Nuestros compañeros de la Unión Militar Democrática

Este artículo fue publicado en su día en la antigua web del FMD

El 1 de abril de 2009, el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición no de Ley en la que “insta al Gobierno a iniciar las actuaciones necesarias para rendir homenaje a los militares que colaboraron decididamente en el proceso de evolución hacia un régimen democrático en España” y pide que, de forma expresa, se hagan públicos los sacrificios personales y profesionales de los miembros de la Unión Militar Democrática (UMD).

Para valorar la importancia de la actividad de los militares de la UMD hay que situarse en las complejas circunstancias de la transición militar. Hace veinticinco años la Democracia estaba lejos de ser un sistema consolidado y requería continuos gestos de reafirmación ciudadana. Ahora la Norma Fundamental es celebrada en actos institucionales, pero entonces, principios de los años ochenta, celebrar el aniversario de la Constitución tenía mucho significado, especialmente entre los militares. El 6 de diciembre aún no era festivo y en los cuarteles unos cuantos militares, muy pocos, se atrevían a significarse pidiendo champán –tampoco se decía aún cava– para brindar por la recientísima Constitución de 1978. El gesto no pasaba desapercibido y era observado con mirada severa, cuando no “francamente” reprobadora, de la mayoría.

Con la declaración parlamentaria, se reconoce oficialmente la singular contribución de los militares profesionales agrupados en la UMD al establecimiento de la Democracia en España, siendo esta organización un actor principal en la creación de las condiciones que, desde el ámbito militar, facilitaron la reforma política. El referente de estos militares demócratas, y su alto sentido del deber mostrado en aquellas difíciles circunstancias, ha sido un capital político y moral no aprovechado en nuestras fuerzas armadas. El reconocimiento público que se va a tributar a los antiguos miembros de la UMD, cumpliendo el mandado parlamentario, debe servir también para mantener viva en la ciudadanía la memoria de los de los militares demócratas, conociendo su historia.

La UMD se organizó en septiembre de 1974 para aglutinar a los militares de los tres Ejércitos y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que, prescindiendo de su posición política personal, querían unirse a la mayoría de sus conciudadanos para reclamar con ellos el fin de la dictadura y su sustitución por un sistema representativo de pluralismo político. Debieron hacerlo en condiciones de clandestinidad, pero se trataba de algo tan poco subversivo como homologarse con el resto de los países de Europa Occidental y hacer realidad la proclamada aspiración de unión de la sociedad con sus ejércitos. Es fácil comprender que, en aquel tiempo de honda incertidumbre, su condición de miembros en activo de las Fuerzas Armadas, consideradas entonces el baluarte último de la defensa del régimen franquista, hacía particularmente delicado su compromiso personal. Al mismo tiempo, la postura democrática adoptada por estos oficiales tenía un importante valor cualitativo en el conjunto de las fuerzas políticas y sectores sociales opuestos a la continuación de la extemporánea dictadura en España.

Mucho se ha discutido estos años sobre la oportunidad y la legitimidad de la UMD. Algunas voces han pretendido negar a los militares, por la naturaleza de su ocupación profesional, el derecho a oponerse pacíficamente a un régimen injusto que despreciaba la voluntad general, sin que se nos haya indicado todavía el fundamento para reconocerlo, en cambio, a otros funcionarios demócratas como jueces, sindicalistas o docentes. El coraje cívico atribuido a unos por enfrentarse con el sistema y sus múltiples represalias ha sido negado, demasiadas veces e injustificadamente, a quienes lo ejercieron desde el lugar donde era más difícil hacerlo. Si en todos los lugares de trabajo –la iglesia, la universidad, el juzgado o la fábrica– tenía mérito y sentido desafiar a una legalidad arbitraria e impuesta por la fuerza, creemos que no es necesario ponderarlo en quienes lo hicieron en los cuarteles del Ejército franquista.

A nuestro entender, la oportunidad de constituir y mantener activa la UMD fue una decisión tan valiente como oportuna de sus afiliados, consiguiendo: por una parte, estimular a las fuerzas del cambio político que comprobaron asombradas que también entre los uniformados había aliados, además de recalcitrantes partidarios del Régimen; y por otra parte, desincentivar en gran medida a los sectores inmovilistas al sembrar dudas razonables en el pretendido pensamiento monolítico militar. La UMD obligó a las autoridades militares de la época –generales reaccionarios, salvo conocidas y contadas excepciones– a plantearse la viabilidad de sus fuerzas para interrumpir el proceso democrático. Acertada y consecuente con su ideario, fue también la decisión de esta organización de disolverse en junio de 1977, inmediatamente después de celebradas las primeras elecciones generales.

Sorprende, repasando su historia, el celo con que este pequeño grupo de militares y demócratas mantuvo su independencia en aquel momento de convulsión política. La doctrina de la UMD rechazaba tanto el apoliticismo –haciendo bueno el consejo del poeta Antonio Machado a los jóvenes en el sentido de que desconfiaran de los que les proponían no hacer política, porque seguro que pensaban seguir haciéndola por ellos–  como creía firmemente en el apartidismo. En los documentos de uso interno de la organización, hay una preocupación constante por la posibilidad de ser instrumentalizados por los partidos políticos: sabían que sólo podrían ejercer influencia entre sus compañeros si mantenían su autonomía y su prestigio profesional. No es casual que los servicios de Información atacaran precisamente estos dos aspectos.

Hoy sabemos que estuvieron encuadrados en la UMD unos 150 militares –casi todos jóvenes oficiales procedentes de las academias generales– aunque sólo un tercio de éstos desplegó una actividad significativa. Unas cifras que señalan una implantación escasa en el conjunto de los mandos, pero que es la habitual en todas las sociedades secretas surgidas de las filas militares; sin duda, su ámbito de influencia fue muy superior una vez que, con las detenciones de julio de 1975, se hizo pública la existencia de esta unión. La captación de nuevos afiliados chocaba con fuertes y lógicas resistencias, y se llevaba con tanta cautela que algunos militares demócratas no se afiliaron por desconocer la existencia de la organización. Dificultades que consideramos no hacen sino añadir valor al gesto de los que, en tales circunstancias, decidieron integrarse siendo conscientes de los riesgos personales y profesionales a que se exponían.

La persecución de los que se atrevieron a hablar de democracia –cuando todavía no tocaba: luego todo ha sido más fácil– en los acuartelamientos militares fue implacable y es preciso recordarla: 11 militares fueron juzgados por el insostenible delito de conspiración para la rebelión militar, de los cuales 9 resultaron expulsados de las Fuerzas Armadas. Estos procesos conculcaron principios básicos del Derecho penal y procesal. Muchos otros sufrieron arrestos, destinos forzosos, prohibiciones, anulación de becas concedidas, expulsiones de centros de enseñanza, relegación en sus funciones, que sobre el motivo aparente tenían como causa real su condición de demócratas. Todos debieron afrontar un ambiente hostil que les presionaba deliberadamente para que abandonaran la carrera y algunos que, por sus acreditados méritos y capacidades, tenían expectativas de promoción profesional vieron como éstas se esfumaban.

Con la llegada de la ansiada Democracia no se produjo, como era de esperar, la reparación de los militares de la UMD. Las sucesivas disposiciones de amnistía –Real Decreto-Ley 10/1976 y Ley 46/1977– los dejaron fuera del régimen aplicado al resto de funcionarios condenados por hechos similares. Los sucesivos gobiernos, y así ha sido reconocido posteriormente por los propios gobernantes, fueron presionados directamente por los mandos militares en este sentido. Debieron transcurrir, pues, más de diez años de democracia para que, en virtud de la Ley 24/1986, de Rehabilitación de Militares Profesionales, se reconociera por fin el trato desigual aplicado.

La debida reintegración en sus empleos militares no incluyó, sin embargo, la plena reincorporación al servicio activo de los tres oficiales –coroneles Luis Otero y José Fortes, y teniente coronel Restituto Valero– que lo solicitaron por el sencillo expediente de no concederles destino. Con su pase “voluntario” a la reserva, se culminaba así la gran paradoja histórica de que los militares expulsados de los ejércitos por demócratas no les fue permitido volver a vestir el uniforme en las fuerzas armadas de la Democracia.

El tiempo ha transcurrido. Es el momento ya de superar toda la información sesgada con la que los hombres de la UMD han sido vapuleados en los medios oficiales. Nuestras Fuerzas Armadas necesitan conocer y valorar todas sus tradiciones, también la que aportan los militares demócratas. Estamos seguros que cualquier medida de reconocimiento público de la UMD será bien recibida en los ejércitos, con el mismo cariño con que ha sido tratado recientemente el teniente coronel Fernando Reinlein, vestido de uniforme reglamentario, en la Academia de Infantería de Toledo, por sus compañeros de promoción, lejos ya de los injustificados recelos del pasado, al renovar su juramento a la Bandera.

Para algunos de los militares demócratas el reconocimiento oficial llega ya tarde por razones vitales. Recordamos aquí con emoción y agradecimiento a nuestros compañeros Carlos Aguado, Justo Alejo, Luis Alonso, Juan y José Barja, Julio Busquets, Fernando Cerdó, Antonio Córdoba, Luis Chinarro, José Felpeto, Vicente Ferrero, Antonio García Márquez, José Garrido, Antonio Gil Muley, Fermín Ibarra, Diego Mayoral, Rafael Morales, Samuel Pellicer, Marcial Plaza, Guillermo Reinlein, José Sagrado, Rafael Tejero, Florencio Vicente, Bernardo Vidal, … La participación en la UMD en tiempos difíciles ha constituido un hecho destacado de su Hoja de Servicios. Un motivo de justo orgullo que estamos seguros que el Gobierno, en nombre de toda España, sabrá reconocer de manera expresa, pública y formal.

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