Hay un día en que se deja de ser militar

He leído algún texto con afirmaciones que quieren justificar que los militares lo son hasta el fin de su vida. No lo entiendo así y por ello intento argumentar de contrario:

El artículo 7 de la Ley 39/2007 de la Carrera Militar señala que todo militar tiene el deber de prestar ante la Bandera juramento o promesa de defender a España, y que será requisito previo e indispensable (pero no suficiente) para la adquisición de la condición de militar de carrera, de militar de complemento o de militar de tropa.

Ese acto que es público está revestido de la mayor solemnidad, y la fórmula empleada como pregunta es: «¡Soldados! ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente vuestras obligaciones militares, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, obedecer y respetar al Rey y a vuestros jefes, no abandonarlos nunca y, si preciso fuera, entregar vuestra VIDA EN DEFENSA DE ESPAÑA?». La replica es que si cumplen, España lo agradecerá o en otro caso lo demandará

Pero es fundamental el art 30,1 de la CE de 1978 que señala entre los derechos y deberes de los españoles también el de DEFENDER ESPAÑA, y con ese mandato de la Norma Fundamental queda clara que tal exigencia es extensiva a todo el Pueblo español. Los principios de legalidad y jerarquía normativa no admiten entonces disquisiciones que alteren el alcance colectivo de esa demanda de España a sus ciudadanos, hayan jurado o no ante la bandera, desde su nacimiento hasta su muerte.

Por otro lado la Ley 17/1999 ya no incluye en esa formula la expresión “hasta la última gota de vuestra sangre” ya obsoleta sino el más explícito de entregar nuestra vida. Al Jurar es evidente que se pone a Dios como garantía de lo que se promete pero no por ello el texto puede ser calificable de “sagrado”. No se “jura por Dios” en la Ley 39/2007 ya que un juramento implica por sí mismo a Dios y sería redundante reiterar su Santo nombre.

En el PREAMBULO III también de la LEY 39/2007 de la CM se dice que esta ley tiene muy en cuenta que quien se incorpora a las Fuerzas Armadas adquiere condición militar y queda sujeto a un régimen específico. El objetivo es, partiendo de un buen ciudadano, acrecentar sus valores como tal durante su permanencia en las Fuerzas Armadas, convertirlo en un excelente servidor público y hacerlo militar, es decir, depositario de la fuerza y capacitado y preparado para usarla adecuadamente. Aquél a quien se confía el uso de la fuerza debe emplearla en la forma y con la intensidad que la Nación, a través de las Cortes Generales y del Gobierno, ordene hacerlo de acuerdo con la Constitución y el resto del ordenamiento. Militar que también debe estar en disposición de afrontar las misiones de las Fuerzas Armadas en situaciones de crisis o emergencias.

Se hace evidente la lejanía competencial y funcional del retirado que en el pasado fue militar, con independencia de cómo él se sienta según sus añoranzas, recuerdos y su voluntarismo, pero la realidad es tozuda y diferente.

Y es que del militar desde el momento de su ingreso en las Fuerzas Armadas hasta que se desliga de las mismas, debe cumplir unas reglas de comportamiento que se adquieren con un método continuado de formación y exigencia personal. Al incluirlas en esta ley se destaca su importancia en el ejercicio de la función militar y se da cumplimiento a la exigencia de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional de establecer, mediante ley y de acuerdo con la Constitución, las reglas esenciales que definen el comportamiento de los militares en servicio activo, en especial la disciplina, la jerarquía, los límites de la obediencia y el ejercicio del mando militar. Dichas reglas esenciales deberán son desarrolladas por las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas que, además, recogen y actualizan otras procedentes de la tradición militar.

Tanto en las Reales Ordenanzas como en las regulaciones reglamentarias del régimen del personal militar profesional se incorporan los principios y normas de aplicación general al personal al servicio de la Administración General del Estado, establecidos de acuerdo con la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, con las adaptaciones debidas a la condición militar.

De los párrafos anteriores cabe sin duda concluir que el militar es funcionario público servidor del Estado, y que no cabe una acepción peyorativa de la palabra que lo considera como tal, ni tampoco seria de recibo una apelación de pertenencia a otro estamento diferenciador de mayor calado institucional. Tanto la Administración Civil del Estado como la Militar están reguladas e inscritas en un mismo régimen que inspira su actuación de servicio público con sus propias peculiaridades pero con idénticos criterios de acción.

Con la expresión “millitar retirado” se define a un todo cual es la persona que fue y la persona que es , sin que una parte pueda englobar el conjunto. Lo fue porque hubo de atener su vida profesional a todas las normas y condicionantes de conducta que le permitieron el Mando de subordinados y el uso del material recibido en depósito. Y es retirado porque esa relación profesional ha cesado así como las funciones orgánicas que tuvo encomendadas, sin que su actitud mental y personales sentimientos tengan incidencia o relevancia en orden a la eficacia de la Defensa que no sean las similares al resto de la ciudadanía. Los sentimientos y deseos del deber ser se integran en el alma de cada persona.

En rigor hay que precisar que el acto de la jura o promesa carece de relevancia jurídica, como el del resto de los colectivos profesionales, al constituir una solemnidad protocolaria de carácter formal que celebra el ingreso del aspirante en las FAs, pero que no es fuente originaria de derechos y obligaciones exigibles frente a terceros, ni está regida por el principio de legalidad, aunque sea uno más de los requisitos a cumplir para alcanzar la condición de militar; y es lo cierto que el incumplimiento de lo prometido por el que jura o promete, pese a la admonición final de que “ España os lo demandará” no es en sí penalmente perseguible toda vez que el delito de perjurio está proscrito de nuestra legislación, si bien es perseguible y sancionable cualquier conducta que suponga quebranto de alguno de los 16 Deberes y Obligaciones que contempla el art 16 de la Ley de Derechos y Deberes del militar que, tipificados en el Código Penal Militar, así como las faltas del Reglamento Disciplinario, sí son fuente de obligaciones que regulan y persiguen esas comportamientos y que sí están bajo el principio de legalidad.

El cese de actividad y el pase a la situación administrativa de retirado no interaccionan con las exigencias de la inicial y previa Jura ante la bandera, ya que como ha quedado explicitado los deberes como españoles de Defender España en todo momento siguen vivos en razón a que así lo exige nuestra CE y el resto del Ordenamiento Jurídico Militar y no es por tanto el hecho de haber jurado o prometido el que obliga al deber de Defensa hasta el final de nuestra vida, y por ello carece de fundamento la errónea deducción de que el retirado sigue siendo siempre militar. En la España del Antiguo Régimen y en la España predemocrática pudo tener ese significado su valor y aplicación en base a la tradición, a la costumbre y a las normas de convivencia que regían entonces.

En el PREAMBULO VI de la Ley 39/2007 se reitera que las situaciones administrativas se adaptan en lo posible al estatuto básico del empleado público, aunque se mantiene la reserva como situación específica.

Finalmente no encajan en el tema las alusión a Calderón de la Barca de religión de hombres horrados y todas las virtudes con las que se nos adornan como exclusivos portadores, cuando no la propia autoalabanza y autoestima, no contribuyen a hace patente ante la ciudadanía cual sea nuestra real misión y trabajo que pone los pies en el suelo si nos sometemos a una sana y razonable autocrítica.

Tampoco viene al caso la referencia a las libertades públicas y de expresión aceptadas libremente pero que son ajenas al tema. Ciertamente los retirados no representamos ni suplimos las limitaciones o restricciones de derechos de los compañeros en actividad ni “ somos la voz de los sin voz”

JOSE MORENO GUTIERREZ Coronel (r)Y Abogado (j)