Una de las reacciones del presidente palestino Mahmud Abbas ante el llamado “acuerdo del siglo”, presentado el pasado martes en la Casa Blanca en presencia de Netanyahu, fue íntima y personal: “Ningún niño palestino, árabe, musulmán o cristiano puede aceptar un Estado palestino que no tenga la capital en Jerusalén”.
Era otro modo de declarar que el plan propuesto por Trump y recibido con alborozo por Netanyahu (a quien muchos comentaristas atribuyen su preparación) satisface los deseos israelíes en los aspectos básicos de este centenario conflicto e ignora a su pueblo.
En él se establecen las fronteras que separarán a ambos Estados; se decide el destino de los asentamientos ilegales israelíes en territorios ocupados; el estatus de Jerusalén y el futuro de los emigrados palestinos. Son los aspectos que deberían haber sido solucionados, sin intermediarios, entre la Autoridad Palestina y el Gobierno de Israel. Pero no ha sido así porque, cuando Trump reconoció en 2017 a Jerusalén como capital de Israel, la Autoridad Palestina rompió el contacto con EE.UU., que replicó cancelando toda ayuda directa o indirecta a Palestina y rechazando la ilegalidad de los asentamientos.
En realidad, este plan es una especie de ultimátum: o se acepta la propuesta de Trump o no hay nada que esperar. El mismo Trump afirmó que “podía ser la última oportunidad para los palestinos”.
Para mayor desconcierto, se decide que los territorios que en el “mapa de Trump” son palestinos “permanecerán abiertos y sin desarrollar durante cuatro años”. Es el plazo que se da a los palestinos para estudiar el acuerdo, negociar con Israel y “definir los criterios de la estatalidad”.
En resumen: el Estado que se ofrece al pueblo palestino está mutilado. La capital palestina podrá estar en los suburbios orientales de Jerusalén, pero no en el Jerusalén Oriental, ocupado por Israel en 1967, como era el deseo histórico palestino. El centenar y medio de asentamientos ilegales construidos desde entonces, donde residen 600.000 judíos israelíes, han quedado legalizados automáticamente, contraviniendo los acuerdos de la ONU. Es también la ONU la que sostiene más de 5,5 millones de refugiados palestinos expulsados de sus tierras durante la guerra de 1948-49, que jamás podrán regresar.
El presunto “acuerdo del siglo” es más un objetivo electoral para la campaña de Trump que un plan de paz en Palestina que tenga presentes los intereses de los pueblos implicados.
En mayo de 2019 escribí en estas páginas un comentario (“Israel: el explosivo de acción retardada”) que concluía así:
“En la actual situación, Israel sigue aparentando ser una democracia, aunque sea un Estado donde gran parte de la población carece de muchos derechos políticos. No merece la pena discutir sobre la anexión de Cisjordania, se comenta en Palestina: ‘Lo que hay que discutir es por qué la actual situación se ha ido desarrollando y profundizando a plena luz desde hace muchos años, sin que la comunidad internacional haya hecho nada por impedirlo’. La mecha sigue encendida y no puede anticiparse cuándo estallará otra vez ese barril de pólvora”.
No se ven razones que hagan pensar que el plan propuesto por Trump vaya a modificar esta inquietante perspectiva.
Alberto Piris es General de Artillería en la reserva