El Tribunal Constitucional debería desaparecer

Los doce magistrados que integran el Tribunal Constitucional son incapaces de resolver la ingente cantidad de expedientes que reciben a diario, por eso únicamente admiten a trámite un tres por ciento de los recursos de amparo. La no admisión a trámite la suelen resolver sin motivación alguna, con cuatro o cinco líneas, lo que provoca una manifiesta indefensión a los ciudadanos que acuden al Tribunal en defensa de sus derechos constitucionales, entre los que se encuentra precisamente el derecho a la tutela judicial efectiva.

Para que el Tribunal Constitucional pudiese atender debidamente todos los recursos que le llegan, necesitaría disponer de un número de magistrados muy superior a doce pero este número está limitado por mandato constitucional, haría falta una reforma del artículo 159 de la Constitución para darle operatividad al Tribunal.

Por otro lado y también por mandato constitucional, los magistrados los nombra el Congreso, el Senado, el Gobierno, y sólo dos magistrados son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial, lo que dice muy poco en favor de la separación de poderes, pilar fundamental de todo Estado de Derecho. Para más inri no se requiere que estos magistrados sean jueces, basta con que sean profesores de universidad, abogados o funcionarios públicos.

La solución está en sustituir el Tribunal Constitucional por una Sala de lo Constitucional en el Tribunal Supremo con las consiguientes ventajas:

El número de magistrados no estaría limitado a doce, una simple disposición administrativa podría aumentar su número dependiendo de la carga de trabajo, con lo cual se invertirían las cifras y en vez de admitir sólo el tres por ciento de los recursos, podrían admitir el noventa y siete por ciento, por citar una cifra.

Al ser una sala más del Tribunal Supremo el nombramiento de magistrados correría a cargo del Consejo General del Poder Judicial, que cuelga en internet las entrevistas de los que optan al puesto de magistrado, sistema mucho más trasparente que el que se utiliza para nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional.

En resumen, el Tribunal Constitucional debería ser sustituido por una Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo, como sucede en otros países que gozan de una justicia más eficaz e independiente que la nuestra.