11M: Dos años después

PD: Este artículo lo escribí dos años después del 11-M. Tras una década, las cosas no han cambiado nada…

Dos años después de la masacre ocurrida en Madrid, es tiempo suficiente para hacer un balance sobre las medidas adoptadas para tratar de evitar que un hecho similar pudiera volver a producirse y, en mi opinión, tal balance se presenta como insuficiente rayando en lo desalentador. A falta de la celebración del juicio que sentará en el banquillo de los acusados a los presuntos autores y cómplices de la barbarie, una de las varas de medir que podemos utilizar son las conclusiones de la Comisión Parlamentaria creada al efecto y cerrada de manera prematura por la mayoría de los representantes de los grupos políticos en ella presentes. Cierto es que el ámbito de una Comisión como la aludida se circunscribe principalmente al político, pero también es extensible a los aspectos de funcionamiento interno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al Centro Nacional de Inteligencia, detectando los posibles errores o negligencias y proponiendo soluciones a las mismas. Es de conocimiento general que una de las normas del buen gobierno consiste en marear la perdiz a base de Comisiones políticas en donde los propios políticos buscan responsabilidades de tipo político en políticos ajenos a su propia adscripción política. El resultado lo definió muy bien el ex-ministro y Alcalde de Zaragoza Juan Alberto Belloch cuando calificó la Comisión de Investigación como “un paripé”.

Y en buena parte, la falta de medidas correctoras a los posibles malos funcionamientos internos o descoordinaciones entre las propias FyCSE y entre éstas y los servicios de Inteligencia, se debe al fiasco de la Comisión de Investigación. Desde la llegada al poder del nuevo gobierno se han dictado una nueva serie de normas referidas principalmente al control de explosivos y se han reforzado las Unidades de Intervención de Armas dependientes de la Guardia Civil. Pero, de principio, esta cuestión fue totalmente ajena a las investigaciones de la Comisión y por otro lado constituía un acto de pura lógica dado el estado de semiabandono de esta especialidad y los visibles fallos que originaron la denominada “trama asturiana del 11-M”.

En lo referente a cambios estructurales -más que necesarios, a mi juicio- en los servicios de seguridad, a fin de paliar las deficiencias detectadas, poco o nada se ha hecho, salvo la lógica sensibilización que después de una brutalidad como la ocurrida se produce en la sociedad, en general, y en quienes tienen la misión de proteger esa sociedad, en particular.

La Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vino a desarrollar lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Española y vio la luz con demasiado retraso -ocho años después de la aprobación de la Carta Magna- con la sana intención de fijar las líneas maestras de la acción policial tanto en los Cuerpos dependientes del Gobierno Central como de los adscritos a las Comunidades Autónomas o Corporaciones Locales. Sin embargo, por diversos avatares que merecen un comentario aparte debido a su extensión, esta L.O. antedicha se ha quedado obsoleta y claramente superada por las necesidades actuales. Los evidentes fallos y las incógnitas pendientes tras el 11-M deberían haber servido como estímulo para abordar cambios estructurales en el modelo policial español, encaminados a una simplificación, mayor coordinación y mejor aprovechamiento de un potencial humano que ha demostrado su valía en no pocas ocasiones, pero del cual se puede esperar aún mayor eficacia a poco que se les dote de la infraestructura y medios adecuados a los tiempos que corren.

Por ello reitero mi desazón ante la evidente falta de iniciativas correctoras que se traducen en que dos años después del mayor atentado de la historia de este país las cosas sigan igual.