¿Cómo salimos de esto? Firmeza, generosidad y visión de Estado

A continuación ofrecemos un interesante artículo de opinión de Teresa Freixes (Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona) publicado en La Voz de Galicia

Desde que pudimos, trabajosamente, instaurar la democracia y aprobar la Constitución de 1978, la enseñanza ha constituido el caballo de batalla más ideologizado del debate social y político. Izquierda, derecha, nacionalistas… cada cual ha centrado sus intereses en el ámbito de la educación, sin tener a veces en cuenta que el modelo educativo es el pilar fundamental no sólo para la formación de la persona, sino para la construcción de la ciudadanía. Según como se han ido formando las sucesivas generaciones se han ido construyendo o destruyendo sociedades, pueblos, naciones, estados e imperios. El problema que hemos sufrido es que, siendo o no conscientes de ello, los impulsores de las sucesivas reformas y contrarreformas han tenido más en cuenta sus intereses partidistas, intentando construir sociedades a su medida, que la formación de lo que Bobbio definía como ciudadanos participativos, libres y conscientes y Habermas reclamaba como democráticos sujetos de derechos constitucionales de los cuales se pudiera estar patrióticamente orgullosos.

El nacionalismo catalán ha aprovechado al máximo el control que las transferencias estatales le han atribuido en materia educativa, tanto utilizando la lengua como instrumento de construcción nacional como tergiversando contenidos educativos, especialmente en Historia y Ciencias Sociales, al tiempo que ejerciendo un control férreo sobre las direcciones de los centros de enseñanza y, en todo lo que han podido, sobre el profesorado. De ahí que los centros escolares hayan sido escogidos como caballo de batalla para la escenificación de la rebelión que ha supuesto la organización del denominado «referéndum de autodeterminación». Toda la semana anterior, las redes sociales y los anuncios en radios insistieron en que se tenía que «ayudar a los abuelitos», llevar a los pequeños y organizar actividades lúdicas (la famosa «fiesta de pijamas» de varios de estos centros). Sabiendo que iban a ejercitar una «resistencia activa» a lo que pudiera venir. Pero eso les dio igual, porque así obtuvieron buenas fotos, y si no les acababan de gustar, podían utilizar, como ha sido hecho, las de los desalojos de Plaza Cataluña, durante lo que denominó el 15M. Total, así lo que se pretendía era fácilmente constatable: la gran represión de las fuerzas de ocupación españolas, que hoy han recibido, además, la exigencia de ser retiradas totalmente de Cataluña, por parte del presidente Puigdemont.

Y del no-referéndum pasaremos, sin solución de continuidad a la DUI, es decir, a la declaración unilateral de independencia en los próximos días, según se nos anunció ayer, tras el «recuento» de votos. Y, al mismo tiempo, a la aplicación «de facto» de la Ley de transitoriedad y proclamación de la república por la que, sin aceptar la suspensión que de la misma ha decretado el Tribunal Constitucional, se pretende dejar sin efecto la Constitución de 1978, el Estatuto de Autonomía y todo cuanto le fuera contrario, con la misma técnica utilizada en la Ley Habilitante alemana de 1933, que permitió la ascensión del totalitarismo al poder.

De este modo, si con la Ley del referéndum de autodeterminación, suspendida también por un Tribunal Constitucional al que el secesionismo no reconoce autoridad, se ha podido realizar una pantomima sin ninguna garantía, incluyendo una fantasmagórica proclamación de resultados que, según otra vez Puigdemont, ha conseguido «otorgar a Cataluña el derecho a formar un estado en forma de república», con la Ley de transitoriedad se pretende construir un régimen totalitario, totalmente contrario a los principios del constitucionalismo democrático que se consolidó en Europa tras vencer a los fascismos en la Segunda Guerra Mundial.

Esta Ley de transitoriedad, de hecho, no es más que un intento de instauración de la anticonstitucionalidad como si de un régimen legal se tratara. Con ella, el Gobierno [de la Generalitat] podrá dictar, por decreto, las disposiciones necesarias para la adaptación, modificación e inaplicación del Derecho local, autonómico y estatal vigentes, y estos decretos también van a servir para recuperar las normas que hayan sido anuladas o suspendidas por el Tribunal Constitucional y el resto de tribunales, incluyendo la amnistía sobre los condenados -aunque fuera con sentencia firme- por conductas dirigidas a obtener la independencia de Cataluña.

Así, del mismo modo que no hubo ningún Consejero, o Diputado, o Parlamentario, o miembro de los Consejos asesores de todo tipo entre los «heridos» por la represión policial ejercida en los centros escolares contra las familias, los niños, etc., tampoco ninguno de quienes estén inculpados, o ya procesados o condenados en firme, será objeto de “persecución judicial”, puesto que toda actuación contraria a la legalidad, sobre todo la recaudación porcentual a que parece ser están acostumbrados, se habrá realizado «por conducta dirigida a obtener la independencia de Cataluña». El procés ha resultado caro….

Podrán, también, mientras tanto, hacer colectas, para que el antiguo Presidente Artur Mas y los suyos, puedan pagar la caución que les ha impuesto el Tribunal de Cuentas por los gastos públicos indebidos que realizaron para llevar a buen puerto el 9N pasado. Efectivamente, tras denuncia de Societat Civil Catalana i Advocats per a la Constitució, este Tribunal ha puesto en marcha un procedimiento de control contable, que no es el control ordinario de ejecución presupuestaria, por el que se pueden exigir responsabilidades personales por malversación de caudales públicos. Ello está en fase de instrucción y las cantidades millonarias que tienen que depositar los organizadores del 9N antes de mediados de mes, responden a las fianzas que es necesario depositar para que, en su caso, la sentencia definitiva, pueda ser ejecutada. Como parece ser que no tienen suficiente patrimonio como para hacerles frente, Artur Mas ha solicitado a los catalanes que le ayuden con un crowfunding especial para ello.

Porque todo esto está siendo caro. Muy caro. Tanto que Cataluña tiene que estar recibiendo continuamente cantidades ingentes del FLA para poder hacer frente al pago de los servicios básicos. ¿Se ha realizado un control efectivo sobre las desviaciones de fondos para poder atender las «necesidades» del tránsito hacia la independencia? Por primera vez se ha aplicado la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Generalitat tiene que emitir certificaciones semanales que demuestren que el dinero se usa en lo que se tiene que usar. Pero, ¿y todo lo que se ha venido gastanto, en subvenciones a organizaciones secesionistas, prensa secesionista, corporaciones profesionales que «transitan» hacia el secesionsimo a pesar de las sentencias judiciales que indican que ello no está dentro de sus atribuciones? ¿Y la subvenciones a grupos de investigación, extranjeros incluídos, para que vayan creando el «argumentario», la neolengua populista, esa tergiversación de los conceptos, para hacer creer que la democracia está por encima de la ley, que la Constitución de 1978 fue adoptada bajo la bota de los militares, que España es un estado opresor que viola sistemáticamente los derechos de los catalanes, amén de que todo lo bueno que se ha creado o construido bajo la faz de la tierra es catalán?

Hace más de un año escribí sobre el totalitarismo, indicando que debíamos estar atentos para no caer, sin prácticamente darnos cuenta, bajo un régimen desprovisto de todo significado del constitucionalismo democrático contemporáneo. ¿Por qué advertí sobre ello? Porque no está suficientemente destacado ese monismo sociológico que subyace al totalitarismo, negando la independencia crítica de la persona, cuyo pensamiento es sustituido por la clarividencia de la ideología que se pretende dominante, ya se tratara, en su análisis y época, del fascismo/nacionalsocialismo o del marxismo leninismo soviético. La ideología totalitaria buscar ser la única auténtica, la única válida, la que tiene que ser seguida porque sólo con ella, como se repite machaconamente en los discursos políticos del nacionalismo secesionista, se alcanzarán las debidas cuotas de progreso, de bienestar, de satisfacción del pueblo. Si Vds. repasan la «propaganda» supremacista del secesionismo, se encontrarán con claridad ante estos rasgos, ante estas características: todo lo que proponen se puede subsumir en las bondades de la independencia. Tendremos mejores pensiones, la libertad será la estrella-guia del nuevo sistema y hasta disminuirá la violencia de género (esto han llegado a afirmar en sus delirios). Y todo esto lo tendremos porque tenemos derecho a ello, como si fuéramos un «pueblo elegido», ya que somos más trabajadores, más emprendedores, más «listos» que el resto. De ahí que, si es que tenemos algo a dialogar con el Estado, el diálogo tiene que ser bilateral; y por eso no acudimos a las Conferencias de Presidentes, o a las Comisiones sectoriales, donde las Comunidades Autónomas tienen que fijar sus puntos de colaboración o colaboración. Nosotros no nos podemos sentar en la misma mesa que el resto. Necesitamos una «relación bilateral». Y como no la conseguiremos, pues proclamamos la independencia y en paz.

No existe razón jurídica, económica, social o política para considerar legítima la postura del secesionismo catalán. Jurídicamente todo lo que están emprendiendo no puede ser calificado más que de engendro a partir del cual pretenden construir una legalidad paralela que no puede tener vigencia, porque vulnera todas las reglas de pertenencia a un ordenamiento jurídico, tanto desde la perspectiva kelseniana propia del sistema continental como desde la «regla de reconocimiento» hartiana inherente al sistema anglosajón. Económicamente ha sido demostrado hasta la saciedad que los argumentos de «España nos roba», de la descompensación de unas balanzas fiscales que no tienen por qué estar «compensadas» ya que el federalismo fiscal, basado en la renta personal, deriva del principio de solidaridad territorial. Socialmente, el secesionismo ha originado la mayor fractura social que se ha perpetrado no sólo entre Cataluña y España (lo cual por lo demás es una falacia) sino entre los habitantes de Cataluña, al ser considerados fascistas y represores quienes no concordamos con los postulados del secesionismo. Políticamente tampoco es de recibo decir que la independencia es la respuesta a la sistemática negativa española a negociar un «estatus» distinto para Cataluña, puesto que lo que desde el secesionismo se ha presentado ha sido sólo la idea de la ruptura, sin que se concretara abiertamente el contenido del nuevo régimen que se pretendiera crear.

El problema que tenemos, con todo esto, es ¿cómo salir de esta situación?

Ciertamente, la tarea no es fácil. Ha existido una manifiesta incapacidad de los grandes partidos del arco constitucional para dar una respuesta conjunta al problema que venimos arrastrando sobre la articulación territorial del Estado. Digo que lo venimos arrastrando porque es de sobras conocido que la Constitución de 1978 diseñó el acceso a la autonomía (con las particularidades de los territorios que en el pasado plebiscitaron un Estatuto de Autonomía) y los distintos techos competenciales generales, así como la excepción del País Vasco y Navarra, dejando abierto el modelo para que el legislador futuro lo fuera cerrando. Pero no se recogió el guante y el modelo ha ido, no cerrándose por el legislador, sino conformándose a través de las sentencias de un Tribunal Constitucional al que se ha cargado de un trabajo del que hubiera podido prescindir si las fuerzas políticas hubieran estado más por la labor. La «compra» de votos a los partidos nacionalistas para lograr la investidura, cuando el partido político, el que fuera, que había ganado las elecciones no tenía mayoría absoluta en el Congreso, contribuyó al establecimiento de lo que yo denomino «federalismo de la centrifugación», que no permitió el establecimiento de los instrumentos de cooperación necesarios para la estabilización del sistema.

Pero es el sistema que tenemos, y del cual nos dotamos democráticamente tras superar, mediante una transición modélica, que ha sido tomada como ejemplo en buena parte de Europa del Este y en América, y que nos permitió entrar en el sendero del constitucionalismo democrático y, con él, en el Consejo de Europa y la Unión Europea, Una Unión Europea, por cierto, que Cataluña tendría que abandonar, con todas las consecuencias, si se declarara independiente, teniendo que solicitar la adhesión como nuevo Estado, cumplimento con todos los requerimientos establecidos para ello, y teniendo que ser aceptada por unanimidad por el resto.

Por ello, para salir del «imbroglio» en el que estamos, es necesario, como premisa, el restablecimiento del orden constitucional. Sin la vuelta a la legalidad, a la normalidad jurídica, es impensable la creación de un marco de negociación política, del cual muchos hablan sin especificar qué entienden por ello. «Un referéndum pactado» solicita el secesionismo. Sin tener en cuenta que, en el constitucionalismo democrático de nuestros días los pactos no pueden contravenir el orden constitucional. Pueden abrir las puertas a su modificación, a su concreción, pero no a su no aplicación. No existen pactos contra contitutionem. Ciertamente, la Constitución puede ser modificada, pues procedimientos existen para ello, pero para modificar una norma, ésta debe estar vigente, debe regir, porque mal se puede modificar lo no vigente, lo inexistente de facto. La mayoría social catalana, que ya sabemos que no tiene la mayoría política en el Parlament por efecto de un sistema electoral que prima exageradamente el voto de los territorios no metropolitanos y por ello el nacionalismo siempre ha estado sobrerrepresentado en el Parlamento de Cataluña, no está por «el pacto» sin más.

Tanto los partidos políticos del arco constitucional como las organizaciones de la sociedad civil no secesionistas o la ciudadanía que, pese a las dificultades, consigue hacer oír su voz, han expresado reiteradamente que fuera del marco constitucional no hay negociación posible. También, en numerosas ocasiones, han manifestado que sería deseable encontrar una solución a los problemas que el secesionismo ha provocado en Cataluña. Pero una solución que no fuera únicamente pensada para satisfacer al secesionismo, insaciable en sus finalidades y falsariamente centrado en sus planteamientos. Este secesionismo no se va a contentar con «reformas». En su avidez totalitaria, quiere mantener la hegemonía socioeconómica a través de un nuevo pacto político, prescindiendo de la mayoría social plural presente en Cataluña.

¿Qué elementos puede tener en cuenta la «salida» de esta situación? Evidentemente, y en primerísimo lugar, la creación de un clima de normalidad en la aplicación de la Constitución y las leyes, comportando la exigencia de responsabilidades, las que cada uno tenga, a aquellas organizaciones, partidos y personas cuya actividad haya sido o sea ilegal. Ello no comporta únicamente la responsabilidad penal por comisión de delitos, que también, sino la responsabilidad por ilícitos administrativos o civiles, por los daños causados. Ya sé que con ello voy a «hacer amigos». Pero no puedo dejar de tener en cuenta el daño que, por ejemplo, se ha causado a nuestra educación, a nuestra sanidad, a nuestra economía,… Sobre todo porque se ha causado para sostener un ilícito e ilegítimo proceso a la independencia en el que se han tergiversado los valores y se ha pretendido subvertir la esencia de la democracia. Varias generaciones de jóvenes han sufrido las consecuencias de tal modo que, en muchos casos, ya va a ser irreparable en su proyecto de vida. Han sido educados en el odio a lo no catalán, especialmente a lo español y ya me dirán Vds. cómo y de qué manera se va a poder contrarrestar todo ello.

No será fácil ni rápido. Se necesita poder «digerir» lo que pueda suponer el restablecimiento del orden constitucional. Porque no tenemos «varita mágica» para ello, aunque sí instrumentos jurídicos: Desde la aplicación del art. 155 de la Constitución, a la de la Ley de Seguridad Nacional, además de las medidas de coerción administrativa o las normas penales (dejando de lado la declaración de estados excepcionales). Son, estos instrumentos, de precisión quirúrgica, que hay que calcular muy bien, para que sus efectos sean los debidos y no deriven en contraproducentes. Y habrá que asumirlos, si es necesario aplicarlos, sin demagogias y sin populismos que valgan, porque nuestra existencia misma como ciudadanía libre está en riesgo.

Los cambios, cualquier cambio, en el sistema territorial, en la financiación, en las relaciones institucionales, han de hacerse tras una seria reflexión acerca de todo lo que está pasando. No es aceptable un «cambalache» relativo a «deje Vd. la independencia de lado» y vamos a ver qué le doy a cambio. Pasada esta situación, repito, ni fácil ni de corta duración en el tiempo, será necesario «repensar» cuáles de nuestras instituciones y cuáles de nuestras políticas han funcionado bien, cuáles han funcionado mal y cómo podemos enderezar lo que sea necesario cambiar o remover.

Reclamo, en este sentido, una especial atención a la educación, la sanidad y la comunicación. No podemos continuar con una educación que funcione a modo de 17 taifas en las que los padres tengan pánico a cambiar de un lugar a otro porque los contenidos escolares no tienen la homogeneidad debida como para no hacerles perder el curso a sus hijos (problemas del idioma, en algunas comunidades, aparte). No podemos continuar con el temor a enfermar o a necesitar algún tratamiento si nos trasladamos entre Comunidades Autónomas porque la tarjeta sanitaria sólo tiene validez en aquélla que la ha expedido. No podemos aceptar la hegemonía de un «relato» populista que domine, en aras de conseguir objetivos propios, en los medios de comunicación pagados por todos. La mayoría silenciada tiene que verse respaldada por el Estado de Derecho. Ha aguantado estoicamente todo tipo de ultrajes y despropósitos. Incluso el secuestro de sus hijos por parte del nacionalismo, secuestro más que evidente en la utilización que el secesionismo populista está ahora haciendo de ellos.

Claro que, todo ello, exige firmeza, generosidad y visión de Estado. Pues eso hay que reclamar a las fuerzas políticas. Firmeza para adoptar las medidas que sean necesarias. Generosidad para entender las necesidades del otro. Visión de Estado para no volver a caer en unilateralismos y para terminar de construir aquello que con tantas dificultades comenzamos a edificar en 1978. Tenemos que lograr que esta situación de conflicto se supere y se transforme en una ventana de oportunidad para conseguirlo.

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