La Asociación 16 de Abril, organización carlista de memoria histórica y pensamiento crítico, quiere manifestar su posición política respecto a la voluntad del Gobierno central del Partido Popular de no desclasificar la documentación referente a los sucesos de Montejurra 76.
En junio de 2016, tras la conmemoración en Montejurra del 40º aniversario de los asesinatos, el Partido Carlista se dirigió al Parlamento de Navarra para solicitar que apoyase su reivindicación en relación a la desclasificación de todos los documentos existentes sobre estos hechos en los archivos de la Administración del Estado.
En noviembre de 2016 el Parlamento de Navarra aprobó una moción reclamando al Estado la apertura de sus archivos con el fin de dar pasos positivos hacia la Verdad, la Justicia y la Reparación de las víctimas del terrorismo de aquel 9 de mayo de 1976. Esta iniciativa contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, con la excepción singular del grupo del Partido Popular.
Posteriormente la diputada de EH Bildu en el Congreso, Marian Beitialarrangoitia, realizó una serie de preguntas al Gobierno central en relación a este asunto. Preguntas como «¿Piensa actuar para hacer cumplir la petición del Gobierno de Navarra?, «¿Qué está haciendo o va a hacer para ello?» o «¿Cuál es el problema para acceder a esa petición?».
El Gobierno central ha dado ahora respuesta, limitándose a señalar que «los documentos desclasificados están excluidos de la consulta pública», y que «la desclasificación de documentos es una competencia exclusiva del Consejo de Ministros».
Para la Asociación 16 de Abril esta respuesta es indigna de un Gobierno supuestamente democrático, pero por desgracia no nos ha sorprendido lo más mínimo. No olvidamos que el Partido Popular que gestiona el Gobierno central, fue fundado por Manuel Fraga Iribarne, ministro de Gobernación cuando se desarrollaron los hechos delictivos de Montejurra 76.
Pero la respuesta negativa del Gobierno no es solamente una nueva manifestación más del franquismo persistente en el Partido Popular, sino algo más profundo en la medida en que responde a una voluntad política más amplia de bloquear, silenciar y olvidar cualquier elemento informativo que cuestione el relato fundacional del régimen de la Segunda Restauración.
La sociedad española aún sigue pagando el precio de la llamada Transición. La ausencia de un proceso constituyente de ruptura democrática, entre otras cosas, significó y sigue significando la impunidad pasada y futura de las élites oligárquicas y centralistas de siempre.
