El control democrático de las Fuerzas Armadas

Después de la II Guerra Mundial, con el recuerdo de la experiencia militarista en Europa, en el mundo occidental se impulsa la supremacía civil sobre el poder militar. Se coloca bajo la exclusiva responsabilidad de las autoridades civiles la definición de la organización, estrategia y presupuesto de los ejércitos. Los mandos militares ven reducido su ámbito de actuación hacia labores técnicas de adiestramiento del personal y ejecución de las misiones. La autonomía militar, sin embargo, siguió vigente muchos años en los países con regímenes políticos autoritarios.

Los sociólogos militares abogan por el establecimiento de relaciones civiles-militares para superar la incomprensión característica –que no, consustancial– entre ambos mundos. La propensión de los ejércitos a perseguir sus propios intereses y objetivos se debe, sobre la costumbre secular de ocupar el poder, a la inercia de una tradición a la que es inherente el espíritu de cuerpo, una ética particular del trabajo y los valores sociales conservadores. La defensa del acervo de virtudes tradicionales es considerada clave para la eficacia militar, aunque frecuentemente este patrimonio suele tener poca o ninguna relación con los intereses generales de la comunidad.

El interés militarista o particular a menudo se confunde con el interés militar o general. No es necesario remarcar los peligros que plantean unos ejércitos disociados en sus valores fundamentales de la sociedad a la que sirven, de los cuales tenemos abundantes ejemplos históricos. El riesgo de intromisión en la política nacional se acrecienta, la supremacía de las autoridades democráticas se cuestiona, las capacidades militares se separan de los recursos y objetivos nacionales, lo que, al fin, conduce a que los ciudadanos dejen de sentirse representados y protegidos por sus fuerzas armadas y los militares respondan al rechazo social con un mayor aislamiento.

El control democrático de las fuerzas armadas, tal como se viene ensayando con éxito en el mundo en los sucesivos procesos de transición democrática y siempre entendido como un conjunto de principios relativos a la legitimidad, la legalidad y la delimitación de competencias, consigue romper este círculo vicioso impidiendo que los ejércitos se constituyan en una institución central del país con sus propios medios y fines (columna vertebral) para pasar a integrarse en el Estado Social y Democrático de Derecho como cualquier otra organización subordinada (brazo armado).

En el orden interno, la brecha civil-militar se ha tratado de reducir con políticas que contribuyan a la integración de los militares en la sociedad y eviten el aislamiento profesional. El fomento de la cultura de defensa en la sociedad y de la cultura democrática en las fuerzas armadas, el pleno reconocimiento de las libertades públicas y los derechos fundamentales de los militares (ciudadanos de uniforme), el usual intercambio de expertos, la asunción del sistema educativo general en la enseñanza militar, la capacitación de gestores civiles en asuntos de defensa o la especialización de personal militar en materias de aplicación civil-militar indistinta, son algunas de las líneas de actuación habituales ya en los países con una Democracia avanzada.

Tras la desaparición del mundo bipolar de la Guerra Fría, la irrupción de la revolución tecnológica militar y la tendencia universal a la forma de gobierno democrática, las relaciones civiles-militares se han profundizado y han evolucionado hacia el control democrático como una fase más avanzada. En 1994 la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) presentó su Código de Conducta sobre los aspectos político-militares de la Seguridad donde, junto con otros extremos, se refiere al control democrático de los militares y a la integración de las fuerzas armadas en la sociedad civil. En 2000 se estableció en Suiza, con sede en Ginebra, la Fundación Internacional para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas (DCAF, en sus siglas en inglés).

La experiencia internacional ha demostrado el papel positivo que cumple el control democrático de las fuerzas militares en los procesos de democratización y en la consolidación de los nuevos estados democráticos, así como en la construcción de medidas de confianza, la suscripción de acuerdos de paz, la prevención de los conflictos y el desarrollo sostenible. El imperio de las normas de control democrático, además de asegurar la neutralidad política de las fuerzas armadas, previenen la corrupción y el fraude, y contribuyen a la racionalización y moderación del gasto militar, la transparencia y el acceso público a la información de defensa.

El sistema de control democrático de las fuerzas armadas requiere, junto a su proclamación solemne en la Constitución o Norma Fundamental del Estado, dotarse de una serie de mecanismos legales e institucionales para su efectividad. Entre estos mecanismos adquieren particular relevancia, complementando la tutela ordinaria ejercida por los Tribunales de Justicia, los órganos independientes de vigilancia de la función militar tanto unipersonales como el Defensor Militar (Ombudsman) o colegiados como los Observatorios de la Vida Militar.

En estos treinta y cinco años de Democracia, España ha recorrido las distintas etapas señaladas. Al principio con dificultades hasta conseguir superar las resistencias y tendencias a la autonomía militar de los ejércitos del franquismo, y desde los años noventa profundizando las relaciones civiles-militares hasta la progresiva aplicación de los estándares del control democrático. Sin embargo, el procedimiento de incorporación de estas normas y principios de nuevo cuño en la legislación militar española se ha realizado tanto con normas ex novo, caso de la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las FAS (2011), como mediante la reforma de otras promulgadas sobre la base de la refundición de textos jurídicos preconstitucionales, caso de las Reales Ordenanzas para las FAS (1978: 2009).

La convivencia de un marco tradicional de valores y reglas de comportamiento, consolidado históricamente en la cultura profesional militar, con nuevos esquemas normativos de principios de actuación ajenos al mundo militar, dibuja un panorama de eventuales conflictos en la preeminencia de reglas. La actual dispersión de normas haría aconsejable una revisión en profundidad para simplificar y depurar el marco reglamentario. También es prioritario integrar en la enseñanza militar la cultura política democrática, las bases del Derecho Internacional Humanitario, la perspectiva de género y la legitimidad de nuevos actores en el proceso de interlocución y rendición de cuentas de la función militar en un Estado democrático (asociaciones profesionales de militares, medios de comunicación social, organizaciones nacionales e internacionales).

Los cambios en la organización militar, debidos a la evolución del sistema democrático y al impulso de las tendencias internacionales, deben trascender también al estatuto individual de los militares, todavía anclado en muchos aspectos en los planteamientos del inicio de la transición política. Parece necesario, pues, una revisión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas de los militares a la luz de los criterios del control democrático, especialmente de la neutralidad política y sindical, la libertad religiosa y las libertades de expresión, reunión y manifestación. La actualización debe producirse en línea con los mencionados principios del control democrático y conforme al paradigma del ciudadano de pleno derecho.

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