El asociacionismo profesional en las Fuerzas Armadas precisa de un impulso decidido. El año 2021 se cumplirán diez años desde la publicación de la Ley de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Es momento de hacer balance. La Ley no recibió en sus primeros tiempos el apoyo entusiasta de los cuarteles generales de los Ejércitos e, incluso, en algunas importantes unidades, se dictaron normas o recomendaciones que consideraban el asociacionismo profesional como un riesgo para las Fuerzas Armadas.
Diez años después, si se analiza de forma objetiva y desapasionada, el trabajo que se ha hecho por las asociaciones profesionales, su labor en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS), la contribución a poner en la agenda social y política la realidad de las Fuerzas Armadas, de los hombres y mujeres que las integran, la conclusión a la que se llega es la de percibir un intenso trabajo para mejorar las condiciones de vida, laborales, profesionales, sociales y económicas de los militares y de sus familias.
Objetivamente, las Fuerzas Armadas españolas son mucho mejores después de diez años de trabajo asociativo. Esto hay que reconocerlo. La condición militar se ha dignificado a través de la reivindicación de las asociaciones profesionales. Las actas del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas deberían ser conocidas y analizadas por los ciudadanos de uniforme. Hay propuestas, informes, iniciativas, preguntas, mociones, intervenciones que ha sido la palanca de cambio para modificaciones normativas que han contribuido al bienestar de quienes prestan servicio, día a día, en nuestros ejércitos. Las asociaciones con representación en el COPERFAS son actores imprescindibles en las políticas de personal del Ministerio de Defensa. Esto es un hecho que es admitido tanto por la actual ministra de Defensa como por los demás responsables del Departamento, que han llevado a cabo la interlocución con los representantes asociativos.
Sin embargo, y a pesar de la eficaz, valiente, leal y exigente contribución del asociacionismo profesional a unas mejores Fuerzas Armadas, persisten, en algunos ámbitos, quienes cuestionan su mera existencia desde criterios manipulados y prejuiciados de confrontación con valores como son la disciplina, la jerarquía, la subordinación o la unidad, baluartes del funcionamiento castrense, que no resultan incompatibles con el desempeño de las asociaciones de militares reconocido por la Ley.
Y es precisamente por estos prejuicios por los que el Ministerio de Defensa debe impulsar el pleno despliegue y aplicación de la Ley Orgánica de derechos y deberes, a fin de enviar mensajes inequívocos de que las asociaciones profesionales son un actor más que contribuye a la Seguridad y Defensa de España, por ser un cauce legítimo que propicia las más dignas condiciones de trabajo y de vida en las unidades de los militares, por ser activos en la salvaguardia de sus Derechos Fundamentales y las condiciones de vida y trabajo y, en definitiva, por atender a la plenitud del derecho profesional a la carrera militar, que afecta a todos y todas los miembros de las Fuerzas Armadas.
El derecho de asociación no se consolida solo con meras declaraciones. Precisa de medios. Algunos ya están en la Ley de derechos y deberes, pero deben extenderse y sobre todo aplicarse. Me refiero a los medios puestos a disposición de las asociaciones, locales, medios telemáticos, horas a disposición de representantes asociativos en el Coperfas, etc. Hay que ir más lejos. Las asociaciones profesionales deben poder entrar en las unidades, donde se encuentran sus representados y el objeto de sus competencias legales, a la manera que trabajan en ellas las asociaciones profesionales representativas de los guardias civiles; deben poder asistir a los centros de formación para hablar de asociacionismo con los alumnos y futuros profesionales; deben optar a subvenciones como tienen otras asociaciones de servidores públicos. En definitiva, deben poder realizar sus actividades sin obstáculos y con medios suficientes.
Es conocido que el Ministerio de Defensa está trabajando con las asociaciones profesionales revisando la Ley de derechos y deberes. Es una iniciativa necesaria y responsable. Los trabajos de la comisión creada ad hoc no deberían prolongarse mucho en el tiempo porque la reforma de la ley es necesaria. La segunda generación de derechos de los miembros de las Fuerzas Armadas no pude hacerse esperar más. Confío en el impulso del ministerio y en el acierto en los planteamientos de los representantes asociativos. Nos jugamos todos mucho.
Abogado. Miembro del Observatorio de la Vida Militar. Consejero jurídico de la Asociación Unificada de Militares Españoles y de la Asociación Unificada de la Guardia Civil.