoku conocen y desafían su dificultad, pero no cejan en su empeño de encadenar y  descifrar cada una de las casillas.

Todo lo que precede me lo ha sugerido la última decisión del presidente del Parlamento europeo, el italiano David Sassoli, que contradice el contenido de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2019. Apoyándose en un acuerdo de la Junta Electoral Central española, acuerda que Oriol Junqueras ha dejado de ser europarlamentario. Se salta así el contenido de la resolución del Tribunal de Luxemburgo que dice clarísimamente que goza de inmunidad desde el momento en que fue proclamado electo y que, en todo caso, si los tribunales españoles estiman que no puede ir a la sede del Parlamento Europeo, deben pedir el suplicatorio para levantar la inmunidad.

EL ARTÍCULO 9.3 DE LA CONSTITUCIÓN RECUERDA LA IRRETROACTIVIDAD DE LAS DISPOSICIONES SANCIONADORAS O RESTRICTIVAS DE DERECHOS INDIVIDUALES, POR LO QUE LA IMPOSIBILIDAD DE JUNQUERAS PARA SER PARLAMENTARIO EUROPEO TENÍA QUE HABER CONCURRIDO EN EL MOMENTO DE SU CANDIDATURA

Para complicar más el enrevesado crucigrama, los servicios jurídicos del Parlamento Europeo han llegado a una decisión absolutamente incongruente y de consecuencias inaceptables para la razón y el sentido común. Para los que lanzan campanadas de alegría diciendo que ha triunfado el Estado de Derecho, les recuerdo que, en esta decisión críptica e incomprensible, se afirma textualmente que Oriol Junqueras  ha sido parlamentario europeo desde el 13 de junio de 2019 hasta el 3 de enero de 2020. Es decir, que más o menos durante seis meses ha tenido todos los derechos y las mismas prerrogativas que el resto de los miembros de esta institución. Y sin embargo, parece que nadie se los ha respetado.

La contradicción es evidente: así, durante ese periodo de tiempo, Oriol Junqueras disfrutaba de las inmunidades y privilegios, derechos económicos y funcionales propios de un parlamentario europeo, con lo que con esta decisión del Parlamento europeo por un lado se le priva de su condición y por otro se le reconoce que la ha ostentado temporalmente, incluso después de ser condenado en sentencia firme, lo que le da derecho, entre otras cosas, no solo a gozar de inmunidad sino también a recibir los emolumentos correspondientes.

Hasta que no vea en su totalidad el contenido de la decisión adoptada por la presidencia del Parlamento, la cual con toda seguridad va a provocar un debate encendido en la sesión del 13 de enero, no puedo entender que esta invoque como obstáculo insalvable para mantenerle en su cargo hasta que se conceda el suplicatorio la decisión de la Junta Electoral Central de considerarlo inelegible con arreglo a la legislación electoral española. En primer lugar, nuestro texto constitucional recuerda, en el artículo 9.3, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras o restrictivas de derechos individuales, por lo que la imposibilidad del señor Oriol Junqueras para ser parlamentario europeo tenía que haber concurrido en el momento en que presentó su candidatura. También me parece inconstitucional la retroactividad desfavorable que tanto el Tribunal Supremo como la Junta Electoral Central se han sacado de la chistera al equiparar la inelegibilidad con la incompatibilidad. Esto supone un manejo de los conceptos y de los términos que dista mucho de una interpretación racional y constitucional.

Trataremos de ordenar el sudoku siguiendo la cronología de los acontecimientos. Durante toda la tramitación del procedimiento penal contra varios miembros del Gobierno de la Generalitat y la presidenta del Parlament, el vicepresidente Oriol Junqueras fue autorizado a presentarse a las elecciones generales para el Parlamento español. Resultó elegido y el tribunal sentenciador le permitió que fuese a la sede del Congreso de los Diputados y tomase posesión de su cargo.

Posteriormente, se convocaron elecciones al Parlamento europeo y Junqueras, en el ejercicio de sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho de acceso a cargos públicos, presenta su candidatura, que es aceptada, y se somete al escrutinio de las urnas, saliendo elegido parlamentario, con la consiguiente renuncia, en este caso sí por incompatibilidad, con su cargo en el Congreso de los Diputados. Su condición de electo aparece declarada de manera oficial en el BOE del 14 de junio de 2019 en el que se publica la lista de los candidatos electos al Parlamento Europeo.

El Tribunal Supremo, que había terminado las sesiones del juicio oral el 12 de junio de 2019 por decisión propia y sin que ninguna parte se lo pidiera inicialmente, decidió someterse a una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cualquier juez de nuestro país sabe que, tanto en el caso del planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad ante nuestro Tribunal Constitucional como de la cuestión prejudicial ante la justicia europea –absolutamente equivalentes–, debe suspender el procedimiento hasta recibir respuesta porque precisamente ambas están previstas para que los tribunales requeridos den su opinión sobre cuestiones que son  indispensables para dictar sentencia.

Lejos de cumplir con estas normas elementales recogidas en las normas de procedimiento y notas complementarias de la Secretaría del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en lugar de esperar su decisión y sin explicación o justificación alguna, el Tribunal Supremo decide dictar sentencia el 14 de octubre de 2019.  Quizá porque el día 15, se cumplía el plazo de dos años de prisión provisional de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. En los antecedentes procesales de la sentencia condenatoria no se alude ni se menciona que está pendiente de resolverse una cuestión prejudicial que puede convertirse en crucial para la decisión definitiva y señalar el camino que habría que recorrer antes de condenar a un parlamentario electo.

CUALQUIER JUEZ DE NUESTRO PAÍS SABE QUE, TANTO EN EL CASO DEL PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ANTE EL CONSTITUCIONAL COMO DE LA CUESTIÓN PREJUDICIAL ANTE LA JUSTICIA EUROPEA, DEBE SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO HASTA RECIBIR RESPUESTA

Sigue el sudoku. El 19 de diciembre de 2019, de forma clara y tajante, el Tribunal de Luxemburgo dicta sentencia, y en la parte dispositiva (la única que nos interesa) declara que  Oriol Junqueras es parlamentario desde que fue declarado electo, goza de inmunidad y debe ser puesto en libertad. Añade, como vía de escape o posible salida a su situación procesal, que si las leyes nacionales le impiden acudir a la sesión parlamentaria del día 13 de enero, se debe pedir el suplicatorio a la mayor brevedad posible. Es decir, el día en que se dictó la sentencia, y así lo ratifica la extraña y desconcertante decisión del presidente del Parlamento Europeo, Junqueras gozaba de su condición de parlamentario con todos sus atributos. Y por lo menos, y ese es el contenido de su acuerdo, hasta el 3 de enero.

Con esta decisión se abre un embrollo de difícil manejo por las instituciones europeas y concretamente por el Parlamento europeo. Los servicios jurídicos de este saben que esa decisión es recurrible ante el Tribunal General de la Unión Europea, un órgano que funciona dentro del Tribunal de Justicia Europeo que dictó la resolución en la que inequívocamente se consideraba al político catalán parlamentario inmune. Es previsible –a lo mejor me equivoco– que el Tribunal General, con competencia para conocer de las vulneraciones de derechos fundamentales por parte de las instituciones europeas (Consejo, Comisión y Parlamento), dicte una resolución en el mismo sentido que el Tribunal de Justicia, con lo que volveríamos a la casilla de salida.

En caso de que el Tribunal General confirme la vulneración de derechos fundamentales y, por consiguiente, la sentencia del Tribunal de Justicia, al Parlamento europeo no le queda más remedio que ajustarse a los términos del fallo o declaración ejecutoria y, por lo menos, recordarle al Gobierno español que pida urgentemente el suplicatorio. En el caso de ser concedido y de que se levantase la inmunidad, esto terminaría con la enmarañada madeja que han tejido el Tribunal Supremo, con su decisión de autoproponer una cuestión prejudicial, y el Parlamento Europeo, con su determinación de hacer caso a una resolución de un órgano administrativo, como la Junta Electoral Central, cuyas decisiones pueden ser recurridas ante el Supremo.

De momento, la última palabra todavía no se ha dicho ni se ha descifrado: la tendrá el Tribunal General. En todo caso, a mi juicio, el Tribunal Supremo, al dictar una sentencia sin esperar a la decisión de la cuestión prejudicial, ha quebrantado las formalidades esenciales del proceso con una posible nulidad de las actuaciones a partir, por supuesto,  de la fecha en que se dicta sentencia (14 de octubre de 2019). Todo lo demás es válido. En definitiva, ni la norteamericana que se considera creadora del damero maldito ni Conchita Montes ni muchos más podemos descifrar todavía este endiablado cruce de movimientos, que se salta las casillas, con grave riesgo para la estabilidad del Estado de Derecho.

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José Antonio Martín Pallín es abogado. Magistrado emérito del Tribunal Supremo. Comisionado español de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra).