Golpismo rancio de sobremesa

Con periodicidad regular en los últimos años, asistimos a una serie de casos en que militares retirados, escudados en la recuperación de su estatus de plena ciudadanía y sin riesgo ya para sus carreras profesionales, nos muestran sus convicciones políticas reaccionarias y la ideología ultra con la que han servido sus destinos en democracia. El último eslabón de esta cadena corresponde a la conferencia ofrecida el pasado 16 de septiembre en el Centro Cultural de los Ejércitos (casino militar de Gran Vía) por el teniente coronel retirado Francisco Bendala Ayuso, en el que pide la intervención de las fuerzas armadas para constituir un gobierno provisional que cambie «de arriba abajo» la Constitución Española para después convocar elecciones generales.

La imaginativa propuesta involucionista, apremiada en su título como «ahora o nunca», parte de la declaración del estado de excepción por la situación en Ceuta y se fundamenta en la supuesta dejación de funciones del jefe del Estado, del gobierno y de la «oposición inepta». El gobierno militar de «emergencia», del  que no se indican los criterios para su conformación, procedería a la enmienda a la totalidad del sistema democrático de monarquía constitucional. La primera consideración, a la vista de estos términos maximalistas, es que se trata de una astracanada extemporánea, pero que encierra cierta gravedad cuando se pronuncia públicamente en un centro oficial, aunque sea de carácter social, con una audiencia de antiguos militares de alto rango y dado que el desahogo del ponente conecta con un clima político que, desde distintos sectores, trata de desbordar los límites de la legalidad democrática.

La diatriba del conferenciante, pese a la formación que se le supone por su antiguo desempeño profesional, parece desconocer o despreciar deliberadamente las bases de un sistema de democracia liberal en el que las fuerzas armadas no son un poder autónomo, sino un instrumento del Estado bajo la dirección política del Gobierno. El exmilitar alega que el pronunciamiento institucional estaría fundado en la legalidad constitucional del artículo 8, que atribuye a las Fuerzas Armadas «la misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional», sin reparar en que este precepto carece de toda fuerza ejecutiva por sí mismo, ya que estos altos bienes jurídicos protegidos corresponden al Gobierno que ejerce la función ejecutiva, la defensa del Estado y la acción política «civil y militar», y por tanto al que correspondería instar el cumplimiento de esta misión, de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución, interpretación sistemática consolidada desde hace décadas en la doctrina constitucional.

Otra derivada del discurso revival de golpismo de salón que comentamos es el indiscutible aroma nostálgico de otros tiempos y la reivindicación implícita del régimen franquista al que remite esta fórmula de junta militar de salvación nacional. En oficiales que han desempeñado su carrera profesional íntegramente en democracia, esta querencia solo puede explicarse por la continuidad de la mentalidad, los símbolos y las tradiciones propiciadas por el régimen del 18 de julio. En efecto, el poder público, mientras que acometía reformas progresivas en los ámbitos organizativos, operativos y técnicos de la profesión militar, renunciaba incomprensiblemente a la pedagogía democrática que exigía la profundidad del cambio del sistema político en España y, consecuentemente, del papel de las fuerzas armadas, que pasaban de servidores de un régimen de dictadura del que eran columna vertebral a servidores públicos a disposición del gobierno legítimamente constituido. Sirva como piedra de toque, a este respecto, el castigo, olvido y posterior maltrato a la memoria de los militares de la Unión Militar Democrática (UMD), hoy prácticamente desconocidos por la ciudadanía.