Análisis de la sentencia de la querella de Pablo Iglesias contra el coronel Diego Camacho

 

 

Por el Juzgado de lo Penal n 31 de Madrid se ha dictado Sentencia 145/2022 absolutoria del querellado en el PA 32/2022.

En su día tuve ocasión de conocer el contenido de las imputaciones dirigidas al querellante a través de un artículo periodístico de 15 de mayo de 2020 y de una intervención en YouTube, ambas realizadas por el querellado.

En el texto de la sentencia se relata que Diego Camacho  es Coronel  retirado y antiguo miembro del CESID,  lo que el Juez estima intrascendente a los efectos de la conducta enjuiciada, pero que no cabe duda tiene su singular valor ante la opinión pública.

En los hechos probados SSa manifiesta en varias ocasiones que no están acreditadas las acusaciones que se vierten contra Pablo Iglesias, pese a que según mi parecer, en honor a la claridad con que se expresan en castellano, y con una simple interpretación literal, son manifiestas en su sentido y alcance sin que sea posible una enrevesada lectura.

Creo que aquí no cabe por parte del lector un corporativismo alternativo en función de  su proximidad o lejanía de lo que ambos litigantes puedan representar, y que por mi parte no hay otro deseo que el de hacer una sincera crítica del contenido jurídico acerca de los hechos que en Sentencia se consideran probados y de los “fundamentos” que llevan al juzgador a considerar que no se dan los tipos penales de los que acusan el Ministerio Fiscal y de la Acusación Particular.

Se cita jurisprudencia, que creo no tiene sitio en el presente caso al ser sacada de  su contexto, al decir que “ no se ha demostrado que el querellado tuviera conocimiento de que los hechos difamantes que se le imputan no correspondían con la realidad.

Mas llamativa son las afirmaciones de que lo afirmado estaba contrastado en la prensa y en otros medios, “lo que no quiere decir que sea verdad” , y que lo que dice es reproducción  de lo opinado y dicho por otros, por lo  que parece ser que exime a Camacho de responsabilidad penal. Que Camacho se apoya en lo que pregonan Hoyos y otros, de lo que pareciera ser solo transmisor.

Añade después SSa “que faltan atribuciones concretas y terminantes sin que valgan atribuciones genéricas”  y yo digo en mi humilde, aunque también jurídica opinión, que en mi modo de leer y entender el idioma que hablamos los españoles es evidente que se da la figura del “animus difamandi”,  porque aunque solo fueran  insinuaciones, que son algo más,  ¿es que no tienen relevancia jurídica? ¿Es admisible una tortuosa insinuación?

También se dice que lo “decisivo” es la creencia del acusado según su conciencia y de su diligencia en la “comprobación “ de la verdad, y que no tenia mala intención.

Curiosamente se añade y argumenta que el querellado contrastó sus “fuentes”,  y esto digo parece que garantiza su impunidad, aunque se “reconoce” su “ ligereza y exceso” pero que se compensa con su tono “sereno”, y que lo que se dijo no era “nuevo“ sino recopilación de lo que ya era conocido públicamente. O sea, que una vez injuriado todos podemos injuriar ya también.

En síntesis se ensalza la libertad de expresión hoy ya para todo, y de información, en perjuicio del honor personal que a lo que se ve no es tan digno de protección. El ofendido es siempre el perdedor.

La tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica  aquí  deben ser olvidadas, y el difamado debe soportarlo como tributo ante  una oscura y enmarañada argumentación que entiendo no es acertada y ni de recibo.

En resumen que es necesaria y se impone la Apelación ante la Audiencia Provincial como órgano colegiado que pueda corregir la resolución frente a  las apreciaciones y fundamentos favorables a una absolución que abre la puerta a todo aquel que quiera injuriar o calumniar a otro compatriota,  dado el cúmulo de circunstancias que favorecen a los posibles autores de las difamaciones y  conductas similares tan abundantes en la vida pública española. En el presente caso es además como controversia de marcado carácter político.