Y pasaron 18 años

Para quienes a lo largo del día de hoy hemos seguido el tratamiento en los medios televisivos la noticia y las reacciones en torno a la sentencia contra la doctrina Parot del Tribunal de Derechos Humanos europeo, resulta evidente y más que comprensible, el dolor y la rabia de las víctimas. Se revuelve el corazón por un lado y el estómago por otro también,, por determinados medios al ver con que impudicia se ha tratado este dolor a veces, más allá de las exigencias informativas que un caso de tanta trascendencia requiere. El Gobierno, a través nada menos que de los titulares de Justicia e Interior ha dejado claro que, con todos los matices que cada uno quiera ver, acatará la sentencia pero que corresponde a los tribunales aplicarla.

Rechina, como no va a hacerlo, que una persona culpable de tan terribles asesinatos se vea beneficiada por la Ley y las garantías de un Estado de Derecho. Y rechina que en torno a ciento treinta presos puedan, aunque sea de uno en uno, beneficiarse también. Y rechina, que duda cabe, ver al mundo abertxale aplaudir, cuando la más elemental prudencia y altura de miras de cara al proceso de paz, aconsejen otra actitud. En lo penal, como todo el mundo sabe, no se puede legislar con carácter retroactivo y eso fue lo que hicieron entonces poderes judiciales y legislativos con la doctrina Parot. Eso es lo que ha venido a decir la sentencia.

Cuando se cometieron los delitos estaba vigente el Código Penal de 1973, es decir, una Ley franquista. Y la reducción del tiempo en prisión venía regulada por esta Ley, que fue abolida y reemplazada por el llamado Código Penal de la democracia en 1995 que ya no permite ese tipo de regulación. Cualquier etarra o preso común que haya delinquido a partir de esa fecha no podrá acogerse a los mismos beneficios que los que lo hicieran antes. Y eso lo ha recalcado el ministro de Justicia en su intervención.

Bien. Hasta ahora dolor, indignación, rabia, Estado de Derecho y a esperar grandes debates de juristas y la decisión de la Audiencia Nacional. Y el chorreo, uno a uno, de casos de presos que saldrán a la calle si se sigue ese criterio de del uno en uno que se ha anunciado, con todo lo que supondrá de levantar cada vez las heridas que hoy sangran con tanta virulencia.

Pero cabe preguntarse una cosa que no hemos visto en ningún debate. La clase política de entonces, que tan ajustadamente llevó los asuntos de este país, ¿Por qué tardo 18 años en abolir esa Ley franquista de 1973? Eso habría que demandárselo. Eran tiempos difíciles y había muchas cosas que resolver y que pactar y que sacar adelante. Hay verdad en ello. Pero no es menos cierto que, si bien nadie exige que se hubiera hecho de la noche a la mañana, si es demandable, como he dicho, que se tardaran 18 años y que luego se tratara de arreglar el desaguisado con un remiendo como la doctrina Parot que nos han echado atrás desde la más alta instancia jurídica europea.

Y que en un momento como este, el ministro de Justicia – impecable, por otro lado, junto con el de Interior en su intervención en directo – aproveche para vender la condena a cadena perpetua con otro nombre del nuevo código que se tramita ahora, es bastante despreciable.