El papel del ejército en una democracia

El reciente golpe de estado fallido en Turquía, con un saldo sangriento entre la población civil, promueve la consideración del papel que las fuerzas armadas deben jugar en una democracia.

Ejemplos de malas prácticas e intervención en los procesos políticos no faltan en las últimas décadas : Chile 1973, Portugal 1974, Argentina 1976, Turquía 1980, España 1981. A excepción del golpe en Portugal (contra una dictadura) y la intentona en España, la intervención del ejército en los países citados conllevó siempre, con mayor o menor intensidad, la violencia sobre la población civil, la restricción o eliminación de las libertades fundamentales, las detenciones arbitrarias, asesinatos, desapariciones masivas y terrorismo de Estado.

En una democracia moderna es el Estado, bajo la dirección de un gobierno legítimo salido de las urnas, quien dirige sus fuerzas armadas y sus cuerpos y fuerzas de seguridad y quien posee el monopolio de las armas, delegando su uso en dichas fuerzas y cuerpos. La función que las leyes de un Estado democrático otorga a sus fuerzas armadas deben ser acordes con el espíritu de la norma y no prestarse a más interpretaciones que las emanadas de los órganos constitucionales que tienen potestad para ello. Eso debe quedar claro en la legislación pero no siempre ocurre así.

En nuestro país hay una tarea pendiente que, a la luz de los últimos acontecimientos, deviene cada vez más urgente, y es la de la consideración del papel que la Constitución otorga a nuestras fuerzas armadas. Numerosos estudiosos y expertos constitucionalistas consideran una anomalía que la misión de las fuerzas armadas en España esté incluida en el Título Preliminar, como si se tratara de un poder más, al margen del Ejecutivo, y no en el Título IV ‐que trata de la administración civil y militar y la defensa del Estado‐ en correspondencia con las constituciones más avanzadas de los países de nuestros entorno. La inserción de la misión encomendada, (la defensa de la integridad territorial del Estado y del ordenamiento constitucional), en el Título Preliminar y no en el Título IV (Del Gobierno y la Administración), puede ser objeto de interpretaciones interesadas como las declaraciones de los generales Mena y Chicharro y numerosas amenazas veladas de altos mandos publicadas en diversos medios.

Siguiendo a Juan A. Martín Pallín (“El Ejército ¿guardian del ordenamiento constitucional?”, Blog Foro Milicia y Democracia, InfoLibre, 01/06/20116), esa anomalía parece rendir tributo a las leyes orgánicas del franquismo. Es comprensible que a finales de los años 70, cuando los ejércitos, junto con la judicatura y otros sectores inmovilistas, eran de alguna forma garantes del legado franquista (aquello del “todo atado y bien atado” pronunciado por el dictador en 1969), los políticos situaran la misión de las fuerzas armadas en un lugar preeminente de la Constitución, como una transacción política más dentro del consenso necesario para lograr una transición pacífica de un régimen autoritario a una democracia parlamentaria. Pero han pasado ya cuarenta años, la democracia está asentada y el lugar privilegiado asignado constitucionalmente a los ejércitos no tiene ya justificación alguna.

El profesor Gracia Roca, citado por Martín Pallín, acierta de pleno cuando estima que “cada vez que triunfan las estrategias militares, se declara innecesaria y superflua la política. Donde triunfa la militarización de la seguridad, se eclipsan las potencialidades de la democracia”. A los deberes pendientes de reforma de nuestra carta magna hay que añadir la inserción de los ejércitos en la parte que corresponda a las responsabilidades del Gobierno.

Debe quedar, pues, claramente instituido que, en una democracia, los miembros de las fuerzas armadas son servidores públicos, servidores del ciudadano, que actúan exclusivamente a las órdenes del Presidente del Gobierno, a través de su Ministro de Defensa.