La corrupción ¿Por qué sale ahora?

Desde hace un tiempo a esta parte se vienen destapando numerosos casos de corrupción cuyo origen suele estar en el siglo pasado. Es decir, la corrupción no es nueva, lo nuevo es que los poderes fácticos han considerado oportuno filtrarla ahora a la opinión pública.

Ya en los años noventa, los abogados ecologistas veníamos denunciando la corrupción urbanística y nuestras denuncias no sólo caían en saco roto sino que las administraciones afectadas tomaban represalias administrativas y judiciales contra nosotros.

Hace varios lustros ya era notorio que surgían edificios en espacios protegidos, en zonas verdes, en terrenos públicos, en las servidumbres de costas etc. pero los jueces, fiscales, periodistas y políticos solían mirar para otro lado a pesar de tratarse de presuntos delitos de prevaricación urbanística que se cometían a la vista de todos. Mientras esto ocurría, los políticos afectados acosaban administrativamente y se querellaban por calumnias contra los que denunciábamos los hechos, querellas que prosperaban, al tiempo que nuestras denuncias se eternizaban en los juzgados.

Como el lector es muy libre de no creerse tan graves acusaciones, voy a exponer algunos ejemplos fácilmente constatables de lo que sucedía por aquellas fechas.

En Marbella, un concejal del PASOC, tuvo la osadía de denunciar a Gil y Gil por corrupción. Días después de presentada la denuncia contra el entonces alcalde de Marbella, el concejal del PASOC recibió la noticia de que estaba siendo investigado por el Juzgado de Instrucción donde había caído su denuncia contra Gil y Gil.

El concejal, sorprendido porque el Juzgado en vez de investigar al denunciado investigaba al denunciante, se personó en las dependencias judiciales. Allí le dijeron que le estaban investigando porque el Señor Gil y Gil era una persona muy honrada y era imposible que hubiese cometido las fechorías de que era acusado y querían averiguar los motivos que habían impulsado al concejal a presentar una denuncia contra el honorable Gil y Gil.

Poco después, otra abogada de Málaga también sufrió represalias judiciales por denunciar la corrupción. Pero los peor parados fueron los abogados ecologistas de Almería que sufrieron tres condenas firmes por calumnias. A mi me pusieron cinco querellas pero conseguí librarme de ellas a pesar del interés de los responsables en condenarme.

A pié de página pueden ver un documento donde se resume el acoso administrativo, y en este enlace pueden ver el trato judicial que recibimos en aquellos años.

Ante la persecución de que éramos víctima los abogados ecologistas, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Theo Oberjuber, escribió una carta a José Blanco, entonces Secretario de Organización del PSOE, pidiéndole que diera instrucciones al PSOE provincial para que dejara de perseguir a los abogados ecologistas. José Blanco dio prioridad a los intereses urbanísticos sobre el respeto por los más elementales principios de un Estado de Derecho y se negó a actuar. Igual comportamiento tuvo el entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, que tampoco intervino en defensa de los abogados demócratas disidentes a pesar de que se solicitó también su intervención.

Nuestras denuncias no eran un hecho aislado, la corrupción ya estaba extendida entre los principales partidos políticos. Basta con consultar las hemerotecas y ver que por aquel entonces ya el Tribunal de Cuentas decía que un tercio de la financiación de los partidos políticos era ilegal.

Cualquier ciudadano podía deducir entonces que si el Tribunal de Cuentas había detectado esa irregularidad, la realidad debía ser muy superior y que la fuente de esa financiación ilegal necesariamente venía del urbanismo.

Uno de los trucos que empleaban los promotores para legalizar edificios manifiestamente ilegales era presentar un recurso contencioso administrativo contra el órgano de la Administración que les había denegado el proyecto. En el pleito, el abogado de la promotora lógicamente no decía nada sobre los motivos de la ilegalidad de la urbanización, pero lo más sorprendente es que el abogado de la Administración tampoco aducía nada importante en contra de la urbanización.

De esta manera los jueces, sorprendidos en su buena fe, al ignorar que las urbanizaciones estaban en terrenos protegidos, no urbanizables, dictaban sentencias autorizando inmuebles manifiestamente ilegales.

Cuando en vísperas de la operación Ballena Blanca, el Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Málaga afirmó ante los micrófonos de Radio 5 que había un Pacto de Estado para permitir a las mafias del Este el blanqueo de dinero en España, con la condición de que no cometieran aquí delitos violentos, nadie rechistó, ni presentó ninguna pregunta parlamentaria sobre ese “Pacto de Estado”.

Tampoco nadie hizo ni dijo nada cuando la Fiscalía de Palermo advirtió públicamente que la mafia italiana estaba blanqueando dinero en la costa mediterránea española.

Cuando en enero de 1998 destituyeron al Director de Aduanas por perseguir a un narco protegido por políticos influyentes, no se oyó ninguna voz pidiendo el procesamiento del Presidente del Gobierno, como hubiese sucedido en cualquier otro país del entorno.

El Defensor del Pueblo Andaluz sabía que hay políticos relacionados con las mafias del Este y nadie se ha rasgado las vestiduras, todos callaron.

Es decir, sin el menor género de dudas los responsables de perseguir la corrupción ya sabían hace muchos años que esa corrupción existía y no hacían nada para evitarlo, sino todo lo contrario, perseguían a los denunciantes.

La pregunta es ¿por qué sale ahora a relucir la corrupción que con tanto interés taparon hace quince o veinte años?

Como norma general, la corrupción que aparece ahora no lo hace porque algún juez o policía, tras quince o veinte años de perseverante investigación, haya conseguido esclarecer los hechos. La corrupción sale ahora porque algunos “directores” están interesados en filtrar la que a ellos les interesa para propiciar cambios institucionales y reforzar su poder eliminando algunos obstáculos, incluida la monarquía parlamentaria.

Un caso que hiere la inteligencia del ciudadano es ver como sacan ahora a relucir que hace veinte años el Rey heredó cuentas corrientes en el extranjero, tras la muerte de D. Juan.

Es sabido que los hijos heredan de los padres y que por tanto, tras el fallecimiento de D. Juan, el Rey D. Juan Carlos tuvo necesariamente que percibir la herencia paterna. También es público y notorio que D. Juan estuvo exiliado en Lausana y Estoril donde tenía posesiones. Hace veinte años era lógico pensar que D. Juan debía tener cuentas corrientes en Suiza y Portugal aunque sólo fuese para domiciliar los recibos.

Denunciar ahora la herencia del Rey delata una vez más que el afloramiento de la antigua corrupción no es un hecho natural sino que los “directores” están interesados en un cambio de régimen y consiguiente aumento de su poder.

Hay quien aporta otras explicaciones al motivo por el cual la corrupción está aflorando con tanto retraso, veamos algunas:

Dicen que la corrupción aflora con quince o veinte años de retraso porque tras el estallido de la burbuja inmobiliaria hay menos medios económicos para comprar voluntades. Efectivamente ese motivo justificaría sólo parte del retraso, pero no todo.

Otro motivo del retraso podría ser que muchos jueces se han hartado de la situación. No olvidemos que algunos jueces también fueron perseguidos por denunciar los hechos, como le sucedió al Juez Rivera, cuando se atrevió a paralizar las obras del famoso Hotel del Algarrobico. Esa explicación también justificaría parte del retraso, pero no todo.

Lo que no se puede aceptar es justificar el afloramiento tardío de la corrupción en que las instituciones ahora funcionan mejor que antes. Basta recordar las recientes quejas de un sindicato policial afirmando que las denuncias contra políticos no suelen prosperar.

La conclusión es que el grueso de las filtraciones está perfectamente orquestado y va encaminado a cambiar el actual régimen.

Con la sola filtración de algunos casos de corrupción ocurridos hace cuatro lustros es difícil que los “directores” consigan acabar con las instituciones, incluso puede servir para regenerarlas. Pero los “directores” han encontrado unos aliados con los que sí pueden conseguir sus fines, son los “líderes” independentistas catalanes.

Los “directores” y los “líderes” catalanes persiguen lo mismo, controlar ellos el poder con menos adversarios, sobre todo en Cataluña donde se convertirían en dueños y señores de la república catalana.

Con la actual monarquía parlamentaria lo peor que les puede pasar a los “lideres” catalanes es que el TSJC les inhabilite para todo empleo o cargo público, el camino ya está allanado tras la destitución de Rodríguez Sol, ex fiscal superior de Cataluña. Lo que parecen ignorar los independentistas es que si los “directores” consiguen sus fines e instauran en España una república conservadora y centralizada, su futuro puede ser muchísimo más desagradable que una simple inhabilitación.

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