Annual, militarismo y pasados coloniales

El término imperialismo empezó a ser de uso común en inglés en los años setenta del siglo XIX. El sueño de conquistar otras partes del mundo se extendió por varios países de Europa espoleado por políticos patrioteros y nacionalistas. Entre la Conferencia de Berlín (1884-85), con el reparto oficial del gran pastel africano, y el inicio de la Primera Guerra Mundial, las posesiones coloniales europeas aumentaron de forma espectacular, como creció también la creencia de la superioridad de Europa y de la raza blanca sobre los “salvajes”.

La jerarquía entre naciones dominantes, en declive y grupos étnicos subyugados era muy evidente en la Europa de comienzos del siglo XX, resultado de decenios de guerras internacionales con vencedores y vencidos. Mientras que España era un viejo imperio en retirada tras la pérdida de las últimas colonias, británicos, franceses y alemanes estaban en su momento cumbre, con austriacos y rusos manteniendo todavía mucho de su esplendor.

Además de los intereses económicos, de la búsqueda de recursos naturales y de mercados para amortizar las inversiones más rápidamente, las rivalidades políticas y nacionalistas actuaron de propulsores en la frenética pelea por África y por la adquisición de colonias. Un proceso acompañado de excesos y manifestaciones violentas, en el que desempeñó un papel importante la adopción de elementos básicos del darwinismo social, la interpretación de la vida y del desarrollo humano como una cruel lucha por la supervivencia donde los fuertes dominaban a los débiles. Traducido al sistema de relaciones internacionales, las naciones reafirmaban su posición en el sistema a través del uso del poder político y de la fuerza militar.

Las justificaciones y elogios del imperialismo abundaron. Llevar la cristiandad y la civilización superior de los blancos a los pueblos de África y Asia fue una de las más repetidas por políticos, intelectuales y eclesiásticos. Y la genética proporcionó una base pseudocientífica para apoyar la superioridad de unas naciones y pueblos sobre otros.

El imperialismo tuvo efectos devastadores y la violencia utilizada para sofocar la resistencia indígena anticipó lo que tanto impactó después, porque se creía que nunca antes había ocurrido, en el frente oeste durante la Primera Guerra Mundial. Las políticas racistas y de exterminio dejaron baños de sangre, con varios millones de víctimas entre todos ellos, en el dominio británico de Sudáfrica, el alemán de África del Sudeste, la actual Namibia, y especialmente en el de Leopoldo II como “reino soberano” en el Congo.

La presencia de lo militar en la vida pública era muy perceptible en España, que inauguró el siglo XX tratando de cerrar las grietas dejadas por el “Desastre” de 1898 y con un nuevo rey, Alfonso XIII, que accedía al trono en 1902 dispuesto desde un principio a intervenir en la vida política y a no renunciar a ninguna de sus prerrogativas. Y al militarismo heredado del siglo XIX se sumó la guerra de Marruecos, un conflicto que iba a marcar la historia de España durante décadas. Ningún país europeo dedicó tantos recursos durante tanto tiempo para asegurar un territorio tan irrelevante. Y si tenemos en cuenta la gravedad de los acontecimientos posteriores, desde el conflicto abierto en 1921 con el desastre de Annual hasta la rebelión de julio de 1936 y su posterior brutal represión, protagonizada por los militares africanistas, una parte de la sociedad española lo pagó carísimo.

Desde los primeros pasos de su reinado, Alfonso XIII y los militares obligaron a los políticos a ceder a sus exigencias. En marzo de 1906 se aprobó la Ley para la Represión de los Delitos contra la Patria y el Ejército, conocida como Ley de Jurisdicciones, que incluía los ataques de la prensa dentro del fuero militar. Los militares podían confiar en la violencia como una estrategia exitosa para lograr sus fines, algo que pondrían en práctica en el futuro cada vez que sintieran amenazados sus intereses corporativos o pensaran, como guardianes de los valores patrios, que la integridad nacional estaba en peligro.

La presencia española en el norte de África había quedado fijada por el acuerdo secreto firmado con Francia en 1904 y por la Conferencia de Algeciras en 1906. Un espacio de influencia, no muy relevante en el contexto internacional, limitado a la zona montañosa del Rif. El interés de ese territorio estaba motivado, más que por su situación estratégica o por sus posibles beneficios económicos, por una cuestión de prestigio nacional, maltrecho desde la pérdida de las colonias. Pero lejos de conquistas heroicas, el descalabro sufrido por el Ejército español en el norte de África en el verano de 1921 tuvo consecuencias profundas.

La asombrosa victoria de Abd-el-Krim, que con apenas 4.000 guerreros llegó casi a exterminar un ejército moderno compuesto por 15.000 soldados, se convirtió con el tiempo en una referencia mítica para los líderes de los movimientos anticoloniales de todo el mundo. En España, las reacciones no tardaron en llegar, sobre todo cuando se empezó a conocer la envergadura real del desastre, el horror narrado por los soldados supervivientes y la vergüenza de los diez mil cuerpos insepultos diseminados por los alrededores de Annual, Dar Drius, Monte Arruit, Zeluan o Nador, nombres que quedaron asociados al recuerdo de la tragedia más sangrienta y humillante sufrida por el Ejército español fuera de sus fronteras.

La magnitud de la catástrofe de Annual, con los relatos sobrecogedores de la crueldad y el salvajismo de los rifeños, despertó también en la opinión pública española una ola de patriotismo hasta entonces desconocida.

El debate sobre las responsabilidades del desastre de Annual recorrió ese período, el último del sistema político de la Restauración, y aún estaba pendiente de resolución en septiembre de 1923 cuando llegó el golpe de Estado. En un principio, el Gobierno de Maura se limitó a hablar de responsabilidades militares y para ello encargó un informe oficial al general Picasso, un ejemplo de rigor y eficacia intachables. Pero a finales de octubre de 1921, cuando se abrieron las Cortes, la oposición exigió hablar también de responsabilidades políticas y los debates sobre esa cuestión se sucedieron uno tras otro. Salió a relucir la incompetencia militar, la causa principal de la catástrofe, y también el absentismo de la oficialidad, la corrupción e ineficacia que reinaban en el seno del ejército de África y el enorme agujero que su mantenimiento dejaba en la Hacienda pública. Y las protestas llegaron más arriba, a los políticos gobernantes y también al monarca.

Las críticas públicas dirigidas al papel desempeñado por el Rey, decidido defensor del intervencionismo colonial, deterioraron notablemente su prestigio y socavaron aún más los cimientos del régimen ensanchando la brecha que lo distanciaba de una parte importante de las fuerzas sociales del país. En las primeras horas del 13 de septiembre de 1923, Primo de Rivera declaró el estado de guerra en las cuatro provincias catalanas. El golpe de Estado estaba en marcha. La Patria se iba a ver libre, por fin, “de los profesionales de la política, de los hombres que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron el año 98 y amenazan a España con un próximo fin trágico y deshonroso”, según se leía en la proclama del nuevo dictador. Después llegó la Segunda República y julio de 1936, el rebote del colonialismo en la Península, en forma de políticas de exterminio e imposición del militarismo sobre la sociedad civil.

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Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza. Su último libro es Una violencia indómita. El siglo XX europeo (Editorial Crítica)