El Ejército del Aire expedienta a la cabo Teresa Franco

NOTA DEL FMD

El diario El País ha hecho público, hoy 7 de marzo, el expediente de insuficiencia de
facultades profesionales incoado por el Ejército del Aire a la cabo Teresa Franco y cuya
conclusión podría ser -tal vez la finalidad pretendida- rescindir el contrato de larga
duración de la militar justo antes de llegar a la edad de 45 años, momento en que, de
acuerdo a la Ley, le corresponde pasar a la situación de reservista de especial
disponibilidad (RED), con los efectos consiguientes, entre otros, la asignación
económica señalada a esta situación administrativa hasta el retiro.

Teresa Franco, vocal de la Junta Directiva de nuestra Asociación, es Secretaria de la
Mujer de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y representante de
esta Asociación Profesional -mayoritaria en las Fuerzas Armadas- en el Consejo de
Personal (COPERFAS) -actualmente la única mujer-, órgano de interlocución de las
asociaciones profesionales con el Ministerio de Defensa, establecido por la Ley
Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas
(LODDFAS). Este órgano está presidido por la Ministra de Defensa.

El expediente, técnicamente deficiente hasta dónde conocemos, está plagado de juicios
de valor sin fundamentación objetiva alguna y parece que, dicha evaluación subjetiva
del mando, se pretende validar en informes psicológicos solicitados a tribunales
médicos militares por el propio mando militar. De la información del expediente citada
por Miguel González, se desprenden los graves defectos de un procedimiento que
podría estar tramitándose en fraude de ley, puesto que, estando previsto para unos fines,
se pretende utilizar en realidad para otros. Si llegara a prosperar y se confirmase la baja
de la militar, es previsible que los Tribunales de Justicia revisasen una decisión
arbitraria en la que están en juego Derechos Fundamentales.

Llama la atención las valoraciones sobre las virtudes militares y la competencia
profesional que se permite emitir el instructor del expediente, basándose en una
supuesta “falta de lealtad y colaboración con los propósitos del mando”, sin exponer la
razón concreta, y en el ejercicio de su derecho a formular quejas y reclamaciones por
conducto reglamentario y por motivos profesionales -entre otros, la falta de chalecos
antifragmentación adaptados para mujeres-, de los que, sorprendentemente, se podría
deducir su falta de competencia profesional. Además, se afirma, como un demérito, que
esta actitud -la de ejercer sus derechos- ha prendido en otros compañeros.

El instructor ha realizado un exhaustivo estudio de la participación de la cabo Franco en
la red social de Twitter con el propósito de justificar su supuesta ideología de izquierdas
y, también por este motivo, fundamentar la eventual falta de competencia profesional, al
parecer por vulneración del “deber de neutralidad política”. No sabemos qué tiene que
ver la ideología de una persona con la vulneración o no de la neutralidad política y si los
pronunciamientos de Teresa Franco, escogidos por el instructor del expediente, contra el
machismo y la xenofobia la convierten en una “izquierdista”. En todo caso, poco
importan las ideas políticas, sean cuales sean, a los efectos del desempeño de la
profesión militar. Habría que recordar, en este punto, que los Derechos Fundamentales y
Libertades Públicas, con las limitaciones establecidas en la Ley, amparan a todos los
ciudadanos, civiles y militares.

El expediente abierto a nuestra compañera Teresa Franco, más allá de la construcción
literaria desplegada por el instructor con evidente tacha de legitimidad, está
directamente relacionado con su condición de representante asociativo en su unidad. No
es más que un “aviso a navegantes”, con resabios de una concepción militar propia del
pasado e impropia de una Democracia avanzada. El asunto es grave porque atenta
directamente al ejercicio del derecho de asociación, reconocido en la Constitución y
desarrollado para los miembros de las Fuerzas Armadas por Ley Orgánica.

Coincidiendo con el XXX aniversario de la incorporación de la mujer a las Fuerzas
Armadas españolas, confiamos en que, una vez examinada la situación en sus justos
términos, el Ministerio de Defensa tome cartas en el asunto, antes de que se vean
obligadas a hacerlo otras instancias políticas y judiciales, por las evidentes
implicaciones que, trascendiendo a la persona de la cabo Franco, se dan en este caso.

Madrid, 7 de marzo de 2018

 

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