Años después del devastador terremoto de enero de 2010, el gran Forges seguía firmando sus viñetas con el lema «Pero no te olvides de Haití». Era una forma de luchar contra el inexorable apagón informativo que rápidamente sucede después de cada catástrofe en el mundo, en el que la última tragedia sepulta a la anterior. En el caso de Haití, recordemos que el terremoto había matado a más de trescientas mil personas y dejado sin casa a un millón y medio. El país más pobre de América Latina quedaba una vez más a merced de la ayuda exterior.
La magnitud del terremoto y la respuesta internacional fue una oportunidad fallida para refundar un país sobre nuevas bases. Con el paso de los años, el esfuerzo se fue diluyendo por la inconstancia de los apoyos externos, la falta de resultados tangibles y la fragmentación política interna hasta volver paulatinamente al ciclo inicial de violencia y corrupción generalizada. El Estado haitiano, carente de efectividad en sus instituciones y medios de respuesta, ha mostrado una incapacidad absoluta para hacerse cargo de la situación. El país, en estado de emergencia, se encuentra en manos de las bandas de crimen organizado.
Esta situación, larvada durante años y agravada significativamente por el nuevo terremoto de grandes dimensiones de agosto de 2021, se ha hecho presente desde principios de año con el asalto a la cárcel de Puerto Príncipe y la liberación de los presos pandilleros. Los grupos delincuenciales controlan el territorio, ocupan los edificios públicos y utilizan los recursos del Estado, mientras desarrollan sus negocios de delincuencia transnacional. El caos llevó a la dimisión forzada, anunciada desde Puerto Rico, del primer ministro provisional Ariel Henry. Ahora los líderes de las bandas criminales apadrinan a los candidatos a la presidencia.
Una parte considerable de estas milicias armadas tienen su origen en las medidas adoptadas por el presidente Jean-Bertrand Aristide —derrocado por un golpe de Estado y repuesto por mandato internacional— en los años noventa, con el ánimo de superar la situación de permanente guerra civil, cuando se intentó el desarme de los grupos paramilitares deudores del terror duvalierista y se acordó la disolución del ejército como política de desmilitarización. Con una Policía Nacional reducida, el Estado perdió el monopolio de la violencia que pasó a ser ejercido por las bandas armadas enfrentadas en luchas de poder y dotadas de gran potencia de fuego. En el contexto de una inestabilidad política crónica, el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 supuso un punto de inflexión. En la actualidad, y ante la situación creada, el Estado se propone volver al modelo de fuerzas armadas con unidades militares en formación.
Estado fallido, caos institucionalizado, inseguridad, constelación de grupos criminales, niños desescolarizados, mujeres abusadas, deterioro medioambiental (deforestación irreversible), abandono internacional, son características que definen hoy la situación en Haití. En un mundo con conflictos armados sistémicos y una acuciante agenda global, los actores internacionales relativizan la situación de este pequeño país caribeño. El compromiso de los países, siempre sometido a evaluación de las distintas opciones de política exterior, se ha rebajado hasta el punto de que Naciones Unidas tiene dificultades para encontrar cascos azules que se desplieguen en el territorio: finalmente Kenia con financiación estadounidense ha aceptado conformar la nueva misión policial. Entre tantas necesidades y focos de atención, nos hemos vuelto a olvidar de Haití.
Fidel Gómez Rosa es Profesor de la Universidad Nebrija y Secretario del FMD