De la Corona

 

Con la presente sinopsis se trata de resumir el Título “De la Corona” que comprende los art. 56 al 65 de la CE, y que es reflejo de lo dispuesto en la misma al señalar que  la soberanía nacional reside en el pueblo español del que  emanan los poderes del Estado, y que la forma política del  Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Legislativo, Ejecutivo y Judicial son los tres únicos poderes del Estado que representan al pueblo y su voluntad soberana, y la Corona y el resto de las Instituciones son “órganos”. El Rey no es entonces un poder del Estado, ni titular de la soberanía nacional, sino el supremo órgano de representación que expresa en su figura la unidad y permanencia del Estado. La monarquía constitucional decimonónica está por ello superada.

El artículo 62 h) de la Constitución señala que al  Rey le corresponde el mando supremo de las Fuerzas Armadas, como otras  constituciones también así lo reconocen. En la monarquía la razón de ser se basa en que el Rey representa la unidad nacional y está a la cabeza de todos los órganos superiores del Estado. No obstante, se debe tener en cuenta que ese mando supremo en el caso de España es honorífico según el contexto de la Norma Fundamental, con precedentes históricos muy recientes, pero vacío de  poderes constitucionales de dirección real que corresponden al Ejecutivo, porque el artículo 97 de la Constitución en su literalidad dispone que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado.

Por ello la función atribuida al Rey  en ese artículo  no es determinante para sostener que la intervención real el 23 F fuera orden que evitase se cumpliera aquel objetivo de romper o alterar el orden constitucional, sino que  esa actuación, dicen algunos tratadistas, lo fue en una situación excepcional, basada  más en su autoridad moral y simbólica  que en su potestad  jerárquica, sosteniendo que  su actuación televisiva fue necesaria por la autoridad de su jefatura civil y militar, pero con la finalidad moderadora de hacer lo que hubieran querido y debido llevar a cabo otros órganos constitucionales en momentos de normalidad.  En todo caso ese proceder  no puede entenderse  como orden militar sino como “disuasión” tendente a la conservación  de la situación de normalidad anterior, y que ese asalto al Congreso no  fue por un olvido o dejación de lo que  indica el referido artículo 97 CE. Los Secretarios y Subsecretarios de Estado entraron en acción como prolongación de la permanente vigencia del Estado constitucional. Algún otro autor insinúa que hubo un refrendo “tácito” dado por la población civil, y por el mismo Ejecutivo al enviar una cámara de TVE al Palacio de la Zarzuela.

No puede olvidarse que el mismo  artículo señala que corresponde al Rey ejercer el derecho de gracia (indulto) con arreglo a la ley , y siempre con el refrendo del Gobierno.

En el Ordenamiento jurídico de una Monarquía parlamentaria  como la nuestra no caben ni el  poder ejecutivo ni el de veto al que el Rey ya había renunciado anteriormente, aunque sí es innegable que fue moderador efectivo de las Instituciones en aquel momento de grave crisis.

La realidad democrática es que corresponde al Presidente del Gobierno la dirección de la política de defensa y la determinación de sus objetivos, la gestión de las situaciones de crisis que afecten a la defensa, y la dirección estratégica de las operaciones militares en caso de uso de la fuerza.  Además según el artículo 6 de la LO 5/2005 de Defensa Nacional, y el  art 2.2f de la Ley del Gobierno le corresponde de forma específica formular la Directiva de Defensa Nacional; definir y aprobar los grandes objetivos y planteamientos estratégicos, así como formular las directivas para las negociaciones exteriores que afecten a la política de defensa y determinar la aplicación de los objetivos y las líneas básicas de actuación de las Fuerzas Armadas, tanto en el ámbito nacional como en el de la participación en las organizaciones internacionales.

Finalmente es el Real Decreto 521/2020 de 19 de mayo en el que  su art.6 establece la organización básica de las FAs, como ampliación y desarrollo de las bases a que alude la Ley de Defensa Nacional, determina que la estructura operativa que desarrolla el empleo de la fuerza en las misiones encomendadas, se organiza en una cadena de autoridades en los niveles estratégico, operacional,  y táctico, que trae consigo y confirma  que el Rey no forma parte de la misma.

En otro orden de cosas, el art 91  recoge la última fase de la elaboración de las leyes que es debida e imperativa, y se refiere a que el Rey “sancionará, promulgará y ordenará la inmediata publicación” de las leyes como actos dirigidos a perfeccionar el proceso legislativo y a integrar con eficacia jurídica la norma aprobada por el Parlamento, con la unión de esos  trámites  en uno sólo  que se plasma en la firma certificante por el monarca del documento original en que la ley  se inserta, sin que le sea permitido  su devolución ni su negativa de sanción.

La Constitución de Cádiz de 1812 incluía  una verdadera facultad de veto a favor del monarca, así como Constituciones del siglo XIX  lo fueron en su mayor parte constitucionales, en el sentido de que el Rey o Presidente de la Republica tenían poder ejecutivo (era la llamada “soberanía compartida”).

La Ley del Gobierno,  según  su art 2.2,h  una vez confeccionado el texto de la ley, son las Cortes  quienes lo remiten al Presidente del Gobierno, y el plazo de 15 días debe computarse,  desde el momento de recepción del texto, pues si se interpretase que el día en que empieza el cómputo es el momento de aprobación definitiva por las Cortes, el tiempo que transcurre entre ésta y la preparación del texto oficial podría acortar en exceso el plazo real con que cuenta el Rey para ordenar la publicación posterior a la sanción y promulgación mediante la firma del texto oficial de la ley. En realidad, a quien afecta la obligación de efectuar la publicación inmediata de la ley en el BOE una vez sancionada, es al Gobierno

CONCLUSIÓN:

La Corona, por su neutralidad, está por encima y es siempre garantía del pluralismo político a partir de la fuerza que legitima y otorga el principio de las mayorías parlamentarias.

La Corona está en la cima de los  órganos constitucionales dentro de la forma de Estado que es la monarquía parlamentaria española.

El Rey es alto representante de la Nación ante los órganos internacionales y símbolo de la unidad y permanencia del Estado.

El Rey es a título honorífico jefe supremo de las FAs, sujeto en sus funciones y en todos sus actos, de los que es irresponsable, al refrendo  del Presidente de Gobierno.

El Rey no está legalmente integrado en la Cadena de Mando Operativo de las FAs, según la Ley Orgánica  de Defensa y su posterior desarrollo  en el RD 521/2020

El Rey carece de potestad ejecutiva y del derecho de veto de las Resoluciones de los Poderes del Estado,  no posee iniciativa propia para disolver las Cortes, ni puede destituir al Presidente de Gobierno.

El Rey por su juramento ante las Cortes ha de guardar la Constitución y las leyes, y su legitimidad le viene a titulo hereditario así declarada por la Norma Fundamental.

El Rey no es instancia jurisdiccional decisoria ante reclamaciones o quejas individuales o colectivas del personal civil o militar, que no son admitidas a trámite, salvado, para determinados supuestos, el Derecho de Petición que previene el art 16 de la  LO 9/2011 de derechos y deberes de los miembros de las FAs en situación de actividad.

 

JOSÉ MORENO GUTIÉRREZ, Coronel de Infantería (r), Abogado(j) del ICAGR, miembro de AEME.  y socio de FMD e INFOLIBRE,  23/12/2023