Perdonen que discrepe

Publicado en Elperiodicodearagon.com

Nuestra vigente constitución define a España como un régimen político democrático. Entre otras características es necesario, por tanto, que haya libertad de opinión, asunto difícil de calibrar ya que usted o yo podemos tener una idea discrepante sobre si alcanzamos el estándar preciso o si, por el contrario, si estamos ante un grave déficit.

En relación con Juan Carlos de Borbón y el anuncio de su marcha a vivir fuera de España se está produciendo una importante avalancha de opiniones y de todos los colores, y yo voy a darles la mía.

A quienes tengan la amabilidad de leer estas líneas les voy a pedir un esfuerzo: que se trasladen mentalmente unos años atrás y se sitúen en el momento en el que un país, muy rico y nada democrático, casi feudal en su forma de gobernar, se dispone a aprobar un contrato de gran relevancia técnica y económica. Imaginemos que es una obra de infraestructuras ferroviarias de alto nivel. España, con algunas empresas de categoría mundial en esa materia, es uno de los aspirantes. El modo en el que se va a adjudicar el contrato no es el usual en el mundo democrático ya que la pregunta no va a ser: ¿lo hacemos bien o con corrupción?, sino esta otra: ¿lo hacemos con corrupción o se lo adjudicamos a otro? Ese es el dilema. A lo mejor para ayudar a responder a estas preguntas deberíamos plantearnos si un país tan democrático como Francia rechazaría una obra de esa envergadura. Ahora, para añadir más elementos de análisis, voy a recordar lo ocurrido hace ahora dos años, más o menos, cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, apuntó la posibilidad de que cierto contrato de material de guerra firmado con Arabia Saudí no se cumpliese porque ese país estaba en esos momentos en un conflicto armado, en Yemen del Sur. Las consecuencias eran evidentes, puesto que en Cádiz, foco productor de ese material, un buen número de trabajadores podrían ir al paro. Una cierta opinión pública, entre la que me encontré yo con un artículo en este periódico, criticó a la ministra y en esa ciudad se organizó una gran manifestación encabezada por su alcalde, de Podemos. El resultado ya lo conocemos, se cumplió con el contrato. No siempre se pueden conciliar los escrúpulos morales con los intereses de miles de trabajadores. Ahí está el dilema, lo éticamente correcto y lo políticamente adecuado.

EN ESTOS momentos el asunto del que estamos tratando, bajo la óptica jurídica, se encuentra así. Un fiscal suizo ha realizado algunas averiguaciones en las que el rey Juan Carlos pudiese verse implicado en la comisión de algún delito. Fruto de ello, y de la cooperación judicial internacional, en España, en el Tribunal Supremo, se ha puesto en marcha un estudio, dentro de su fiscalía, para analizar si habría materia suficiente para poner en marcha un proceso judicial penal. No hay nada más. Para evitar posibles frustraciones futuras hay que saber que se trataría de delitos relacionados con la corrupción y en esa materia las posibilidades probatorias son muy difíciles. A ello hay que añadir que entrarían en juego países como Arabia Saudí, del que no cabe esperar colaboración alguna, y Suiza, el más conocido de los paraísos fiscales del mundo, que ha hecho de la custodia de fortunas opacas una de sus principales fuentes de financiación, por lo que tampoco debemos esperar esfuerzos de transparencia notables. Y en corrupción hay corruptores y corrompidos, por lo que deberíamos pensar, si avanzan las investigaciones, en encontrar a esos portadores de maletines. La experiencia en España, y tenemos abundantes casos de corrupción en nuestros juzgados, es que nunca se ha condenado a los propietarios del dinero.

Políticamente ya es otro asunto. Aquí caben todas las opiniones y así nos podemos encontrar a quienes ya, en este momento, han juzgado y condenado a Juan Carlos I, al que llaman ladrón y corrupto. Ni siquiera le reconocen los mínimos principios de presunción de inocencia. Los hay indignados porque haya decidido irse a vivir fuera de España. En fin, que las opiniones son libres.

DURANTE LOS cuarenta años en los que ha reinado ha realizado acciones muy criticables y no es verdad que se hayan ocultado. Una buena información la tienen en: Sabino Fernández Campo, un hombre de Estado, Barcelona 2000, libro del que soy autor. Pero ello no invalida una gran labor política, sin llegar al extremo de afirmar que él trajo la democracia, no es cierto, la trajimos los españoles, apoyados en partidos políticos y organizaciones sociales muy variadas. Que ha sido un actor principal en el derrumbe del franquismo y en su sustitución por la democracia es algo cierto y así hay que reconocerlo.

Aprovechar la investigación en marcha para cuestionar la monarquía es algo que se puede plantear, sin duda, pero que a mi juicio no es razonable. Partidos nacionalistas, cuyo objetivo es destruir España tal como la conocemos hoy, se han puesto al frente de la manifestación ya que para ellos criticar a la monarquía es atacar a España. Y volver a situar monarquía = derechas y república = izquierdas es otro dislate que no conduce más que a revivir un drama. Un poco de sensatez, por favor.