La Coordinadora Andaluza de Organizaciones Republicanas ha convocado la segunda edición de la llamada “vigilia laica y antifascista”, a celebrar en la noche del 17 al 18 de julio, para exigir el cumplimiento de la moción del Ayuntamiento de Sevilla, adoptada en pleno de julio 2016 -con el voto en contra de los concejales del Partido Popular y la abstención de los de Ciudadanos-, de repudio a la figura de Gonzalo Queipo de Llano, responsable de la feroz represión en la ciudad en los primeros meses de la guerra civil. Se rechaza expresamente su enterramiento, junto a su esposa, en la basílica de la Macarena al considerar que estas tumbas suponen una ofensa permanente a las víctimas de la dictadura franquista y, por extensión, a todos los demócratas.
El templo de la Virgen de la Esperanza Macarena se construyó en la década de los años cuarenta del siglo pasado bajo el patronazgo del general Queipo de Llano, quien había sido auténtico “virrey” del Sur durante la guerra, capitán general y “cacique” en el primer franquismo. La imagen de la Macarena necesitaba una nueva capilla tras el incendio y destrucción de su sede de San Gil en el marco de los disturbios sociales del verano de 1936. Desde las tumbas al atuendo de la Virgen, son numerosos los signos que han mostrado estrecha vinculación entre Queipo y la cofradía macarena. No es un hecho excepcional. La identificación de las hermandades de la Semana Santa sevillana con la ideología, formas y símbolos del franquismo, prolongando la vigencia del nacional-catolicismo, sigue siendo perceptible y, al haberse dilatado tanto en el tiempo, ha hecho ya tradición.
La figura del “Cofrade benefactor” se fue superponiendo al militar golpista y represor, con ribetes de genocida, de suficientes y acreditados méritos. En efecto, una somera mirada a la trayectoria profesional y vital del general Queipo de Llano sobrecoge el ánimo por su crueldad y pragmatismo. Oficial del arma de Caballería, con experiencia de combate en las guerras de Cuba y Marruecos, mostró siempre una personalidad altanera, contestataria y en permanente disconformidad. Con constantes bandazos en sus lealtades -parece que su única fidelidad era consigo mismo y sus intereses-, se registra su participación sistemática en todas las conspiraciones en curso sea contra la dictadura de Primo de Rivera, la Monarquía, la República o incluso el propio régimen de Franco.
Izada la bandera tricolor el 14 de abril de 1931, en atención a su aparente compromiso republicano, el gobierno le colmó de honores, ascendiéndole a divisionario -máximo empleo militar en este periodo- y nombrándole sucesivamente capitán general de Madrid, jefe del Cuarto Militar Presidencial e inspector de los Carabineros. Distanciado de la República, en especial al dimitir el presidente Alcalá Zamora -su consuegro-, se involucró, poco antes del golpe, en la conspiración militar que dirigía Mola desde Pamplona. En julio de 1936, encontrándose casualmente en Huelva, se hizo con el mando de la guarnición local de Sevilla, de forma audaz ante la indecisión de sus jefes, y encabezó con entusiasmo la rebelión militar, imponiéndose a sangre y fuego en la ciudad, donde aplastó al movimiento obrero y popular de defensa de la República.
La represión fue atroz -más de 3.000 muertos en los primeros meses- comenzando por ejecutar en juicio sumario a los funcionarios que se mostraron leales al gobierno. Las fuerzas militares sublevadas -regulares y legionarios llegados de las unidades coloniales de África-, conscientes de su impopularidad, operaron en los barrios de Sevilla imponiendo el bando de guerra con tácticas “africanistas” de terror y uso indiscriminado de artillería. Un aparato castrense burocrático ad hoc se encargó de la “limpieza política” con fusilamientos diarios en el paredón de las murallas de La Macarena. El plan de represión sistemática se extendió por toda Andalucía.
Durante los años de la guerra civil, Queipo controló la región con total autonomía. Se le atribuye la responsabilidad principal, por omisión, en el asesinato del poeta García Lorca y, por acción, del general Miguel Campins, gobernador militar de Granada, católico conservador y amigo personal de Franco. Gobernó con verdadero despotismo en su feudo. Participó activamente en la propaganda de la rebelión. En sus charlas nocturnas radiofónicas, que constituyen auténticas acciones de guerra psicológica, muestra, de manera explícita, una personalidad desalmada; entre otras lindezas, promovía el asesinato de los “rojos”, eximiendo a los verdugos de todo juicio de responsabilidad, y la violación de las mujeres “aunque berreen y pataleen”. Pese a verse forzado a admitir su liderazgo en la guerra, no ocultó en ningún momento su desprecio por el General Franco al que, además de “moderno” -con mucha menos antigüedad que él en el escalafón-, consideraba mediocre. Tenía a gala referirse al “Caudillo” con apelativos soeces. Concluida la guerra, Franco, le ascendió a teniente general y aprovechó para cesarle en su puesto de la Capitanía General de Sevilla, enviándolo a Roma en una fantasmagórica “misión militar”. A su regreso, fue arrinconado como disidente y se retiró a su vida privada, integrado en la alta sociedad sevillana.
Tras dos décadas de soslayar deliberadamente el asunto, en diciembre de 2007, por iniciativa del gobierno de Rodríguez Zapatero se promulgó la Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura -conocida como “Ley de memoria histórica”-. La ley se reclama heredera del espíritu de reconciliación y concordia de la transición y fundamenta su oportunidad en la condena internacional del régimen franquista por las graves violaciones de derechos humanos. Se propone arbitrar políticas públicas de conocimiento de la historia y fomento de la memoria democrática.
Así, se reconoce el carácter injusto de las condenas y de la represión sufrida por las víctimas y se concede el derecho -al titular y familiares- a obtener la reparación moral. Se priva de toda vigencia jurídica a las normas y resoluciones dictadas en el franquismo. Se reconocen indemnizaciones y se ofrece la colaboración del Estado en la localización e identificación de las víctimas en las fosas irregulares. Se acuerda la retirada en los edificios públicos de los símbolos de exaltación de la guerra y la dictadura, mientras que el Valle de los Caídos queda como un lugar de culto religioso con prohibición expresa de celebrar actos políticos. Se ordena realizar un censo de los trabajos realizados por las colonias penitenciarias militarizadas y la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica. Finalmente, se concede la nacionalidad española a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales y se reconoce la labor de las asociaciones de víctimas.
La ley de memoria histórica se promulgó en plena coyuntura de la estrategia de deslegitimación del gobierno emprendida por la oposición constituyéndose en una de las piezas preferidas para mantener la atmósfera de crispación política. Sin duda, este hecho privó a la norma de una aplicación regularizada, especialmente en aquellos aspectos, como la retirada de símbolos franquistas, con mayor impacto en la opinión pública. Al volver al poder los populares, el gobierno de Mariano Rajoy concedió presupuesto cero a la ejecución de las disposiciones de la ley. En un nuevo vuelco, el reciente regreso sorpresivo del partido socialista al poder, ha vuelto a despertar expectativas de retomar, ahora de forma más decidida, las previsiones legales.
En este contexto, las tumbas del “Hermano Mayor Honorario” Gonzalo Queipo de Llano y su esposa Genoveva Martí tienen los días contados en el templo macareno. La Hermandad, consciente y consecuente con el carácter popular de La Macarena y su profunda imbricación social, que trasciende incluso las creencias religiosas, ha dado ya muestras de encontrarse dispuesta a facilitar la desvinculación de la imagen con la memoria de Queipo. En esta línea, hace años se sustituyó la leyenda de la tumba eliminando las referencias a la sublevación y más recientemente se decidió suprimir del vestido de la Virgen el fajín donado por el general. Es de esperar, pues, que, esta vez, se realice una rápida y “técnica” aplicación de la ley que libere los espacios públicos de hipotecas del pasado. El gobierno de Pedro Sánchez, con el apoyo de una amplia mayoría social, parece dispuesto a cumplir la ley y que España deje de ser una anomalía entre los países europeos.
Fidel Gómez Rosa es Profesor de la Universidad Nebrija y Secretario del FMD