Han transcurrido ya casi 43 años desde que Marruecos expulsara a España del Sáhara Occidental y la sustituyese, a sangre y fuego, en su papel de potencia colonial y país ocupante.
Esta maniobra fue llevada a cabo con el asesoramiento estratégico y el visto bueno de Henry Kissinger, ex secretario de Estado de Estados Unidos, y se instrumentó mediante la tristemente célebre Marcha Verde, con la que el rey de Marruecos, Hassan II, empujó a 350.000 súbditos civiles sobre la frontera noroccidental del Sáhara Español (noviembre de 1975). Días antes, y sin publicidad alguna, tropas militares marroquíes penetraban en el territorio saharaui por la frontera nororiental.
Hassan II hizo un aprovechamiento abyecto de la agonía del dictador Francisco Franco, que moriría el 20 de noviembre de 1975 y cuyo régimen caduco se hallaba extremadamente debilitado por la larga lucha de las fuerzas democráticas contra la Dictadura.
Enfrentado a la tesitura una más que posible matanza de civiles (los integrantes de la Marcha Verde) y la amenaza de una inminente guerra con Marruecos, el Gobierno español –paralizado por la agonía de Franco- optó por retirarse, cediendo al chantaje alauita, incumpliendo la palabra dada y sus obligaciones internacionales, dejando paso libre a las tropas marroquíes y abandonando a los saharauis (en aquel entonces, ciudadanos españoles) en manos de su peor enemigo.
Tras la Marcha Verde, la invasión y la ocupación del Sáhara Occidental se “formalizó”, el 14 de noviembre de 1975, mediante unos ilegales “Acuerdos Tripartitos de Madrid”, en virtud de los cuales España cedía temporalmente la administración (no la soberanía) del territorio saharaui a Marruecos (las dos terceras partes del territorio, en el Norte) y Mauritania (el tercio restante, en el Sur), comprometiéndose a abandonar su provincia africana antes del 28 de febrero de 1976.
A partir de esta última fecha estallaría la guerra de Marruecos y Mauritania contra el Frente Polisario. Los militares marroquíes, ebrios de delirio, persiguieron y bombardearon a la población civil saharaui, tanto en sus asentamientos como en su huida en desbandada a través del desierto, perpetrando una horrible masacre dirigida a eliminar a todo un pueblo y obligando a buena parte de la población superviviente a traspasar la frontera de Argelia y refugiarse en la zona más árida del desierto (los campamentos de Tinduf), donde sobrevive ejemplarmente desde entonces, habiendo constituido su propio Estado en el exilio: la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
Desde entonces, la ONU (tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad) ha aprobado decenas y decenas de resoluciones sobre el Sáhara Occidental, reconociendo reiteradamente el derecho del Pueblo Saharaui a su autodeterminación y exhortando a Marruecos a abandonar un territorio que no le pertenece y sobre el que no ostenta ningún título de soberanía, como había dictaminado el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya.
En España, tras la muerte de Franco, los primeros gobiernos de la Transición a la democracia y los partidos de la oposición, apoyaron al Frente Polisario y al Pueblo saharaui en su lucha contra el invasor y en apoyo de un referéndum de autodeterminación.
En 1991, tras 16 años de guerra, la mediación de la ONU y la OUA logró el cese el fuego, acordándose en contrapartida la celebración de un referéndum de autodeterminación, compromiso que fue aceptado por Marruecos. Pero desde esa fecha, en que España y Marruecos firmaron un Tratado de Amistad y Cooperación, se inició un giro en la posición oficial española, que se mantiene hasta hoy y que resulta inexplicable para la mayor parte de la sociedad española, ampliamente solidaria con la causa saharaui.
Tras diversos intentos de solución al conflicto, siempre desbaratados por las élites gobernantes en Marruecos, finalmente, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó, el 30 de abril de 2007, la Resolución 1754, emplazando a Marruecos y al Frente POLISARIO a entablar negociaciones directas para lograr una solución política definitiva a la cuestión del Sáhara Occidental. En el marco de dicha Resolución, el Secretario General de la ONU invitó a las partes a una primera ronda de negociaciones, en junio de 2007, en Manhasset, cerca de Nueva York. La segunda ronda tuvo lugar en agosto. Y una tercera, en enero de 2008. Esta vez, se había planteado celebrarla en la ciudad suiza de Ginebra, sede del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y también del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), organismos a los que tantas veces han tenido que recurrir los representantes legítimos del Pueblo saharaui para denunciar las reiteradas tropelías del régimen marroquí. Pero la celebración de dichas negociaciones en una ciudad europea como Ginebra hubiera atraído la atención de toda Europa; y no es descartable que Rabat, Washington y París presionaran para que, finalmente, se celebrara en New York, lejos de Europa y de África, en el propio campo de juego de los poderosos, influyentes y multimillonarios grupos de presión (lobbies) marroquíes de que hablan expertos como Frank Ruddy, Tomás Bárbulo o Carlos Ruiz Miguel. Las diversas rondas celebradas concluyeron sin apenas avances.
Muy recientemente, a finales de septiembre de 2018, el Enviado Personal del Secretario General de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, el expresidente alemán Horst Köhler, invitó al Frente Polisario a negociaciones previas con Marruecos en Ginebra, previstas para principios de diciembre y que deberían marcar el relanzamiento del proceso de paz en el Sáhara Occidental, estancado desde 2012.
Las líneas que siguen rebaten los presuntos argumentos de los gobernantes marroquíes, refutando, punto por punto, los términos expuestos en un artículo publicado en el diario EL PAÍS, que confundió a la opinión pública española y colmó las iras del amplio movimiento de solidaridad con el Pueblo saharaui.
Las pretensiones marroquíes
El mismo día en que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobaba su –hasta entonces- última resolución sobre el Sáhara Occidental (30 de abril de 2007), el diario EL PAÍS publicaba, en sus páginas de Opinión, un artículo de Bernabé López García (BLG) titulado “Aplazar la utopía, defender la dignidad”, que, en esencia, trataba de justificar la posición del Gobierno marroquí sobre el futuro del Sáhara Occidental. Argumentaba el autor que la oferta marroquí (el plan de autonomía presentado por Marruecos en abril de 2007) constituía una oportunidad histórica única para que el Pueblo Saharaui y su territorio del Sáhara Occidental se integrasen en Marruecos, en una región de autonomía limitada bajo soberanía marroquí. Para afianzar su argumentación, el mencionado autor equiparaba las concesiones que el Partido Comunista de España (PCE) hubo de hacer al inicio de la transición de España a la democracia, a las que -en su opinión- debería hacer ahora el Frente Polisario, abandonando así su derecho a la autodeterminación y a la independencia (por “utópica”, según el Sr. BLG). En opinión de dicho articulista, si el Pueblo saharaui y, en definitiva, la RASD, se doblegasen a aceptar esas concesiones, ello permitiría a los saharauis acabar con la diáspora, el exilio, el sufrimiento y vivir con dignidad. En caso contrario, concluía BLG a modo de sutil amenaza velada, el Pueblo saharaui se vería obligado a continuar en el exilio, un largo y penoso exilio que dura ya más de cuatro décadas.
En mi opinión, este planteamiento, además de ser un mero exponente de las pretensiones alauitas, eludía cuestiones fundamentales y contenía presuntos argumentos que no se ajustan a la realidad, desvirtuándola totalmente, como se expone a continuación.
- Es una falacia comparar la situación de España y del PCE, al inicio de la transición española a la democracia, con la del Frente Polisario y la de un Marruecos invasor que ha pretendido anexionarse de factoun territorio sobre el que no ostenta ningún título de soberanía. Entre otras diferencias relevantes (un Frente de Liberación Nacional es bastante más que un partido político y tiene unos fines mucho más amplios), el PCE pertenecía a una misma y única nación, mientras que Marruecos invadió y ocupó, ilegal e ilegítimamente, un territorio ajeno. Son dos situaciones que nada tienen que ver y cuya comparación, por tanto, no se sostiene.
- La credibilidad de los gobernantes marroquíes en el contencioso del Sáhara Occidental es nula. El Ejército marroquí ametralló y bombardeó a los saharauis con napalm, fósforo blanco y bombas de fragmentación (lanzadas desde cazas de fabricación francesa de última generación y F-5), obligando a la mayor parte de la población superviviente al genocidio -todavía hoy impune- al éxodo y al refugio forzoso en las zonas más duras e inhóspitas del desierto argelino. En la todavía entonces provinciaespañola, Marruecos impuso una segunda colonización – ¡en el último tercio del siglo XX, cuando ya todo el resto de África había logrados su descolonización! -, abortando con ello el proceso descolonizador español, requerido por la ONU ya en la década de 1960. Desde un principio, los dirigentes marroquíes han desafiado la legalidad internacional y han obstruido de manera torticera y sistemática la solución internacionalmente reconocida para estos procesos (el referéndum de autodeterminación). Y después de una guerra de 16 años contra el pueblo saharaui y de haber desbaratado todos los planes propuestos por Naciones Unidas, el Majzén marroquí hace ahora la oferta unilateral, al Frente Polisario –representante legítimo del pueblo saharaui-, de negociaruna autonomía limitada sobre la base, innegociable, de la marroquinidad del territorio saharaui, sin cabida, por supuesto, para la autodeterminación ni, en su caso, la independencia. Para quienes aún tengan alguna duda, y como prueba fehaciente del sistemático comportamiento del invasor y ocupante marroquí, conviene recordar también aquí el violento desmantelamiento en 2010, por las fuerzas de ocupación marroquíes, del campamento saharaui de Gdeim Izik, en las proximidades de El Aaiún ocupada, y las condenas a cadena perpetua subsiguientes tras un juicio farsa a los presos políticos saharauis.
- Después de tanto tiempo (43 años) de ocupación y exilio, de tantos compromisos incumplidos, de tantas zancadillas al proceso descolonizador, Marruecos sigue apostando por su política de hechos consumados: una vez ya invadido y ocupado militarmenteel Sáhara Occidental, y masacrada y desterrada parte de su población autóctona, lo que se negociaría entre las Partes sería, como máximo, algunas condiciones de la pretendida autonomía y del proceso correspondiente; el pueblo saharaui tendría que aceptar y padecer, de entrada, la sumisión y la anexión a Marruecos, cuyo régimen político era rechazado en las urnas -precisamente cuando BLG publicaba su artículo- e incluso era objeto de severas críticas en el propio seno de la familia real alauita. ¿Es esto lo que el articulista de EL PAÍS (BLG) llama “defender la dignidad”? ¿No está establecido en la Carta y en las múltiples resoluciones de las Naciones Unidas que la solución a los problemas de descolonización es el referéndum de autodeterminación con todas las opciones abiertas?
- ¿Qué haríamos los españoles en un supuesto similar, es decir, si “ellos” (los saharauis) fuesen los españoles -nacionalidad que tenían, de hecho, en el momento de la invasión marroquí- y “nosotros” (los españoles) fuéramos los saharauis y estuviéramos en su situación? ¿Qué hicimos cuando nos invadieron las tropas napoleónicas, el ejército más poderoso de Europa? ¿Renunciamos acaso a nuestra independencia? ¿Dejamos pisotear nuestra dignidad? No; el pueblo español se levantó, combatió -como ha hecho también el pueblo saharaui- y expulsó al invasor, con las horribles consecuencias inmortalizadas por el genial pintor Francisco de Goya en Los fusilamientos del tres de mayo (de 1808). Hoy, algunos de aquellos miles y miles de patriotas que se sublevaron contra el invasor son honrados como héroes en el cementerio de La Florida, en Madrid.
La RASD y el referéndum
- Precisamente porque Marruecos negó a los saharauis –primero, con la invasión y la ocupación y, después, con la trasgresión sistemática de la legalidad internacional- la realización de lo que ahora el Sr. BLG y otros corifeos del Majzén pretenden calificar de utopía, el pueblo saharaui no tuvo otra salida -para defender su dignidad y su supervivencia como tal pueblo- que proclamarse República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en el exilio, habiendo sido reconocida por más de ochenta países y por la OUA, actual UA, de la que es miembro fundador de pleno derecho. Y, desde la declaración de cese el fuego en 1991, auspiciado por la ONU y la OUA, la RASD ha optado por la vía pacífica para proporcionar a su pueblo un futuro legítimo y digno, que pasa necesariamente por el inalienable derecho a la autodeterminación.
- Ahora bien, el referéndum de autodeterminación era la contrapartida acordada a cambio del cese el fuego en 1991. Si Marruecos no cumple sus compromisos y la comunidad internacional no presiona firmemente a los dirigentes marroquíes para lograr su cumplimiento efectivo, ¿debemos esperar que el Frente Polisario y el Pueblo saharaui vayan a quedarse eternamente cruzados de brazos, sentados sobre la arena del desierto, contemplando impasibles cómo pasan delante de sus ojos las cenizas de su República y los cadáveres de generaciones y generaciones de saharauis? Además, como señala el profesor estadounidense Stephen Zunes, si no se reparara la enorme injusticia perpetrada contra el Pueblo saharaui, ello podría no sólo dejar muy maltrecha la máxima institución internacional para la preservación de la paz, sino también sembrar el odio en la población ultrajada y ser fuente de inestabilidad futura en el Magreb, si es que no, además, en otras partes del mundo.
Dos proyectos muy diferentes
- No “hay encima de la mesa dos proyectos coherentes que reconocen el derecho al autogobierno del pueblo saharaui”, como sostiene BLG. El documento presentado, en abril de 2007, por el Frente Polisario al Secretario General de la ONU, para su debate en el Consejo de Seguridad, lleva por título “Propuesta del Frente Polisario para una solución política mutuamente aceptable que asegure la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental”. En cambio, el título del presentado por los dirigentes marroquíes es otro bien diferente: “Iniciativa marroquí para la negociación de un estatuto de autonomía para la región del Sahara”. Sobran comentarios. La propuesta del Frente Polisario afirma y defiende la legalidad internacional avalada por las resoluciones de las Naciones Unidas y la Unión Africana (UA) y los dictámenes del TIJ o del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), mientras que el proyecto de Marruecos la niega o, cuando menos, la mutila considerablemente. Ya en abril de 2006, en su Informe al Consejo de Seguridad, el Secretario General de la ONU decía textualmente: “[…] Mi Enviado Especial […] había hablado de negociaciones sin condiciones previas con miras a lograr una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que permitiera la libre determinación de la población del Sáhara Occidental. El Consejo de Seguridadno podía invitar a las partes a negociar sobre una autonomía del Sáhara Occidental bajo soberanía de Marruecos, ya que ello implicaría el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, cosa que estaba fuera de cualquier consideración, dado que ningún Estado Miembro de las Naciones Unidas había reconocido dicha soberanía”. Y en la Resolución ya citada del Consejo de Seguridad, de 30 de abril de 2007, nuevamente se “exhorta a las partes a que entablen negociaciones de buena fe sin condiciones previas […], con miras a lograr una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que conduzca a la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental”. Pero hay que añadir que Marruecos sí ha puesto condiciones previas (nada se negociaría fuera de su “proyecto de autonomía”, en palabras del propio Mohamed VI) y que en absoluto ha obrado de buena fe, sino todo lo contrario, desatando una feroz represión contra la población saharaui de los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental y del propio Marruecos.
Legalidad internacional, utopía y laissez faire
- La legalidad internacional es –con todas sus deficiencias- el conjunto de normas que los humanos nos hemos dado como marco de convivencia, para vivir en paz y resolver los conflictos por vía pacífica. Pero es preciso respetarla y aplicarla. Marruecos no la respeta (conforme a lo dispuesto en el Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas) y la comunidad internacional no presiona suficientemente para aplicarla (conforme al Capítulo VII). Como señala correctamente el propio BLG, “la legalidad internacional es un marco para asegurar el respeto de los derechos de los pueblos”. Pero, ¿es que acaso se respetan los legítimos derechos del pueblo saharaui? Y por contra, ¿acaso han violado los saharauis los derechos del pueblo marroquí? Si la RASD hubiera invadido y ocupado Marruecos, ¿cómo habría reaccionado la comunidad internacional? Los casos de Kuwait y de Timor Oriental, por ejemplo, están bien cercanos en el tiempo. Sobran especulaciones al respecto.
- Si Marruecos ha obstruido sistemáticamente un referéndum transparente y justo es porque sus gobernantes más recalcitrantes temen perderlo, como ya señalara el propio James Baker, ex secretario de Estado de EE UU y Enviado Especial de la ONU para el Sáhara Occidental. Esos gobernantes niegan así, de antemano, suprimiéndola de la realidad, la pretendida utopía(la legalidad internacional y, en su caso, la independencia) de que habla BLG, al tiempo que mantienen al pueblo saharaui en la más indigna de las condiciones de vida, el exilio, la diáspora y la miseria. Esperan así ganar tiempo, agotar y desmoralizar a los sufridos y pacientes saharauis, alienar la memoria histórica de las jóvenes generaciones, vencer por extenuación a todo un pueblo, con la vana esperanza de que, finalmente, sucumbirán y aceptarán lo que les echen, hundidos en las contradicciones y dificultades de todo tipoque los obstáculos torticeros generan.
- Marruecos no ha estado durante más de 40 años practicando la política del avestruz, como sostiene BLG, sino la política de tierra quemada, de los hechos consumados, violando impunemente la legalidad internacional ya desde la tristemente célebre Marcha Verde (de población civil enardecida y manipulada, por un lado, y de tanques, aviones y tropas, por otro), urdida bajo el asesoramiento estratégico de Henry Kissinger. Y España y la comunidad internacional han dejado hacer, mirando para otro lado, absortas en otros negocios más rentables y con una visión miope, de corto plazo, que dura ya demasiado y que ha devenido insoportable, como está demostrando el chantaje permanente del aluvión de pateras de inmigrantes y las presiones sobre las instituciones de la Unión Europea.
- Como señala el catedrático de Derecho Constitucional Carlos Ruiz Miguel, conforme al Derecho Internacional de la descolonización, la autodeterminación no significa otra cosa sino la posibilidad de que el pueblo colonizado pueda elegir libre y democráticamente entre varias propuestas: plena integración en la metrópoli, libre asociación con la misma, asociación con otro Estado o independencia. Así pues, pese a los temores y argucias de los dirigentes marroquíes, el derecho de autodeterminación –establecido por Naciones Unidas- no presupone, obligatoria y necesariamente, la independencia, a la que legítimamente aspiran los saharauis. Como recoge explícita y textualmente el punto 8 de la mencionada Propuesta saharaui, con generosidad y amplitud de miras: “El Frente Polisario se compromete también a aceptar los resultados del referéndum, sean cuales fuesen, y a negociar ya con el Reino de Marruecos, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, las garantías que está dispuesto a otorgar a la población marroquí residente en el Sáhara Occidental durante 10 años, así como al Reino de Marruecos en aspectos políticos, económicos y de seguridad, en caso de que el referéndum de autodeterminación culmine con la independencia”.
- Como señalaba CEAS-Sáhara (Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara Occidental), “la lucha por hacer valer su derecho sobre una tierra que les fue arrebatada en 1975, la paciencia y la resistencia, la fe en la justicia y la confianza en su razón, es lo que ha hecho que los saharauis, a pesar de las promesas reiteradamente incumplidas, hayan sido capaces de vivir todo este tiempo en una de las zonas más inhóspitas del planeta”. Si ahora, en estos momentos, soplan vientos nuevos, es porque a la élite gobernante en Marruecos se le han ido agotando sus cartas; porque el pueblo saharaui ha sabido resistir dignamente, una y otra vez, frente a todo tipo de humillaciones y penalidades, manteniendo su firme compromiso con la legalidad internacional (que no utopía), tejiendo una densa red de solidaridad entre todos los pueblos y llevando su causa a todos los rincones del mundo. Y porque la sociedad civil –que no siempre los gobernantes- reclama, cada vez más, el respeto y la aplicación de la legalidad internacional.
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Luis Portillo Pasqual del Riquelme es doctor en Ciencias Económicas, ex profesor de Estructura e Instituciones Económicas en la Universidad Autónoma de Madrid, ex jefe de Redacción del Boletín Económico de ICE y ex responsable de Estudios Económicos e Investigación en Información Comercial Española. Revista de Economía (España). Autor de ¿Alimentos para la Paz? La “ayuda” de Estados Unidos (IEPALA, Madrid, 1987). Miembro de Comisiones obreras y de ATTAC Madrid. Miembro del Foro Milicia y Democracia, FMD. Incansable defensor de la causa del pueblo saharaui.