Igualdad, feminismo y personas en las Fuerzas Armadas ante el nuevo Gobierno

Publicado en Eldiario.es

Son muchos los artículos y las reflexiones públicas sobre cuáles son los retos que ha de afrontar Margarita Robles como ministra de Defensa. Muchos de ellos parecen circunscribirse a aspectos relativos al armamento, nuevo ciclo inversor, industria de defensa o incluso a manifestar un apoyo más o menos directo a que no haya cambios en la cúpula militar. Yo, sin embargo, quisiera poner el acento en las miles de personas que conforman las Fuerzas Armadas y singularmente en la situación de las mujeres, de las familias y de los militares con discapacidad sobrevenida.

Tanto el Observatorio de la vida militar, el Defensor del Pueblo y las Comisiones de Defensa del Congreso de los Diputados y del Senado se han posicionado sobre la necesidad de profundizar en la mayor protección de las víctimas de acoso – en la mayoría de los casos mujeres – , en la necesidad de revisar el Protocolo existente y de ampliarlo al acoso laboral, en analizar las causas por las que no se incrementa la participación de la mujer en las Fuerzas Armadas y a identificar las condiciones de aplicación del principio de igualdad entre hombres y mujeres, especialmente, en lo relativo al estancamiento del porcentaje de mujeres dentro de las Fuerzas Armadas, la igualdad de acceso, la igualdad de condiciones de promoción y ascenso y una mayor presencia en puestos de responsabilidad.

En cuando a los militares con discapacidad sobrevenida, estos no deben ser discriminados por ello y deben llevarse a cabo medidas de acción positiva para que puedan continuar su carrera militar con las adaptaciones y los apoyos que resulten necesarios en cumplimiento de la Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a lo previsto en la Ley 26/2.011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En la dimensión de atención a las mujeres y hombres que conforman los Ejércitos y la Armada, resulta necesario potenciar y aglutinar los recursos, siempre escasos, en materias como son la conciliación de la vida familiar y profesional, la movilidad geográfica, la atención de heridos y a las familias de los fallecidos y a aquellas familias que tenga a algunos de sus miembros desplegados en zona de operaciones en el exterior, sin olvidar situaciones altamente comprometedoras del bienestar familiar como son los servicios, maniobras, guardias y embarques.

No debemos olvidar la situación de los militares temporales que tendrán que salir de las Fuerzas Armadas en unas condiciones precarias, con un futuro incierto. También de los que ya están fuera de las mismas, con los que se tiene, sin duda, un compromiso legal y sobre todo ético y moral.

Sobre todo ello hay que hacer una apuesta definitiva por crear un órgano de gestión en el Ministerio de Defensa, con el suficiente rango orgánico y político, en el que se radiquen y centralicen todas las competencias sobre estas cuestiones, que tanto afectan a las personas, potenciando su capacidad de análisis, de propuestas políticas y de acciones normativas, que pongan a las personas en el centro de la acción política de la Defensa.

La estructura que hasta el momento ha tenido el Ministerio de Defensa para atender estas cuestiones se ha revelado manifiestamente insuficiente tanto en los medios humanos, presupuestarios y, sobre todo, en la concepción de lo que afecta a la vida y los derechos de los militares y de sus familias, excesivamente cuartelera, a pesar de que estas cuestiones han de ser abordadas desde un planteamiento social y humano incuestionables.

Nadie entendería que un Gobierno feminista y volcado en lo social, no trasladara a los militares y a sus familias, los avances sociales que se están produciendo y se van a producir en el resto de la sociedad española y que sus políticas pasasen de largo en relación con los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias. Estamos ante la posibilidad histórica de modernizar la concepción de las políticas de defensa, poniendo en el centro a las personas, a las mujeres, a las personas con discapacidad y a las familias.

Presidente de la sección de Derecho Militar y Seguridad del Colegio de Abogados de Madrid.