Territorios de soberanía

Los pasados 16, 17 y 18 de mayo, la ciudad autónoma española de Ceuta, y en mucha menor medida la de Melilla unos días después, sufrió la entrada inesperada y en avalancha –se calculan algo más de ocho mil personas, mil quinientas de ellas menores—de inmigrantes a nado o en precarios medios de navegación a la playa del Tarajal, procedentes de la vecina ciudad marroquí de Castillejos al sur, bordeando el espigón que sirve de frontera entre ambos países adentrándose unos metros en el mar, complementada por otra avalancha menor por la zona de Benzú, al norte, al otro extremos de la ciudad.

Rápidamente se supo, y Marruecos no hizo ningún esfuerzo por disimularlo, que el aparatoso cruce de la frontera entre los dos países se había organizado por las propias autoridades marroquíes con rumores, que resultaron ciertos, de que la policía marroquí no pondría ningún impedimento e incluso echaría una mano y con otros más anecdóticos y falsos, como que Ronaldo iba a jugar un partido de fútbol en Ceuta. Incluso, se sabría algo más tarde, que muchos de los menores (incluidos niños de siete u ocho años) habían sido deliberadamente engañados para participar, sin el consentimiento ni el conocimiento de sus padres.

Tampoco Marruecos hizo ningún esfuerzo por disimular las razones de su órdago/chantaje: su irritación por la acogida y hospitalización en España el mes anterior (al parecer desde el 18 de abril) del presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, 73 años, aquejado de una doble neumonía de origen pandémico. Acogida y hospitalización que las autoridades españolas admiten “por razones humanitarias”.

Un episodio más del largo contencioso entre España y Marruecos por la soberanía de ciertos territorios, cuyo origen inmediato (la controversia es histórica) podemos situarlo en el fin del doble protectorado hispano-francés y la independencia marroquí en 1956. Desde entonces: Ifni, Sidi Ifni, Sáhara Occidental y todavía Ceuta, Melilla, Chafarinas, peñones de Vélez de la Gomera y Alhucemas e islote de Perejil.

Un episodio que relaciona dos de estos escenarios. Ocurre en Ceuta y Melilla, pero su causa es el Sáhara Occidental, donde Marruecos, no suficientemente satisfecho con su invasión y ocupación civil militarmente organizada (Marcha Verde) en 1975 aprovechando un momento de extremada debilidad política en España, pretende que España eluda sus responsabilidades internacionales mandatadas por la propia ONU y su Comité de Descolonización, acepte su plena soberanía sobre el territorio del Sáhara Occidental y condene y deje de relacionarse –no digamos de ayudar y cooperar, aunque solo sea en el plano humanitario– con el representante de la población saharaui a la que en 1975 se le burló su derecho a decidir sobre su futuro y sobre su autodeterminación, el Frente Polisario.

Un episodio que muestra, por tanto, una vez más, la explícita determinación de Marruecos de no cejar en sus reivindicaciones territoriales por mucho que pase el tiempo ni por buenas que parezcan sus relaciones con España en otros ámbitos. Un nuevo episodio que vuelve a alertarnos, por tanto, de que la reivindicación sobre Ceuta y Melilla, y demás islas e islotes, continuará de forma recidivante en el futuro.

Hoy día, esta disputa se centra en términos geográfico-históricos. La reivindicación marroquí se basa en la ubicación africana de estos territorios y en la mucho más ambigua e históricamente poco válida presencia de población musulmana en estas dos plazas a la llegada de los europeos; a Ceuta, primero los portugueses (Juan I de Portugal, 1415), incorporándose a la corona de España al reunir Felipe II bajo el único cetro de la Casa de Austria la dos coronas de España y Portugal (1580); a Melilla con la conquista de la plaza por D. Pedro de Estopiñán, jefe para la expedición de las huestes feudales del duque de Medina Sidonia, en nombre de los Reyes Católicos (1497).

Son estas mismas fechas (1415/1580 y 1497), y los seis siglos transcurridos desde entonces, las que España presenta como su derecho de soberanía sobre ambas ciudades, invalidando el argumento de “población musulmana ya existente emparentada con la marroquí de los territorios aledaños” en función de la inexistencia en esas fechas de ningún “Estado” del que el actual Reino de Marruecos pueda considerarse continuador y descendiente y que además tuviera esos territorios bajo alguna forma de jurisdicción. Que la población encontrada por los europeos (incluso parece que en Melilla “no había nadie” cuando llegó D. Pedro de Estopiñán) fuera musulmana no quiere decir exactamente que fuera “marroquí”.

Convenzan o no a unos u a otros estas argumentaciones, la realidad es que en el mundo actual el concepto de soberanía se ha diluido de tal forma, con las grandes multinacionales y corporaciones financieras hablando de tú a tú incluso con las grandes potencias, con las organizaciones internacionales de todo tipo asumiendo cada vez mayor número de competencias y con las tendencias a la descentralización y a la municipalización para acercar el poder de decisión a la ciudadanía (al modo de las viejas polis de la Grecia clásica), que estos aspectos histórico-geográficos son, en nuestros días, meras argumentaciones tradicionales solamente sustentadas por las capacidades económicas y militares de quienes las arguyen. Argumentos histórico-geográficos que están siendo paulatinamente sustituidos por la fuerza del demos, de las poblaciones sobre las que deben recaer las consecuencias de las decisiones.

Y en este sentido, quizá convendría recordar que, en Ceuta y Melilla, desde hace ya bastante tiempo, entre otras razones por las diferentes tasas de natalidad de las dos poblaciones, la proporción de población de origen o ascendencia marroquí no para de crecer en detrimento de la de origen o ascendencia española o peninsular. Estando la primera actualmente en el 43/44% en Ceuta y en 52/53% en Melilla (con datos del periodo 2019-2020). Lo que puede interpretarse como que en un periodo de tiempo más o menos largo, estas proporciones pudieran llegar a cifras del sesenta y pico e incluso del setenta y pico por ciento de población de origen o ascendencia marroquí. Suficientes como para que Marruecos sustituya y/o complemente sus argumentos geográfico-históricos de reivindicación con el de “las aspiraciones de la mayoría de la población”, el gran Santo Grial de nuestra época, que, muy probablemente, sería aceptado y bien acogido por un buen número de países y organizaciones internacionales y no gubernamentales, incluidos, quizás, algunos y algunas de esos que hoy día conocemos como nuestros socios y aliados y los países de nuestro entorno. Y suficientes como para que los órganos políticos de gobernanza locales en ambas ciudades estén ocupados por los partidos y personas que representen a esas nuevas mayorías de ciudadanos.

Ahora bien, el origen, la ascendencia o la religión no tienen por qué ser, de hecho no lo son, las únicas motivaciones de los ciudadanos a la hora de elegir y decantarse por determinadas opciones políticas y vitales. Y la mayoría de las propias poblaciones de origen o ascendencia marroquíes ceutíes y melillenses actuales nos lo demuestran, según nos dicen las encuestas y los estudios sociológicos: prefieren seguir siendo españoles (o viviendo en España). Porque el nivel de vida es más alto, porque hay más oportunidades. Lo que quiere decir que el problema no es, no tiene por qué ser en el futuro, que sean más, sino que viven, que vivan mejor.

Y ese es el riesgo real que corre la españolidad de Ceuta y Melilla (arrastrando a las demás islas e islotes). Su progresivo deterioro socioeconómico que puede llegar a hacerlas poco atractivas y, sobre todo, menos atractivas que sus áreas circundantes, donde Marruecos, país de acelerado crecimiento económico y desarrollo en los últimos tiempos, ha construido el gran emporio industrial del puerto de Tánger-Med en las cercanías de Ceuta y está construyendo la réplica de este en las cercanías de Melilla, el Nador-Med.

Mientras, nuestros territorios norteafricanos siguen estando cada vez más a la cola de las ciudades y Comunidades españolas. Sus renta/PIB per cápita son el 78’6% (Ceuta) y el 72’1% (Melilla) de la española, sus tasas de paro del 28’5% (Ceuta) y del 21’5% (Melilla) frente a la media nacional del 15’9%, que en el caso del paro juvenil alcanza las cifras del 72% (Ceuta) y del 67% (Melilla). Se podrían seguir enumerando bastantes indicadores socioeconómicos más, como la esperanza de vida, el número de camas hospitalarias por determinado número de habitantes, el Índice Gini o la población en riesgo de pobreza o pobreza extrema; y en todos ellos encontraríamos la misma situación relativa con el resto de España. Datos que hay que interpretar a la luz del hecho contrastado de que el nivel de vida y renta de las poblaciones de origen o ascendencia española de ambas ciudades, conformado en gran medida por funcionarios (nacionales o locales), son bastante superiores a los de las poblaciones de origen o ascendencia marroquí, donde se concentra la pobreza, el paro y la marginación. Es decir, donde se concentra ese demos futuro al que, quizás algún día, haya que preguntarle o luche porque se le pregunte a qué país quieren o les conviene pertenecer, bajo qué soberanía se sentirían más protegidos.

¿Estamos, en consecuencia, ante un problema de seguridad? ¿De seguridad nacional futura? Creo que puede considerarse que sí. Un problema de seguridad nacional futura que solamente puede enfrentarse desde ahora con medidas socioeconómicas, que son de lenta implantación y resultados y que no pueden improvisarse cuando ya se está viéndole las orejas al lobo. Medidas socioeconómicas que no pueden dejarse al libre albedrío de la iniciativa privada, que legal y legítimamente solamente se moviliza en función de los beneficios, cuanto más inmediatos, mejor, y no por cuestiones de soberanía, ese anticuado concepto que tanto estorba a la globalización, la gran religión de nuestros días.

¿Está esta preocupación –y su posible intento de preverla y prevenirla— en los célebres Plan 2050 (Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo), Agenda 2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible) o la todavía non nata Estrategia de Seguridad Nacional 2021 gubernamentales y/o sus futuras ampliaciones llegadas esas fechas? ¿E, incluso, lo está, aunque sea solo a modo de “posible contingencia, amenaza o riesgo”, en los no menos célebres Escenario y Fuerza 2035 del Ministerio de Defensa? ¿O ya todo solo es, y para siempre, “defensa adelantada” y “respuesta flexible” allende nuestras fronteras?

Enrique Vega Fernández es  coronel de Infantería (retirado)